El TC descarta que la investigación de la Guardia Civil haya afectado a la labor de Ábalos como diputado

El exministro José Luis Ábalos está cada vez más solo. El Tribunal Constitucional ha rechazado, sin siquiera admitirlo a trámite, el recurso de amparo que interpuso contra la resolución de la Mesa del Congreso que el pasado 15 de enero declaró que la función representativa del recurrente como diputado no se había visto afectada por ser investigado por la Guardia Civil antes de que el Tribunal Supremo hubiera solicitado y obtenido el suplicatorio necesario para imputarle formalmente.

El Constitucional ha acordado no admitir a trámite la impugnación, "dada la manifiesta inexistencia de violación de un derecho fundamental tutelable en amparo", condición que resulta imprescindible para que la corte de garantías pueda ejercer esa tutela, explica el tribunal en una nota.

Ábalos se dirigió al TC después de que el Congreso rechazara que se hubieran vulnerado sus derechos como diputado al ser investigado antes de que hubiera concedido el correspondiente suplicatorio, como el ahora diputado del grupo mixto sostenía. En el documento que presentó ante la Cámara baja afirmaba que la primera persona que hizo indagaciones sobre Koldo García había sido el capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla, según constaría en un cruce de mensajes que habría mantenido el 5 de abril de 2021 con el empresario y confidente de la Guardia Civil, José Luis Caramés.

Añadía que "el 31 de octubre de 2023 Bonilla fue nombrado jefe de Seguridad del Servicio de Salud de la Comunidad de Madrid tras cinco años en Anticorrupción". En una entrevista concedida a este periódico, Ábalos relacionaba ese hecho con que la causa se inició por una denuncia del PP de la Comunidad de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción en relación con la compra de mascarillas.

Contra la UCO

Asimismo, el exministro sostenía que las continuas filtraciones en los medios de comunicación de informaciones, "apelando a fuentes de la UCO", tiene como "propósito claro" obtener su imputación. "Para ello se fue generando ese relato a costa de privarme de derechos fundamentales como mi presunción de inocencia, mi derecho a la intimidad, el derecho al honor y al secreto de mis comunicaciones".

Y en relación con este último punto, la supuesta vulneración del secreto de sus comunicaciones, el escrito de amparo aludía a lo que consideraba una supuesta investigación por parte de la UCO "sin amparo judicial". Argumentaba que la Guardia Civil estableció "un operativo para hacerse con un envío de un alto cargo del gobierno dirigido a un diputado del Congreso de los Diputados. Si ya de por sí estamos ante un presunto delito de interceptación de correspondencia, ello se agrava en la medida en que afecta a un diputado aforado que ve de este modo perturbada su representación popular".

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente negó que en el sobre intervenido a Joseba García, hermano de Koldo, supuestamente dirigido al exministro, apareciera su nombre, que era el argumento sobre el que Ábalos hacía descansar la acusación de que había sido investigado sin la preceptiva autorización del Congreso.

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