El fiscal general pide el archivo de la causa y reprocha al juez Hurtado que hable de indicaciones del Gobierno "sin sustento" alguno

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido ante la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo para que se revoque el auto de procesamiento que dictó contra él el magistrado Ángel Hurtado por un presunto delito de revelación de secretos que habría afectado al derecho de defensa de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Argumenta falta de "verdaderos indicios objetivos", y califica de "inferencias carentes de sustento" lo señalado por el instructor sobre presuntas indicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez. Hurtado inició el relato de hechos para sentarle en el banquillo afirmando el presunto delito cometido contra el empresario Alberto González Amador se realizó "a raíz de indicaciones recibidas de Presidencia del Gobierno".

El recurso de la Abogacía del Estado, que se extiende a lo largo de 72 páginas a las que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, incide en que el auto de Hurtado "incurre en conclusiones patentemente erróneas, ilógicas o equivocadas", además de por incluir "imputaciones (...) infundadas o voluntaristas" y "carentes de toda base o fundamento". Se investigó concretamente la filtración de un correo de la defensa del novio de Díaz Ayuso --de fecha de 2 de febrero del pasado año-- en la que se reconocía la comisión de dos delitos de cara a alcanzar un pacto con la Fiscalía que evitara llegar a juicio por fraude a Hacienda.

García Ortiz, quien en diversas ocasiones ha manifestado que no tiene intención de dimitir porque cree firmemente en su inocencia, ha visitado este miércoles Zaragoza, donde ha asistido a la Junta de Fiscales Superiores y ha afirmado "no hay otro camino que la colaboración, la lealtad institucional y servir a los ciudadanos", informa Europa Press. "Las personas que estamos al frente de las instituciones somos contingentes y pasamos, pero las instituciones permanecen", ha enfatizado el fiscal general, para subrayar que tanto fiscales superiores como el fiscal general del Estado representan "la esencia política, la arquitectura política de un Estado".

La hora clave

Según los Servicios Jurídicos del Estado, desde que la causa comenzó a instruirse en el Supremo contra García Ortiz la investigación se ha centrado en una "inferencia temporal", que transcurre entre la hora en que el fiscal general recibió la información sobre los correos intercambiados entre la defensa y el fiscal del caso --durante la noche del 13 de marzo de 2024-- y la hora exacta (que fue anterior) en la que la prensa publicó parte del contenido de los mismos. Una vez establecida dicha inferencia, no ha habido "apenas ninguna novedad", según la defensa, porque "no hay otro resultado posible para el inocente que el de constatar su inocencia".

Igualmente, se alude a la información que pudo recibir sobre este asunto la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera, y que ésta reenvió (a las 08:29 horas del 14 de marzo de 2024) al entonces líder de los socialistas madrileños Juan Lobato, para que la utilizara en la Asamblea de Madrid contra Díaz Ayuso. El citado documento "presenta notables diferencias respecto al correo electrónico en poder del fiscal general", destaca el escrito.

No hubo "uso político"

"Pretender apuntalar la responsabilidad penal del fiscal general a partir del eventual uso político mediático de un documento que ya era de dominio público excede por completo el juicio racional de indicios", afea la defensa al instructor.

Por contra, asevera que "se ha obtenido un conjunto de material probatorio de descargo ante el que (...) palidece irremisiblemente el escaso acopio incriminatorio obtenido". Para la Abogacía del Estado, el procesamiento solo se apoya en "la misma inferencia temporal", en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que no considera relevantes noticias que pondrían de relieve que la prensa conocía las negociaciones entre González Amador y Fiscalía antes que García Ortiz y en "lo que se pueda inferir" del hecho de que el fiscal general borrara sus chats de WhatsApp y su cuenta personal de Gmail.

A este respecto, deja claro que "no ha hecho desaparecer la información por capricho", sino por razones "ajenas" a las pesquisas, por lo que critica a Hurtado ese "reproche innecesario". "Si la instrucción no ha conseguido obtener los datos del terminal telefónico al producirse el borrado, tampoco mi representado ha podido defenderse", replica.

Señala a González Amador

La defensa parte de la premisa de que los hechos por los que García Ortiz ha sido procesado no son delito porque la información que González Amador reivindica como secreto revelado "ya había sido difundida entre profesionales de la información" antes de que llegara a conocimiento de García Ortiz.

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"Tal difusión se produjo doblemente: por un lado, a través de la actuación del propio querellante, o de personas de su entorno más próximo, revelando su contenido a 'El Mundo'; y por otro, consta que al menos tres medios de comunicación --eldiario.es, La Sexta y la Cadena SER-- ya disponían del contenido, o incluso de una copia del correo, antes de que el fiscal general lo recibiera", precisa. Sobre lo primero, recuerda que el propio González Amador declaró que "mantuvo informado a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, del curso del procedimiento de inspección seguido ante la AEAT y de las negociaciones con la Fiscalía".

Así, la defensa deduce que González Amador informó a Rodríguez "de muchas otras cuestiones relativas al procedimiento, entre ellas del hecho de que habían existido conversaciones previas entre el fiscal y su abogado, y de que este último estaba realizando gestiones para lograr el pacto de conformidad". Y ello, aunque "las informaciones facilitadas a la prensa por González Amador fueran parcialmente falsas o inexactas" porque "quien actúa con manifiesto desprecio por la verdad no puede resultar amparado por el ordenamiento jurídico, pues, lejos de contribuir a la formación de una opinión pública libre, la intoxica".

Para concluir, recalca que "no ha sido hallado un solo mensaje de correo electrónico, SMS, WhatsApp o de cualquier otro tipo a través del que el fiscal general reenviase el correo electrónico de 2 de febrero de 2024 o informase de su contenido a terceras personas" y que tampoco consta "que durante la noche del 13 de marzo de 2024 mantuviera ninguna comunicación con periodista alguno, y mucho menos con alguien perteneciente a Presidencia del Gobierno".

Por último, recrimina a Hurtado que haya desechado su petición de archivo, en el mismo auto por el que le procesó junto a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, "sin una valoración real, individualizada y razonada", porque no ha habido "tiempo material" para ello, lo que le lleva a concluir que la decisión ya estaba tomada.