La UCO aporta al juez el contrato firmado por Santos Cerdán de la compra por 6.000 euros del 45% de una empresa de la trama

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha aportado al juez Leopoldo Puente el contrato que apunta que Santos Cerdán era dueño de una empresa de la trama. El documento, de 2016, "se encuentra firmado en sus cuatro páginas por Antxón Alonso Egurrola y Santos Cerdán como intervinientes, y estampado en su hoja final con el sello de la sociedad Servinabar", explican los agentes en un oficio de 23 de junio, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, que sostiene que el documento intervenido indica que el ex secretario de Organización del PSOE "adquiría 1.350 participaciones de Servinabar 2000 SL por valor de 6.000 euros".

El documento fue descubierto en el registro desarrollado el 10 de junio de 2025 en el domicilio de Joseba Antxón Alonso, ubicado en la localidad vizcaína de Elorrio. "En el transcurso de dicha diligencia, se intervino diferente documentación en papel, entre la que constaba un contrato privado de compraventa de participaciones fechado el 1 de junio de 2016", destaca la UCO en su oficio.

La Guardia Civil ha entregado al magistrado Puente el documento después de que este reclamara el pasado 20 de junio de 2025 que, "a la mayor brevedad posible se entregase copia del mencionado contrato privado de compraventa". Aparece "preceptivamente sellado por la Letrada de la Administración de Justicia en funciones de guardia de los Juzgados de Durango (Vizcaya", completa el oficio de la UCO.

Servinabar negó que el exdirigente socialista Santos Cerdán tuviera participación alguna en la empresa. “Santos Cerdán no ha sido nunca, ni es socio de Servinabar 2000, S.L.”, afirma en una nota el administrador único de la compañía, Antxon Alonso Egurrola, quien asegura que “no existe ninguna escritura en la que el señor Cerdán haya adquirido participaciones sociales de la empresa”.

Por otra parte, el PSOE ha presentado un escrito al juez en el que reclama que se "expurguen y excluyan, bajo control judicial, todas aquellas comunicaciones propias del cargo, ajenas a los hechos investigados, que carezcan de interés para la causa y, específicamente, aquellas que se refieran al desarrollo de nuestra organización interna, estrategia electoral, línea política del partido… y demás cuestiones de funcionamiento interno que deben quedar preservadas".