"Esos lo han filtrado", el "despectivo" comentario de la fiscal Superior de Madrid sobre Fiscalía General tras conocerse la denuncia contra la pareja de Ayuso

La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, señaló durante su comparecencia como testigo en el Tribunal Supremo que durante una reunión que mantuvo el 12 de marzo de 2024 con la fiscal Superior, Almudena Lastra, y el fiscal Julián Salto -asignado al caso de fraude del empresario Alberto González Amador- esta se mostró muy enfadada con la noticia de la denuncia presentada contra el empresario por delitos fiscales que había publicado ese mismo día elDiario.es. “Esos lo han filtrado”, afirmó Lastra, lo que fue calificado de “despectivo” por Rodríguez que entendió que se dirigía contra los empleados de la Fiscalía General del Estado.

Así empezó la sesión de la tarde del juicio contra el fiscal general que comenzó este lunes en el Tribunal Supremo. Para Rodríguez, dicha afirmación de Lastra fue un "exabrupto" de la fiscal Superior, si bien no volvió a hablar con ella de filtraciones y negó que después su superior le reprochara por qué le había pasado a los responsables de la Fiscalía General los correos entre la defensa del empresario y el ministerio público que se encuentran en el origen de este caso. A preguntas de la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, la testigo afirmó que no había vuelto a mandar mensajes a Lastra. “Desde entonces solo hemos hablado dos veces” por el teléfono fijo, ha remachado.

"Pilar, los van a filtrar"

Rodríguez y Lastra no coincidieron en sus versiones. Así, sobre la noche de la elaboración de la nota de prensa, el 13 de marzo, tanto Lastra como el fiscal Julián Salto coincidieron en que la reclamación que se le estaba realizando de los correos entre el abogado de González Amador y su abogado -para contrarrestar una información que era falsa en prensa- podría quedar para el día siguiente, porque el fiscal del caso acababa de entrar a un partido de fútbol. Sin embargo, durante una conversación posterior con Pilar Rodríguez esta le comentó que los correos ya se los había mandado tanto a ella como al fiscal general.

"Y me quedé pasmada -dijo-, para comentarle seguidamente: 'Pilar, los van a filtrar'", comentario que Rodríguez ha negado expresamente que se produjera. Cuando al día siguiente Lastra recriminó directamente al fiscal general haber filtrado el correo, él le respondió: "Eso ya no importa", a lo que la testigo ha declarado en el Supremo: "A mí sí me importa. Se me quedó grabado en el alma".

Rodríguez, por su parte, añadió que actuaron frente a la noticia que les habían dicho que partía del jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, de que la Fiscalía había propuesto un pacto para negociar con la defensa de González Amador, pero se estaban dando órdenes "desde arriba" para no llegar a una conformidad, lo que era "del todo falso". Dada la "confusión" en los medios se solicitaron "lógicamente" los correos por orden del fiscal general, "porque se estaban tergiversando unos hechos", explicó.

Como testigo, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, Diego Villafañe, atribuyó la “animadversión” que dijo que la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, tenía “al fiscal general del Estado, su antecesora y todos los fiscales con cargos de responsabilidad”, el malestar que mostró por la filtración de la denuncia del ministerio público contra el empresario Alberto González Amador.

Un caso contra el novio de Ayuso

A preguntas de la defensa de González Amador, Gabriel Rodríguez Ramos, la jefa provincial de Madrid también precisó que fue el 7 marzo 2024 cuando Villafañe le indicó que en la tarde anterior un periodista llamó al gabinete de prensa de la Fiscalía preguntando por un procedimiento relacionado con una empresa, Maxwell Cremona, "que podría estar relacionado con la pareja de la presidenta Díaz Ayuso". Habla con Almudena Lastra y le advirtió de que había un procedimiento relacionado con el entorno de la presidenta de Madrid. También llamó un periodista por el mismo asunto a la Fiscalía madrileña.

