Justicia cifra en un solo juez y 28 fiscales el seguimiento de la huelga de principios de julio

Ni el 70% que decían los convocantes ni el 28% de Justicia. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha informado este jueves que solo un juez y 28 fiscales han comunicado que hicieron huelga contra las reformas legislativas en materia de Justicia que tiene en marcha el Gobierno, por lo que solo a ellos se procederá a descontar los tres días de paros que todas las asociaciones de jueces y fiscales, menos las dos más próximas al Ejecutivo, desarrollaron entre el 1 y el 3 de julio.

Según Justicia, estas 29 personas comunicaron oficialmente su participación: el magistrado, a la gerencia territorial del ministerio, y los 28 fiscales, a la Fiscalía General del Estado. Añade que hubo un segundo juez que informó también a la gerencia territorial de que había secundado los paros, pero como se declaró en servicios mínimos, no se le descontará la parte proporcional del salario. Por su parte, las asociaciones de jueces que convocaron los paros advierten en un comunicado que no detraer a los huelguistas el sueldo correspondiente a los paros realizados puede acarrear "consecuencias jurídicas" al tratarse de fondos públicos.

Conforme a la información oficial obtenida por el ministerio, del Consejo General del Poder Judicial y la fiscalía, el número de personas que secundaron el paro y a quienes se les practicará la correspondiente deducción salarial son: un juez de un total de 6.259 (un 0,01%), y 28 fiscales de un total de 3.185 (un 0,87%), de los cuales 19 lo secundaron tres días, uno, dos días y ocho, uno.

Ni siquiera los números ofrecidos por Justicia como la totalidad de la carrera fiscal y judicial coinciden no ya con las organizaciones que convocaron lo paros, sino con los oficiales del Consejo General del Poder Judicial, que reconoce 5.431 jueces; los fiscales en ejercicio son 2.704. El ministerio sostiene que en su cómputo ha incluido el millar de jueces sustitutos existentes. Se trata de los que, con la reforma en marcha, quiere sumar a la carrera sin necesidad de que hagan una oposición, extremo que supone el principal motivo de queja de los huelguistas.

Mientras se desarrolló la huelga, el ministerio situó en torno al 28% el seguimiento de los paros, mientras que las asociaciones de jueces y fiscales lo elevaron a tres de cada cuatro jueces, al menos durante la primera jornada. Desde el ministerio se señala a EL PERIÓDICO que el dato que ofrecían entonces procedía de las estimaciones que hicieron los secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia en función de lo que los paros había afectado a la actividad normal de los juzgados, y los actuales a la comunicación realizada por los propios jueces.

Comunicar, sí o no

En su nota de prensa, el ministerio que diseñó las reformas contra las que protesta la mayoría de ambas carreras señala que el derecho a huelga implica algunos deberes para cualquier persona trabajadora, entre los que figura su comunicación al organismo pagador, ya que "la huelga supone la suspensión de la relación laboral, por lo que no se percibe salario ni se cotiza a la Seguridad Social durante ese período".

No obstante, esa comunicación no está tan clara como sostiene el ministerio para los jueces, que, por su parte, entienden que proceder a realizar el descuento es una obligación para el pagador, que en su caso es el ministerio, pero el trabajador no tiene ninguna de comunicar que va a hacer o ha hecho huelga, y obligarle a ello supone un recorte de sus derechos. En este sentido, recuerdan que en 2018 se descontó sin problemas la participación, porque el CGPJ cuenta con medios suficientes para saber quién secundó o no la huelga.

En junio, ante la inminencia de la convocatoria, el ministerio solicitó al Consejo y a la Fiscalía General del Estado que se le informase de los jueces y fiscales que no acudían a su puesto de trabajo entre el 1 y el 3 de julio para conocer el seguimiento de la convocatoria y así detraer el salario de quienes la secundasen. El problema es que ambos organismos declararon que el ejercicio de la huelga no estaba regulado para jueces y fiscales y no establecieron un cauce de comunicación, a diferencia de como se había hecho en 2018.

Así, a 31 de julio, según el ministerio, el CGPJ le ha informado de que no había recibido ninguna notificación de jueces y magistrados que hubieran realizado el paro y Fiscalía General, solo la de 28 personas.

"Que el ministerio aproveche su propio incumplimiento y el hecho anecdótico de que algún juez y fiscal aislado haya pedido expresamente esa detracción para salir a la opinión pública a decir que casi no hubo seguimiento de la huelga" no es sino "un burdo ejercicio de propaganda y manipulación", argumentan las asociaciones de jueces y fiscales.

"La detracción proporcional del salario es la consecuencia legal del ejercicio del derecho a huelga, y su no aplicación por quien tiene la obligación de ello no solo transmite a la ciudadanía la falsa impresión de que esta huelga no ha tenido efectos económicos, sino que también invisibiliza nuestra movilización, que es lo que sin duda se pretende con dicho incumplimiento", consideran la Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Asociación de Fiscales y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales.

En su comunicado van todavía más allá para advertir de que "eludir deliberadamente una obligación legal tan clara como la detracción de haberes en caso de huelga podría tener consecuencias jurídicas, incluidas posibles responsabilidades en la gestión de fondos públicos".

La primera huelga de jueces y fiscales se produjo en 2009 con Mariano Fernández Bermejo de ministro. En este momento el titular de la cartera consideraba imprescindible proceder a su regulación, lo que todavía no se ha producido.

Suscríbete para seguir leyendo