El Supremo señala nueve "consistentes indicios" por los que atribuye siete delitos a la organización criminal de Ábalos, Koldo y Aldama

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente señala en el auto en el que propone juzgar al exministro de Transportes José Luis Ábalos, a su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama la existencia de nueve "consistentes indicios" por los que les atribuye cuatro delitos de tráfico de influencias, uno de cohecho, otro de pertenencia a organización criminal y un séptimo de malversación de caudales públicos.

Así consta en el auto de 3 de noviembre en el que explica que el delito de organización criminal se les imputa porque "se concertaron, muy poco después de tomar posesión el primero de su cargo como ministro del Gobierno de España, para, aprovechando esa circunstancia y la natural influencia que proyectaba, beneficiarse económicamente de la adjudicación de contratos que pudieran realizarse en el ámbito de la Administración Pública, así como para aprovechar en su beneficio económico cuantas oportunidades se les pudieran presentar". De esta forma, "cada uno de ellos asumiría un papel diverso en la organización".

El segundo delito, el de cohecho pasivo, en relación al exministro y su asesor, y de cohecho activo para Aldama, se les atribuye porque Aldama reconoció que "hizo entregas de sucesivas cantidades de dinero a los también investigados José Luis Ábalos y Koldo García, con el propósito de que por los mismos se efectuaran actos contrarios a los deberes inherentes a sus respectivos cargos".

Jésica Rodríguez y Claudia Montes

El tercer delito, de malversación de fondos públicos, se les endosa por "la contratación en sendas empresas públicas" de la que fuera novia de Ábalos, Jésica Rodríguez, "con pleno conocimiento y constancia de que la misma, una vez conseguido por el viciado método descrito el puesto de trabajo apetecido, no acudiría, y efectivamente no acudió, en una sola oportunidad a desempeñar actividad profesional de ninguna clase, pese a lo cual percibió de manera regular e ininterrumpida los salarios correspondientes".

Y los cuatro delitos de tráfico de influencias restantes, hasta llegar a siete, se deben "a las gestiones realizadas para favorecer las entrevistas orientadas a lograr un aplazamiento de la deuda tributaria de una de las empresas de Aldama; así como de las realizadas con el propósito de obtener la licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel; e igualmente de las gestiones efectuadas para la contratación de [Miss Asturias de más de 30 años] Claudia Montes y de Jésica Rodríguez en las respectivas empresas públicas".

En estos casos Ábalos y Koldo García "deberían responder a título de autores con relación a los cuatro delitos; y Aldama a título de inductor con respecto únicamente a dos de ellos", pues el comisionista no habría participado en la contratación de Claudia Montes y Jésica Rodríguez, explica el instructor.

En el auto el magistrado Puente explica de forma pormenorizada los indicios que le llevan a atribuir los siete delitos mencionados. Estas son las explicaciones que da el magistrado en su resolución:

La confesión de Aldama

La confesión del "nexo corruptor" del caso de las mascarillas Víctor de Aldama es uno de los principales indicios, que ha sido confirmada por el resto de pruebas recabadas, explica el juez. En concreto, el comisionista reconoció que "al menos desde el de octubre del año 2019, comenzó a abonar en metálico a Koldo García la cantidad mensual de 10.000 euros, pagos que se habrían prolongado, al menos, hasta el año 2021". Ese dinero después lo repartía el asesor con su jefe. La referencia a esos pagos se descubrió en documentación hallada durante el registro practicado por la UCO en la vivienda de Aldama.

Dichos pagos se realizaban en metálico, completó Aldama, que confesó haber entregado el dinero a Koldo García --incluso en el Ministerio de Transportes--, quien después se encargaba de confirmarle que había realizado la entrega de su parte al ministro Ábalos.

Jésica Rodríguez eligió el piso de Plaza de España

Tal y como confesó Aldama, y confirmó en su declaración Jésica Rodríguez, la que fuera novia del exministro de Transportes, "fue ella misma quien escogió el piso que le resultó más acorde con sus deseos por indicación del señor Ábalos". Y la renta, tal y como también declaró el socio del comisionista Alberto Escolano, fue sufragada por el propio Aldama.

Al negarse a seguir pagando el alquiler de esta vivienda de lujo, situada en la Plaza de España de Madrid, fue el propio Koldo García y su entorno familiar el que abonó las cantidades necesarias. "Estos extremos han sido también confirmados por Alberto Escolano", que admitió que, "tal y como aparece documentalmente justificado en el informe policial correspondiente, arrendó a nombre de una de sus empresas un piso en la Torre de Madrid, abonando 2.700 euros de renta mensual".

Contratos en empresas públicas

En el sumario constan pruebas y declaraciones que evidencian que dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec, contrataron a Jésica Rodríguez. Según declaró esta mujer, fue Koldo García quien le señaló la empresa en la que iba a trabajar, y le indicó la documentación que debería enviar, "sin que, para acceder a los puestos de trabajo referidos, tuviera que superar proceso selectivo alguno relevante de ninguna naturaleza".

El juez considera "destacable" que la expareja del exministro de Transportes, "pese a mantenerse contratada durante varios años y percibir los salarios correspondientes, admitió igualmente en su declaración testifical que no acudió un solo día a prestar sus servicios laborales, ni los desempeñó tampoco telemáticamente".

