El PP exige a Marlaska, Robles y Albares que expliquen la "irresponsabilidad" de dar a Huawei la custodia de las escuchas policiales

El PP volvió este lunes a poner el foco en el polémico contrato entre el Ministerio del Interior español y el gigante tecnológico chino Huawei que molestó a EEUU a mediados de julio y también a las autoridades europeas. Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda de los populares, salió en rueda de prensa en la sede de Génova y aseguró que es una "irresponsabilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez adjudicar a esa compañía el almacenamiento de las escuchas policiales de SITEL, el sistema de interceptaciones con autorización judicial que utilizan las fuerzas de seguridad que dependen de Interior. Bravo anunció que su partido ha exigido que comparezcan en las Cortes los ministros Fernando Grande-Marlaska (Interior); Margarita Robles (Defensa) y José Manuel Albares (Exteriores). Los conservadores ya habían solicitado hace unos días que Félix Bolaños, ministro de Presidencia, Justicia y de Relaciones con las Cortes, acudiera al Congreso a aclarar el asunto.

El contrato --una renovación, de hecho-- llevó a republicanos de EEUU en el Congreso y el Senado a pedir por carta a la CIA que revisara los acuerdos bilaterales con España por temer que China pueda acabar beneficiándose del intercambio de información de espionaje entre Washington y Madrid. También fuentes de la Comisión europea mostró extrañeza por la decisión y afirmaron que Huawei es un proveedor de "alto riesgo".

Para Bravo este asunto es "muy grave" porque afecta a la "seguridad nacional" del país y porque "contraviene" las recomendaciones tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos en esta materia. "Nuestros aliados europeos y americanos advierten del alto riesgo que supone contar con una empresa china como proveedor en materiales sensibles", subrayó.

Contrato e informes

El alto cargo del PP concretó también que van a pedir la remisión íntegra del expediente de contratación y todos los informes de ciberseguridad que justifiquen la elección de esta empresa. En su opinión, el Ejecutivo está jugando "con fuego" y ha hecho una adjudicación de "alto riesgo" para la seguridad del Estado. Bravo repitió varias veces que China aprobó una ley en 2017 que obliga a los particulares, tanto dentro como fuera del país, a facilitar a los servicios de inteligencia chinos, toda la información que les exijan.

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