El Gobierno minimiza las críticas de la Comisión de Venecia al modelo del CGPJ, pero valora que apunte a "interferencias" por asociaciones de jueces

Para el Gobierno, uno de los aspectos más relevantes del informe que han realizado los expertos de la Comisión de Venecia --dependiente del Consejo de Europa-- sobre la elección de los miembros de nuestro Consejo General del Poder Judicial apunta a "grandes riesgos de interferencia política a través de las asociaciones judiciales que tiene el modelo corporativo, por el que los jueces elegirían a los miembros del Poder Judicial sin pasar por el Parlamento".

Así lo consideran desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que ha realizado este lunes una valoración sobre el dictamen de los expertos, encargados de chequear la salud de los sistemas democráticos de sus Estados miembros. En un adelanto del texto final, el Consejo de Europa ya anunció la semana pasada que la Comisión de Venecia se decanta por la opción para elegir los vocales del órgano de gobierno de los jueces en España que es defendida por el Partido Popular, para que sean los propios jueces los que elijan a los doce miembros de este órgano que deben proceder de la carrera judicial, si bien añaden prevenciones.

El ministerio presidido por Bolaños minimiza el impacto de estas críticas y ha hecho pública una valoración en la que señala que lo que ha dicho el órgano europeo, como siempre ha defendido el propio Gobierno, que “no existe un modelo estándar que un país democrático esté obligado a seguir al establecer su Consejo Judicial” . Es decir, según el Ejecutivo de Pedro Sánchez no existe una norma que imponga un modelo, ni hay un patrón común en Europa de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. "Sin ir más lejos, en Alemania no hay un Consejo del Poder Judicial y en Italia lo preside el presidente de la República", inciden.

El dictamen es fruto de la visita que los expertos europeos realizaron hace un mes a España, donde se reunieron con los actuales vocales, magistrados del Tribunal Supremo y otros órganos, asociaciones judiciales y representantes de organismos de la sociedad civil.

El viaje se realizó a instancias de la presidenta del órgano de gobierno de los jueces, Isabel Perelló, después de que el Consejo fuera incapaz de cumplir con el encargo de realizar un planteamiento concreto a las Cortes sobre cómo debía reformarse la actual legislación. De hecho, se presentaron dos propuestas enfrentadas que son las mismas que ha analizado la Comisión de Venecia: dejar las cosas como están, con un modelo que posibilita la designación de los miembros del Consejo por las Cortes generales; u optar por una reforma que permita a los doce integrantes de origen judicial ser elegidos por sus pares.

Evitar el "corporativismo"

El Gobierno también apunta que, en su informe, los expertos del Consejo de Europa alertan de que confiar la elección exclusivamente la elección del CGPJ a los jueces podría conducir al corporativismo, lo cual sería contrario a la doctrina del Tribunal Constitucional, que ya ha dejado claro que el CGPJ no puede ser nunca un órgano corporativo o de representación de la Carrera Judicial.

"En este sentido, los precedentes disponibles sobre órganos elegidos directamente por los jueces (Comisión de Ética Judicial y salas de gobierno de los TSJ) muestran una hegemonía absoluta de las asociaciones conservadoras de hasta el 90%. Si se implantase un modelo similar, el CGPJ estaría dominado por estos intereses, que podrían tomar decisiones sin necesidad de acuerdos ni contrapesos", agregan las mismas fuentes.

Desde la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria lamentan que desde el Gobierno se “asociaciones conservadoras”, dando a entender que ellos lo son, cuando ellos se describen como una organización "independiente de toda ideología y partido político por sus propios estatutos y su acreditada trayectoria. Es más, en los más 40 años de existencia del Consejo del Poder Judicial solo ha habido un vocal afiliado de los llamados en el ámbito judicial "vitorinos", a pesar de ser la segunda asociación de España en cuanto al número de afiliados. Lo que sí reconocen desde Francisco de Vitoria es que los actuales nombramientos de vocales "no reflejan la realidad de la carrera judicial, ni en cuanto a los méritos y capacidad ni en cuanto a su composición sociológica y asociativa".

Mantener el modelo

Así las cosas, el Gobierno sigue apostando por el modelo actual, que ha asegurado la independencia judicial y garantizado que las decisiones se tomen por mayoría cualificada, "evitando así que una sensibilidad corporativa o partidista pueda capturar el CGPJ", aducen. Además, cabe poner en valor que este modelo, que se consolidó sobre un gran pacto de Estado en el año 2001, es fruto del consenso.

Las "tentaciones de romper con este pacto y modificar el actual modelo de forma unilateral", añaden desde el Gobierno, supondría un enorme riesgo para la estabilidad del Poder Judicial, en tanto que cada vez que hubiera un cambio de Gobierno se enfrentaría a un cambio en el modelo de elección de sus miembros.

Reparos a todos los sistemas

Este lunes se dio a conocer el texto definitivo del dictamen, que como ya se adelantó la semana pasada señala, con respecto sistema actual --elige el parlamento de entre una lista previa de candidatos de las asociaciones y también independientes--que si bien introduce una fase de elección directa por los jueces, no se cumple con el estándar de elección entre pares, ya que deja la decisión final en manos de un órgano político.

No le gusta a los expertos europeos que en nuestro método de elección de los vocales el Parlamento cuente con "una amplia discrecionalidad en la selección de candidatos, sin criterios claros ni la obligación de proporcionar razones adecuadas". Se añade la falta de mecanismos adecuados para evitar el bloqueo, "lo que deja el proceso vulnerable al estancamiento parlamentario y a los retrasos" como ocurrió con ocasión de la última renovación, que se demoró más de cinco años.

En cuanto a la opción por la que apuesta el PP, la Comisión de Venecia advierte de "alto el riesgo de politización interna, especialmente cuando las asociaciones judiciales pueden ejercer una influencia significativa sobre las candidaturas y las campañas, lo que podría condicionar el proceso electoral".

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