El juez Peinado advierte a Moncloa que incurrirá en delito de desobediencia si no le remite las agendas de Begoña Gómez y datos sobre sus viajes con Álvarez

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra la esposa del presidente de Pedro Sánchez, ha dictado una providencia en la que apercibe a Presidencia del Gobierno de que puede incurrir en un delito de desobediencia en el caso de no remitir determinada información que solicitó respecto de la asistente de Begoña Gómez, como son sus agendas, datos sobre los viajes que hayan podido realizar o información sobre otras ayudantes que tuvieron cónyuges de presidentes del Gobierno anteriores.

En la resolución, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, también reclama que se le indiquen las causas por las que ha día de hoy no se ha remitido dicha información al Juzgado y que en caso de no remitirla "ni alegar las causas que imposibilitan su remisión" se enfrentan a una imputación por este posible delito.

Peinado se refiere a las agendas de las dos investigadas, que ha encargado analizar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para "determinar si las citas, reuniones, traslados, viajes, etc., realizadas por ambas a la vez, o solo por Álvarez, estaban en relación con actividades personales o profesionales de Gómez". También alude a todos los antecedentes que haya sobre el nombramiento de asistentes de cónyuges del presidente del Gobierno, "con la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo, así como el número de asistentes nombrados de forma simultánea".

Igualmente, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid reclama que Moncloa le entreguen los datos salariales actualizados de Álvarez hasta la fecha, además de los documentos acreditativos de su situación administrativa, como nóminas mensuales, complementos, costes sociales y cualquier variación de su relación de servicios. Igualmente, el instructor requiere toda la información sobre los viajes de la asesora de Gómez pagados con fondos públicos desde su contratación, incluyendo el "uso de medios públicos (coche oficial, servicio de chófer, datos de posibles personas dependientes jerárquicamente de Álvarez)".

El juez Peinado atribuye a Gómez cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. Además de a la esposa de Pedro Sánchez y a la asesora, también investiga al empresario Juan Carlos Barrabés y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.

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