El juez Peinado traslada el interrogatorio de la actual secretaria de Presidencia al próximo domingo

El juez Juan Carlos Peinado, que instruye el caso contra la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ha trasladado al próximo domingo la declaración en calidad de investigada de la actual secretaria general de Presidencia, Judith González, quien en principio estaba citada para este miércoles. La ha citado en el juzgado a las 17.30 horas del próximo día 16 de noviembre, para interrogarla sobre la labor de la asistente Cristina Álvarez por las sospechas sobre una posible malversación

Se cita igualmente para el mismo días a otros testigos como son el exvicerrector Juan Carlos Doadrio, el directivo de Google Miguel Escassi y el presidente de IE Diego de Alcázar.

La imputación de González se produjo la pasada semana, mediante un auto en el que el titular del Juzgado de Instrucción número 41 impulsó la causa sobre Begoña Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, apropiación indebida, intrusismo y malversación de caudales públicos. En su resolución descartaba citar en el procedimiento tanto a Pedro Sánchez -- por su "nula voluntad de colaborar"-- como al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quién en su día ocupó el puesto que ahora tiene González.

Pasaportes

Por otra parte, el juez ordena los trámites para acceder a los pasaportes de la propia Gómez y de su asistente -- una diligencias con las que trata de conocer si realizaron desplazamientos juntas que pudieran considerarse independientes de la labor de la primera como mujer del presidente del Gobierno-- a fin de que no tengan que acudir personalmente a realizar este trámite, "para su cotejo por el Letrado de la Administración de Justicia en la Secretaría de este Juzgado y su devolución posterior a las mismas", según señala la providencia a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

Respecto del delito de malversación que se le imputa a la asistente en Moncloa junto a Begoña Gómez, el juez incidía en su auto en que cabe la imputación de ambas "en la medida en que, el uso privado que constituye el capital humano, que percibe sus retribuciones por una administración pública, y, por tanto, es de pertenencia a un patrimonio público, es la conducta que el legislador penal ha considerado que merece ser objeto de reproche penal".

Así, contesta a los argumentos de la defensa en el sentido de que "no se debe incurrir en considerar lo que viene llamándose el delito bagatela" como pudiera ser, un concreto encargo, un favor personal, o el hecho de realizar una llamada a través de un teléfono, que se tiene para usos institucionales, y extiende este ejemplo a lo que constituiría "utilizar un lapicero o bolígrafo para cuestiones personales". A su juicio, "cuando se está hablando de un reiterado y frecuente uso de recursos públicos para fines de naturaleza privada, las normas que rigen la conducta reprochable penalmente, exigen cuando menos, esa inicial investigación".

Sobre el también investigado Francisco Martín, actualmente delegado del Gobierno en Madrid y antecesor en el puesto de González, el juez Peinado apuntaba en la misma resolución al "carácter pasivo" de su comportamiento como secretario General de la Presidencia del Gobierno, desde julio de 2021 hasta marzo de 2023, "sin evitar que una persona bajo su dependencia, realice funciones ajenas a aquellas para las que ha sido nombrada, y no ha ordenado que deje de hacerlo".

Suscríbete para seguir leyendo