El Supremo vuelve a citar a la hija de la empresaria que dijo que llevó efectivo a Ferraz, como pedían Ábalos y las acusaciones

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha vuelto a citar como testigo a la empresaria Leonor González Pano para el próximo 4 de junio en la causa que instruye contra el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García Izaguirre y el comisionista Víctor de Aldama por distintos delitos relacionados con la corrupción. La segunda citación de la hija de la empresaria que dice haber llevado dinero en efectivo a la sede del PSOE, en la madrileña calle de Ferraz, ha sido acordada a petición de la defensa del ahora diputado del grupo mixto, así como de las acusaciones populares, que también consideraban necesario que la testigo volviera a comparecer.

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El instructor, que en su resolución advierte de que no todas las declaraciones en medios tienen por qué tener reflejo en una causa de la complejidad de la del caso Koldo, hace una excepción con González Pano para que aclare lo que realmente sabe sobre un supuesto pago de 500.000 euros que Juan José Hidalgo, presidente de Air Europa, habría hecho al exministro en vísperas del rescate de esta compañía. La empresaria también manifestó a los medios que esa cantidad se le habría hecho llegar a Koldo García en una bolsa de deportes para que se los entregase a José Luis Ábalos.

En su auto, el magistrado afirma que “el objeto y propósito de dicha declaración será, primeramente, conocer de su propia boca si, en efecto, protagonizó esas declaraciones, en esos términos y si, en lo sustancial, las sostiene en este procedimiento. Si así fuera, deberá explicar la testigo cuál es su razón de ciencia”. Es decir, cómo sabe que las cosas ocurrieron como cuenta, si ella no presenció pago alguno.

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Lo que el instructor rechaza de momento es la petición que también hacía la defensa de Ábalos para que declararan el propio Juan José Hidalgo, en su caso como testigo, y el propio Koldo García. No obstante, el auto añade que su decisión se produce, “sin perjuicio de que, evidentemente, para el caso de que la señora González Pano reconozca y mantenga la autoría de dichas declaraciones periodísticas y ofrezca también una razón de ciencia o fuente de conocimiento de cierta consistencia -ya que, al parecer no afirma haber presenciado el intercambio personalmente- puedan tornarse como relevantes las diligencias interesadas por la defensa del señor Ábalos y, tal vez, alguna más". 

Para despejar cualquier duda, el auto añade: "Por descontado, si así fuera, se acordaría su práctica”. Y ello le obligaría a investigar el rescate de la compañía, vía de investigación que en anteriores resoluciones había descartado, al no apreciar indicios de delito contra los aforados, según el último informe entregado en la causa por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El magistrado señala que es relevante que las partes comprendan que en una investigación de la magnitud y complejidad que presenta este procedimiento, que “no cualquier manifestación realizada por un tercero, o atribuida al mismo, en los medios de comunicación, que concierna, de forma más o menos directa, a los hechos aquí objeto de investigación, habrá de tener necesariamente reflejo, eco, en la presente causa especial”. 

Así acuerda "excepcionalmente" la declaración testifical de Leonor María González Pano “no solo" por "el contenido de las declaraciones periodísticas que se le atribuyen", que presentan en sí mismas "una relevancia y gravedad singular, sino que, además, solicitan que sea oída en declaración tanto la defensa de Ábalos como la representación de las acusaciones populares".

En su anterior declaración ante el juez, González Pano solo fue interrogada en relación con el chalé de La Alcaidesa, en Cádiz, que la empresa Have Got Time -en la que ella figuraba como administradora, aunque los investigadores creen que en realidad lo era el socio de Aldama Claudio Rivas-, compró para alquilar a José Luis Ábalos un verano. Tanto González Pano como su madre han declarado como testigos en el Tribunal Supremo y están imputadas en el caso en el que la Audiencia Nacional investiga un presunto fraude fiscal cometido a través de hidrocarburos.