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Revelación de secretos

El Gobierno se aferra a la “inocencia” del fiscal general tras la apertura de juicio oral: "Siempre ha defendido la verdad"

El Ejecutivo evita poner en duda la instrucción después del choque generado con parte de la judicatura tras cuestionar que hay algunos “jueces haciendo política”, pero algunos ministros socialistas reconocen su sorpresa por la elevada fianza, fijada en 150.000 euros

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría y la ministra de Sanidad, Mónica García, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros de este martes. / Carlos Luján / Europa Press

Madrid

La decisión del Supremo de abrir juicio oral contra el fiscal general por un delito de revelación de secretos entraba dentro de lo que Moncloa “ya daba por hecho”. Por tanto, el Gobierno mantiene inalterable la defensa de su continuidad en el cargo. Sin tiempo para leer el auto y casi al mismo tiempo que se hacía pública la decisión del juez Ángel Luis Hurtado, que coincidió con la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, desde el Ejecutivo han vuelto a destacar su “máxima confianza” en Álvaro García Ortiz.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, siguiendo por la línea ya marcada por Pedro Sánchez, se aferró a la defensa de su “inocencia”. “Siempre hemos sido conscientes que el fiscal general del Estado ha defendido la verdad y ha perseguido el delito”, reiteró respecto al caso por el que indiciariamente habría facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico que el abogado del empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, había enviado al fiscal del caso que se seguía contra él. En este se admitía haber cometido dos delitos fiscales para evitar el juicio.

Lo que han evitado desde el Gobierno es poner en duda la instrucción, después del choque generado con parte de la judicatura tras cuestionar que hay algunos “jueces haciendo política”, en referencia a las causas que cercan al entorno del jefe del Ejecutivo. De este modo, se ha puesto a la misma altura el “máximo respeto a la resolución judicial” con la “confianza" en el fiscal general. En esta misma línea se expresó el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, quien apeló a dejar trabajar a los jueces, aunque desde la convicción de que "prevalecerá el Estado de derecho", matizó en declaraciones a los medios en los pasillos del Senado, antes de participar en la sesión de control al Gobierno.

En el Ejecutivo ya trataron la pasada semana de rebajar el choque al remarcar que las acusaciones no son generalizables y encapsular en “una minoría de jueces decisiones que son muy difíciles de entender”. Una opinión que sacan Moncloa para resguardarla con el hecho de que es “ampliamente compartida por una inmensa mayoría de españoles”. Sin desviarse del mensaje lanzado por Sánchez, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, también quiso acotar este tipo de actuaciones, antes de la apertura del año judicial, a una “minoría” de jueces.

Sánchez puso por delante durante una entrevista la pasada semana en el diario británico 'The Guardian' que “la gran mayoría de los jueces en España cumplen con sus obligaciones y hacen su trabajo”, pero asegurando las motivaciones ideológicas detrás del hecho de que “hay algunos jueces que están haciendo política”. Una realidad, explicó, “a la que nos enfrentamos no solo en España, sino también en muchas otras democracias, especialmente cuando se trata de fuerzas o gobiernos progresistas”.

Sorpresa por la elevada fianza

Respecto a lo que no esconden su sorpresa en privado varios ministros socialistas es sobre la fianza, fijada en 150.000 euros. Una cantidad que algunos tildan de "inusual" y otros como un mensaje que denota una "batalla", pero descartando que esta decisión vaya a condicionar el proceso. Con todo, en el Gobierno se sigue deslizando la contrariedad porque deba sentarse en el banquillo alguien "por decir la verdad".

Más abiertamente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, arremetió con que no solo le parecía excesiva la fianza, sino todo el proceso. "Comparto el criterio del voto particular del magistrado del Supremo que dice que se le va a juzgar sin ni siquiera una mínima prueba", explicó. Otras fuentes del Gobierno apuntan a que tampoco les sorprendería que este caso acabase en una "sentencia condenatoria viendo hasta dónde han llegado".

En Moncloa se muestran así firmes en el respaldo al fiscal general al menos hasta que sea condenado. Una posición que aprovechan en el PP para cargar contra "la degradación institucional a la que Pedro Sánchez somete a nuestro país". A través de un mensaje en la red social X, Alberto Núñez Feijóo arremetió contra el Ejecutivo para concluir que "es evidente que la limpieza de este país pasa por cambiar al presidente del Gobierno".

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