El capitán de la Guardia Civil que denunció irregularidades de un exjefe de la UCO declara ante Pedraz que se le investigó al topar con Venezuela

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha vuelto a interrogar como imputado este viernes al capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes en el marco de una causa en la que se investiga un fraude con la empresa Gaslow de 136 millones en el IVA de los hidrocarburos. Este oficial del Instituto armado, que formó parte del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre enero de 2008 y julio de 2022, denunció supuestas irregularidades del exjefe de Fuentes de esta unidad de la Guardia Civil Juan Vicente Bonilla.

Sánchez Yepes, que había solicitado declarar de forma voluntaria, ha tratado de convencer al juez Pedraz de que no ha cometido delito alguno. Fuentes presentes en la declaración han señalado que ha situado el inicio de la investigación en su contra en el momento que en las pesquisas que desarrollaba por su profesión por blanqueo contra Gaslow surgieron intereses venezolanos. Y ha ahondado en lo que ya mantenía en sus escritos: que los agentes de la UCO que le investigan han distribuido "a su antojo y con criterios personales" la información que recabaron, reutilizándolas en "investigaciones de contenido político", como por ejemplo, especifica, los casos Koldo e Hidrocarburos, entre cuyos supuestos cabecillas estaría el comisionista Víctor de Aldama.

Este oficial de la Guardia Civil planteó sin éxito la nulidad de la causa al considerar que tanto la UCO como el Ministerio Fiscal habrían hecho un “caprichoso manejo” de las diligencias instruidas en diferentes causas.

En concreto, este capitán de la Guardia Civil consideró "grave" la actuación de Bonilla, y aseguró que este intentó, sin aval judicial, obtener información sobre cargos socialistas, uno de ellos aforado ante el Tribunal Supremo al ser diputado en el Congreso: "Su función, como consta, era recabar información de personas y sociedades cercanas al exministro José Luis Ábalos y su auxiliar Koldo García, conocidos notoriamente en los medios de comunicación para de nuevo utilizarla en otros procedimientos ocultando que se originan aquí", lamentaba el escrito de Yepes.

"Información sobre Koldo"

Este recurso del capitán de la Guardia Civil, que presentó el abogado Jacobo Teijelo -quien también ejerce la defensa de Santos Cerdán en el Tribunal Supremo-, aludía a "espionaje con objetivos políticos", y completaba que en un whatsapp del guardia Bonilla "se habla y planifica la obtención de información sobre Koldo, 'el del PSOE".

"En esta explícita conversación en WhatsApp entre el Oficial del Grupo de Fuentes Humanas de la UCO con su confidente y aliado el señor [José Luis] Caramés, que a su vez es el puente con la organización a la que informa de las investigaciones, se puede apreciar cómo le instruye y aquel rinde cuentas de lo obtenido sobre Koldo García", destaca el escrito, que resalta que estas pesquisas se desarrollaron antes de abrirse la causa en la Audiencia Nacional, conocida como caso Koldo.

El letrado Teijelo considera relevante, además, que tras estas pesquisas Bonilla "cesó en la Guardia Civil, para después pasar a ser director del Departamento de Seguridad Corporativa del Servicio Madrileño de Salud (SMS): Es precisamente desde esa Consejería de Madrid desde la que parte la denuncia del caso mascarillas de Koldo [...], pocos meses después de la conversación entre el señor Caramés y el señor Bonilla".

"Cobertura legal"

Para este letrado el objetivo real de las pesquisas de Bonilla era conseguir información "con autorización judicial y sin levantar sospechas al tiempo que se obtiene así una apariencia de cobertura legal para una investigación política [...]. De este procedimiento se han obtenido la mayoría de las operaciones policiales contra el exayudante del exministro Ábalos, apodado Koldo", concluye.

Tanto el juez Santiago Pedraz como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazaron la nulidad del 'caso Gaslow', como pedía el letrado del capitán Yepes. El magistrado aseguró que el procedimiento se había desarrollado "sin viso alguno de ilegalidad o manipulación” por parte de la UCO. “Obviamente si este magistrado instructor lo hubiera detectado se actuaría en consecuencia”, advertía el magistrado en un auto.

Según consta en un informe de 11 de octubre de 2024 de Asuntos Internos de la Guardia Civil dirigido al juez Pedraz, el capitán de la Guardia Civil habría recibido 132.510 euros en criptomonedas del empresario Antonio Rodríguez Estepa, considerado por los investigadores como uno de los presuntos cabecillas de la organización presuntamente liderada por el empresario Claudio Rivas Ruiz-Capillas, socio del comisionista de las mascarillas Víctor de Aldama. Las fuentes consultadas aseguran a esta redacción que este capitán tratará de convencer al instructor de que en realidad no recibió esta importante suma de dinero.

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