La Audiencia Nacional rechaza que el número dos de la Policía con Rajoy declare en el juicio de los Pujol

La Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional no quiere que el juicio del caso Pujol se le vaya de las manos. Por eso en octubre del año pasado pidió a las partes que aclararan por qué solicitaban ciertos testigos para, en función de sus explicaciones, determinar si debía admitirlos o no. Tras realizar ese análisis ha decidido admitir a los propietarios de la Banca Privada d'Andorra (BPA) que aseguran haber sido presionados por el Gobierno de Mariano Rajoy para que facilitaran datos de los Pujol y de otros líderes independentistas, pero, en cambio, no al que era número dos de la Policía con el PP, Eugenio Pino, el único condenado por la 'Operación Cataluña', en su caso por haber introducido un pendrive de origen dudoso en la causa abierta contra la familia del expresidente catalán.

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Entre los argumentos que utiliza la Sala que juzgará a los Pujol entre noviembre y abril de 2026 figura que el procedimiento seguido contra el expresidente catalán Jordi Pujol Ferrusola y a sus hijos está "limitado a la posesión de los fondos en Andorra y el desconocimiento de su origen, lo que la fiscalía ha vinculado a una posible actividad de corrupción".

De hecho, Anticorrupción solicita 9 años de cárcel para el expresidente de la Generalitat por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales que entiende que cometió junto al resto de su familia, "al menos desde el año 1991", con "la ingente cantidad de dinero" que ocultaron en Andorra, fruto del "favorecimiento a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos de la administración pública catalana".

La mayor pena solicitada es para Jordi Pujol Ferrusola: 29 años de cárcel por esos mismos delitos más los de falsedad en documento mercantil, cinco contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución, delito que también comparte con su exesposa por el piso que vendieron a su hija. Su exmujer, Mercè Gironès, se enfrenta a la segunda pena más alta: 17 años. El primogénito fue el designado por Jordi Pujol y por su esposa ya fallecida, Marta Ferrusola, para gestionar los fondos que tenían en Andorra y se ocupara de distribuirlos entre los miembros de la familia.

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El tribunal explica la necesidad de tomar declaración a Higini Cierco y Roser Castellón, "dueños de BPA", entre los más de 250 testigos admitidos para que comparezcan en la vista oral, "en relación a la obtención de la documentación bancaria de las cuentas de la familia Pujol que dio lugar a la primera comisión rogatoria" tramitada en la causa. Se da la circunstancia de que la querella interpuesta por los hermanos Cierco ante la justicia andorrana por las presuntas coacciones que sufrieron para que facilitaran datos de los líderes independentistas es la que dio lugar a la imputación del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de sus ministros del Interior y Hacienda, Jorge Fernández Díez y Cristóbal Montoro en el principado. BPA y su filial, Banco de Madrid, fue intervenida por el Tesoro estadounidense ante las sospechas de que se utilizó para blanquear dinero por organizaciones criminales.

Lo que no acepta el tribunal es ampliar la petición de ayuda internacional cursada a Andorra para que Adbank, donde tuvieron dinero los Pujol antes de que la mayoría de los hermanos lo trasladara a Panamá, en relación con los poderes presentados por el primogénito del expresidente para poder mover los fondos.

Tampoco se considera necesario solicitar al Consejo de Ministros la desclasificación de documentación relativa a la 'Operación Cataluña', de la que los Pujol se consideran víctima por la forma en la que Vicky Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, acompañada por el excomisario José Manuel Villarejo, interpuso la denuncia que dio origen al procedimiento. La mujer declarará en la vista a petición de la exesposa del primogénito. El pendrive de origen dudoso introducido por Pino fue neutralizado por el entonces juez instructor de la causa, José de la Mata, que lo remitió a los juzgados madrileños de Plaza de Castilla sin que pudiera contaminar la causa.