Los Pujol presentan un libro de Banca Catalana y un BOE para demostrar el origen lícito del dinero en Andorra

La sesión de este martes del juicio por la fortuna oculta de la familia Pujol se reanudó con las cuestiones previas que planteó el abogado Pau Ferrer, en nombre de Mireia, Marta, Oleguer y Pere Pujol, cuatro de los siete hijos del expresidente, y que se encomendó al BOE y a un libro sobre Banca Catalana ("Banca Catalana, más que un banco, más que una crisis", escrito por tres periodistas), que quebró en 1982, lo que dio lugar a una querella contra el expresidente catalán que terminó archivada.

Con ellos trata de demostrar que el dinero en Andorra procedía de la herencia que dejó a la familia el abuelo Florenci Pujol, lo que serviría para negar el origen ilícito del dinero y con él el delito de blanqueo de capitales. Tanto el libro como el BOE se centran en Florenci Pujol, con el objetivo de acreditar que la fortuna procedía de una herencia. El primero cuenta que el padre del expresidente catalán, fundador de Banca Catalana, se dedicó al contrabando de divisas durante el franquismo. "Es una investigación periodística", ha recalcado el letrado.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) aportado, de 1985, recoge una lista de contribuyentes sancionados o investigados por tenencia de activos en el extranjero, entre quienes se encuentra Florenci Pujol, padre del expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol Soley, Esos fondos, según la defensa de la familia del exmandatario, fueron los que acabaron en cuentas corrientes en Andorra.

La procedencia del dinero

El esfuerzo de la familia Pujol en aclarar la procedencia del dinero resulta clave para que exista el blanqueo o no. Y fue acompañado por los de los abogados de los empresarios, que insistieron en que cuando Anticorrupción dice que su origen es "desconocido" les genera indefensión. El letrado Pau Ferrer, en nombre de cuatro de los hijos de Pujo presentó al tribunal documentación tributaria de los mismos e insistió en sus alegaciones en la "lesión del derecho de defensa" por la "falta de concreción" de la acusación del fiscal, un argumento repetido por las defensas.

En esta línea, Luis Jordana de Pozas, abogado de Bernardo Domínguez, el empresario mexicano que hizo negocios con Jordi Pujol Ferrusola, se preguntó: "Si los fondos son desconocidos, ¿cuál es el antecedente del delito de blanqueo? Exactamente ninguno, ninguno, ninguno". Fermín Morales, defensor de Francesc Robert, exdirector de la TV de Andorra vinculado a Jordi Pujol Ferrusola, recordó que la justicia del país vecino excluyó que las comisiones rogatorias que contestaba se pudieran utilizar para perseguir los delitos de fraude fiscal y blanqueo. "No había una homogeneidad legislativa entre los dos Estados respecto al blanqueo", subrayó.

Por su parte, José María Fuster-Fabra, en nombre del empresario Josep Mayoral, lo expresó de forma similar, tras señalar que lo que en principio "parecía un delito de tráfico de influencias se acabó convirtiendo en un delito blanqueo de capitales, que se ha convertido en una especie de comodín del público", siempre acompañado del de asociación ilícita. El resto de abogados defensores alegaron también la presunta vulneración de derechos fundamentales y la prescripción del delito por el paso del tiempo.

'Operación Cataluña'

En esta sesión, la 'Operación Cataluña' apareció de la mano del abogado Óscar Morales, codefensor del empresario Luis Delso junto a José Antonio Choclán. El letrado recordó el único episodio de las prácticas cuando menos controvertidas de la policía durante el Gobierno de Mariano Rajoy que ha terminado en condena: la introducción de un pendrive de origen dudoso en el caso Pujol por el que era director adjunto policía, Eugenio Pino. Todas las defensas solicitaron la nulidad de los autos de entrada y registro realizados en la causa, y apelaron a la prescripción de los delitos imputados, aun en el caso de que fueran considerados continuados.

El abogado Diego Artacho, defensor del empresario catalan Carles Sumarroca Claverol, ha denunciado la "persecución" a la que ha sido sometido su familia, empezando por el padre del acusado, Carles Sumarroca Coixet, uno de los fundadores de Convergència Democràtica (CDC), junto al expresident Jordi Pujol. El letrado ha aportado información "relevantes" sobre estas maniobras sobre la familia Sumarroca, que, a su entender, fue investigada por ser amigos de la familia Pujol. En este sentido, precisó que pese a las declaraciones del financiero catalán Javier de la Rosa que relacionaron en su día a Carles Sumarroca padre con Banca Catalana, se sobreseyó el procedimiento tras seis años de investigación. Y ha asegurado que ciertos elementos que podían corresponder al padre se atribuye ahora a su hijo.

El letrado Emilio Zegrí, que representa al empresario Carles Vilarrubí, también ha precisado que se ha producido vulneración de derechos fundamentales y ha protagonizado un pequeño rifirrafe con el presidente del tribunal que le interrumpió y le ha dicho: "Me parece claramente ineficaz todo lo que está diciendo". A lo que el letrado ha respondido que sus cuestiones previas no deben depender de la hora que le toque intervenir. Ha sido el último en intervenir. Mañana lo hará el fiscal y la abogacía del Estado.

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