En otro momento del interrogatorio, a preguntas del abogado del Colegio de la Abogacía de Madrid, Ignacio de Luis, Rodríguez ha insistido que, tras lo ocurrido en este asunto, ahora es "consciente" de que hay que borrar correos electrónicos y whatsapps de los terminales -al igual que hizo en su momento el fiscal general, Álvaro García Ortiz-. La razón es que "fluye mucha información en una Fiscalía" y es cierto que los fiscales deben ir borrando datos cuando no son necesarios para su trabajo. Tampoco coincidió en este punto con Lastra, que aseguró que ella no tiene obligación de borrar nada y que si lo hace es por cuestiones de capacidad de sus dispositivos más que por seguridad.

Rodríguez fue imputada inicialmente e investigada en el Tribunal Supremo por su papel en la consecución de los correos entre Salto y el abogado Carlos Neira que fueron objeto de la supuesta filtración y que Rodríguez remitió a Lastra y al fiscal general. La Sala de apelaciones archivó su procesamiento -curiosamente tras cambiar a la abogada del Estado que la asistía por un letrado particular- al considerar que "la dación de cuentas" que hizo a García Ortiz "estaba justificada porque el asunto del que se recabó información tenía un indudable interés informativo".

El registro que se realizó a su despacho y el vertido de su teléfono móvil permitieron conocer los términos en los que se dirigió a sus superiores en relación con este asunto. En uno de sus mensajes incautados, en respuesta a una petición del fiscal general para que trasladara su agradecimiento a los miembros del departamento que se habían visto concernidos en la elaboración de una nota de prensa para contrarrestar lo que consideraban un bulo sobre la causa de González Amador, esta respondió: "Aunque dan ganas de poner un poquito de cianuro".

Durante su declaración, la testigo Rodríguez lamentó determinados mensajes en redes sociales que "han puesto en solfa" su profesionalidad, entre ellos uno que no ha querido reproducir expresamente y que relacionaba su cargo con el Gobierno de Rodríguez Zapatero.

En otro momento del interrogatorio, y a preguntas del abogado del Estado José Ignacio Ocio, que defiende a García Ortiz, la fiscal Rodríguez ha comentado que, sobre la investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ella también hizo dación de cuentas a sus superiores, porque cree que es necesario, y que no hay diferencia en cómo actuó en dicho momento y con respecto a González Amador.

La fiscal Superior

“Ninguno sabíamos que era pareja de Isabel Díaz Ayuso. Ni siquiera sabía que tenía pareja”, señaló por su parte Lastra, durante su declaración como testigo en el juicio del fiscal general. Aseguró que el 7 de marzo la fiscal jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, le hizo una dación de cuenta en la que le informaba de la denuncia de delito fiscal contra Maxwell Cremona, la empresa de Alberto González Amador.

Según la fiscal Superior conoció la existencia de una investigación a Maxwell Cremona a través de una llamada de Pilar Rodríguez, que le dijo que la noticia le venía del número dos de la Secretaria Técnica. Su jefe de prensa lo conoció el día 12 de marzo, y le mandó un mensaje: "Socorro. ¿Esto es nuestro?" Ese mismo día supo por el propio fiscal Salto que ese asunto terminaría previsiblemente en conformidad, porque se lo comentó este mismo al final de una reunión.

Preguntada por qué nota de prensa hubiera bastado para contrarrestar las supuestas noticias falsas, la fiscal Lastra señaló que "cualquiera que no hubiera supuesto desvelar la estrategia de defensa de una persona", es decir, que hubiera bastado con negar las informaciones erróneas, sin desvelar la asunción de dos delitos fiscales. Por ello, dijo, nunca asumió esa nota y se retiró el membrete de la Fiscalía Superior, para que figurara el de la Provincial, ya que había sido consensuada por Rodríguez con el fiscal general. La fiscal Superior manifestó que, en una primera versión, la nota incluía una alusión directa al jefe de Gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez.

Durante el interrogatorio de los testigos quedó constancia de las relaciones que mantienen con los abogados de un lado u otro de estrados. El presidente del tribunal, Andrés, Martínez-Arrieta, se vio obligado a intervenir para reprochar a la Abogacía del Estado que pretendiera hacer un "cuestionamiento profesional" de la testigo y de Villafañe, con las acusaciones.