CC ve tráfico de influencias y abuso de poder en la actuación Ángel Víctor Torres con los contratos de la 'trama Koldo' en Canarias

El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la implicación del expresidente y actual ministro Ángel Víctor Torres en las operaciones de la 'trama Koldo' en Canarias evidencia, para CC, la existencia de "un claro indicio de posible tráfico de influencias, acoso laboral y abuso de posición de poder", ya que "presionó, o al menos expresó su voluntad de hacerlo, a funcionarios públicos para forzar su voluntad y criterio en la tramitación de unos pagos que consideraban muy por encima del precio del mercado y no útil para los fines contratados".

Esa es la principal conclusión de los nacionalistas canarios tras analizar el informe de la UCO y constatar que tanto el expresidente como su entonces viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, enunciaron no una, sino hasta "diez evidentes mentiras" cuando comparecieron en la comisión de investigación del Parlamento.

Por tal motivo, la diputada nacionalista Vidina Espino considera que "sin que ningún grupo se lo tenga que pedir, tanto Torres como Olivera deberían volver a comparecer a petición propia en este Parlamento, donde ambos faltaron a la verdad".

Pena de prisión o multa

José Alberto Díaz Estébanez –compañero de Espino en la comisión de investigación parlamentaria– afirmó este lunes que "Torres mintió en sede parlamentaria, donde tiene obligación legal de decir la verdad", toda vez que "negó contactos que sí existieron y negó intervenciones que sí realizó para facilitar operaciones" tanto a la empresa Soluciones de Gestión como a Megalab, ambas vinculadas a la trama de supuestas mordidas de los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos –en ese momento ministro de Transportes–, el ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Ambos diputados recordaron que el artículo 502.3 del vigente Código Penal recoge que "el que convocado ante una comisión parlamentaria de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses".

Foco rentable para la 'trama Koldo'

Para los nacionalistas, la UCO puso negro sobre blanco en su informe que "el caso Ábalos o Koldo, o Aldama o Cerdán convirtió a Canarias en uno de los focos más rentables de esa trama corrupta, en el apartado de material sanitario".

Según el diputado nacionalista, tras conocerse el informe de la UCO se sabe que el expresidente "intermedió y participó activamente, actuando como facilitador, presionando para pagos y coordinándose con su mano derecha, Olivera, en gestiones que superan la función institucional habitual”.

Además, "Torres tampoco ha explicado otro aspecto relevante del informe de la UCO y que tiene que ver con la petición a Koldo del teléfono de Víctor de Aldama".

Las "evidentes" mentiras de Olivera

Pero pese a la gravedad de estas acusaciones contra Torres, quien peor parado sale del informe de la UCO es, según los nacionalistas, es Olivera, quien fue su mano derecha tanto en el Gobierno del 'pacto de las flores' como en el Ministerio de Política Territorial: "mintió reiteradamente en la comisión de investigación al decir que no contactó con Koldo y que no intervino en las compras, pero los mensajes lo desmienten punto por punto".

Así, Espino –que fue la encargada de interpelar tanto a Torres como a Olivera en la comisión de investigación– asegura que el exviceconsejero de Presidencia y responsable durante unos meses del Servicio Canario de Salud (SCS) "negó hasta tres veces" haber hablado o mantenido relación con García, así como cualquier participación en la adquisición de mascarillas o en los contratos investigados mientras que el informe de la UCO "revela una relación continua entre ambos desde abril hasta septiembre de 2020 y su implicación directa en decisiones que atribuyó falsamente a criterios técnicos", pues uno de los mensajes incluido sen el informe de la UCO "confirma que la decisión de suministro no fue de los técnicos SCS, como aseguró en la comisión, sino del propio viceconsejero en diálogo directo con Koldo".

Instrucciones directas

Mensajes que, a juicio de Espino, revelan que "Olivera instruyó directamente a la directora de Recursos Económicos del SCS [en aquel momento, Ana María Pérez] para indicarle que aceptara la oferta y poder hacer esta operación relativamente rápido".

Vidina Espino aseguró que estos mensajes de Olivera con Koldo, “chocan de frente con la declaración de Olivera en la comisión de Investigación del Parlamento de Canarias” donde el entonces viceconsejero de la Presidencia negó “cualquier implicación en la decisión de las compras”.

Contacto constante

Los diputados nacionalistas, que incluirá todas estas "falsedades" en el informe final de la comisión de investigación para dejar constancia de las mismas, también explicaron que en los meses posteriores a la concreción de la compra de las mascarillas a Soluciones de Gestión surgieron incidencias y problemas de calidad en el material suministrado pero el exviceconsejero continuó en contacto constante con el conseguidor que actuaba en nombre de Ábalos y se implicó en resolver pagos e irregularidades, a lo que Koldo le contesta: "Te juro que te lo agradeceré en carne, y te querré mucho y te pondré puentes y carreteras".

Por lo tanto, las conclusiones de los nacionalistas son claras y apuntan a que Torres y Olivera actuaron "de forma coordinada y compartiendo información sobre las gestiones que ambos realizan personalmente con o para las empresas de la trama".