Contratación de Claudia Montes, 'Miss Asturias'

Puente señala que también consta en la causa la documentación de la contratación de Claudia Montes, conocida como 'Miss Asturias de más de 30 años' por la empresa Logiraíl, también pública. Esta mujer reconoció que, "efectivamente, fue Ábalos quien, nuevamente a través de Koldo García, consiguió que la contrataran en la referida empresa".

También se dispone en el sumario "de distintos mensajes intercambiados entre Montes y Koldo García en los que la misma le informa de diferentes vicisitudes relacionadas con el desempeño efectivo de su trabajo, teniendo siempre claro quienes eran sus verdaderos jefes", pues el asesor "desplegaba su influencia para resolver cuantos problemas o dificultades encontraba en el desempeño del mismo".

Aldama trabajaba para Air Europa

También aparece justificado, prosigue el magistrado Puente, que Aldama, "por cuenta e interés de la compañía Air Europa" defendió los intereses de la compañía aérea. "Y en el contexto de la crisis empresarial generada como consecuencia de la pandemia del covid-19, Ábalos promovió por encargo" del comisionista, según consta en los mensajes aprehendidos por la UCO de la Guardia Civil, "la publicación de una nota de prensa por parte del Ministerio del que era titular, mostrándose partidario y expresando el progreso de las gestiones para que dicha mercantil obtuviera la correspondiente financiación pública".

Declaraciones y pruebas de las maniobras con Villafuel

En relación a la obtención de una licencia de operador de hidrocarburos para la mercantil Villafuel, los investigadores de mensajes y declaraciones que apuntan que "Koldo García, con el conocimiento y la aprobación de Ábalos, pudo haber influido también para que se concertara una entrevista entre Claudio Rivas Ruiz-Capillas y María del Carmen Pano" con personal del Ministerio de Industria. En concreto se reunieron con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe en ese momento del gabinete de la Ministra de Industria, que era entonces Reyes Maroto, ahora portavoz del PSOE en Madrid.

En este caso, Aldama declaró que fue él mismo el que encargó a la empresa Have Got Time que adquiriese la casa de La Alcaidesa, que previamente había seleccionado Ábalos, para pasar ese año sus vacaciones familiares. Ese testimonio ha sido confirmado por múltiples mensajes descubiertos en el teléfono de Koldo García.

Un aplazamiento de una deuda con Hacienda

También declaró Aldama que logró que Koldo García, "con el conocimiento y la aprobación de Ábalos, desplegara nuevamente su influencia" para reunirse con Carlos Moreno, que entonces era el jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. La reunión "se llevó a término", tal y como mantuvo Aldama "desde un primer momento". El encuentro tenía por objeto procurar el aplazamiento de una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama, "aplazamiento de la deuda tributaria que, en efecto, llegó finalmente a producirse". El propio Moreno, que sigue como jefe de Gabinete de la vicepresidenta primera, confirmó que dio traslado del caso al asesor de Agencia Tributaria, Ignacio Granados.

Salvoconductos del covid-19

Durante el período de restricción de la movilidad por la pandemia, a petición del comisionista, la secretaria personal de Ábalos, "con el conocimiento y consentimiento" del ministro, "confeccionó y firmó determinados salvoconductos o permisos de movilidad en favor de las personas que Aldama les indicaba, aparentando entrevistas en el Ministerio de Transportes que, en realidad, no iban a realizarse, con el fin de permitir a los por aquellos favorecidos que pudieran transitar libremente por España".

En este caso, se dispone de "los mencionados pases o salvoconductos", al mismo tiempo que Aldama lo ha confesado. "El propio Ábalos admitió que dichos salvoconductos pudieron haber sido confeccionados, con relación a personas que, frente a lo que en ellos se afirmaba, nunca tuvieron ni iban a tener reunión alguna en el Ministerio del que aquel era titular. También admitió estos extremos Koldo García, aunque asegurando que en ese momento le llegaban muchas peticiones este tipo de documentos y que cometió algunos errores respecto a sus posibles beneficiarios".

Contratos públicos de Puertos del Estado y ADIF para comprar mascarillas

Las empresas públicas que se escogieron como compradoras de las mascarillas de la trama fueron elegidas por Ábalos, que entendió que se encontraban "en mejor situación de liquidez financiera: Puertos del Estado y ADIF". En el sumario aparece justificado que el 20 de marzo de 2020 se dictó la primera Orden Ministerial para la compra de mascarillas por parte de Puertos del Estado, contrato que resultó adjudicado al día siguiente a Soluciones de Gestión. "Evidencia el conocimiento previo por parte de Aldama de la proyectada adquisición del referido material la circunstancia de que algunos días antes, --concretamente el día 16 de marzo de 2020--, ya hubiera firmado un contrato de prestación de servicios con la referida empresa, Soluciones de Gestión, para el desarrollo y ejecución de estos contratos, todavía no formalmente adjudicados ni ofrecidos", dice el juez en su auto.

También le fue intervenida a Aldama "una hoja de Excel, elaborada el día 26 de marzo de 2020, en la que, entre otras anotaciones relativas a los gastos que se generarían como consecuencia de esta operación, --la adquisición de mascarillas--," se consignaba junto a un nombre ( El Gran) la cantidad de 2.000.000". El comisionista declaró que este era "el beneficio que reclamaba Ábalos por la adquisición de las mascarillas; y junto a la expresión "Gobblins' casa", la cifra de 500.000 euros, que representaba, según completó el autor de la anotación, "las pretensiones económicas que en aquella operación tenía Koldo García".