La asociación mayoritaria de fiscales planta a García Ortiz frente a la reforma del Gobierno porque propicia que concentre más poder

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, ha anunciado este lunes que no participará en la reunión a la que les había emplazado este martes 20 de mayo Álvaro García Ortiz sobre la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, al considerar que el texto ha sido elaborado "al margen de la carrera fiscal y refuerza el poder del fiscal general sin introducir verdaderos contrapesos internos".

La asociación minoritaria personada contra el fiscal general en la causa en la que está investigado por el Tribunal Supremo, la Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ya anunció el pasado viernes que tampoco acudirá a las reuniones. De este modo, solo se prevé que al encuentro acuda la Unión Progresista de Fiscales, a la que García Ortiz perteneció antes de ser designado en el cargo.

El Gobierno llevó a su Consejo de Ministros del pasado martes su propuesta de reforma estatutaria, si bien defiende, al contrario de lo que parecen considerar los fiscales, que dota de mayor autonomía a la figura del fiscal general frente al Gobierno, algo que se considera una condición inexcusable para avanzar en una nueva ley procesal que otorgue a los miembros de esta institución la investigación penal que ahora realizan los jueces. La propuesta incluye disociar la duración del mandato del fiscal general del Estado y la del Gobierno, así como consolidar las causas tasadas para su cese.

Los agentes de la UCO que vieron un "papel preeminente" en la filtración del fiscal general contra el novio de Ayuso se ratifican en el Supremo

La presidenta de la asociación que cuenta con mayor número de miembros en la carrera fiscal, Cristina Dexeus, considera, sin embargo, que “toda reforma estatutaria que no lleve aparejada autonomía presupuestaria y capacidad real de reglamentación resulta poco ambiciosa para lograr una verdadera independencia de la institución”. Lo que ocurre con la reforma propuesta por el Gobierno, según esta organización, es que debilita al Consejo Fiscal, que es el órgano de representación democrática de los fiscales, y consolida un modelo de concentración de poder en el fiscal general sin garantía alguna para el ejercicio independiente de la labor del fiscal investigador.

“La reforma demuestra un nulo interés en reforzar los mecanismos internos de control, y la actual Junta de Fiscales de Sala, fruto de nombramientos de afines, no puede ejercer una función real de contrapeso”, agrega Dexeus en un comunicado, en el que reitera el compromiso de la asociación que preside"con una Fiscalía verdaderamente independiente, moderna y al servicio de los ciudadanos, y exige una reforma con participación activa de la carrera fiscal". Tal y como lo expone en el comunicado.

Para esta asociación, de sensibilidad conservadora, “arrinconar y devaluar las funciones del Consejo Fiscal verdadero órgano de representación democrática de los fiscales da una cabal idea del nulo interés que esta reforma tiene en reforzar los mecanismos internos de contrapeso y balanza para limitar el poder absoluto del Fiscal General del Estado”.

No es el primer plante

No es la primera vez que ocurre un plante ante convocatorias realizadas por García Ortiz sobre la reforma estatutaria, tanto la Asociación de Fiscales como APIF ya se levantaron de la mesa el pasado abril cuando fueron convocadas para acordar una metodología de trabajo dirigida a esta reforma de los estatutos que rigen la carrera.

La fiscalía solicita el archivo de la causa contra David Sánchez y Gallardo por no apreciar indicios de criminalidad

Tal y como informó EL PERIÓDICO, el borrador del Anteproyecto de nuevo estatuto señala que el fiscal general a la entrada en vigor de la ley, una vez ésta se apruebe, podrá continuar en el ejercicio de su cargo por el tiempo que restare de la duración de su mandato desde su nombramiento hasta completar el plazo de cinco años señalado en la presente Ley o cuando concurra alguno de los supuestos previstos para su cese (a petición propia, por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en esta ley o en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo). De este modo, se blindaría así el mandato de Álvaro García Ortiz, a quien renovó el Gobierno en diciembre de 2023.

Sin embargo, el titular de Presidencia y Justicia ha matizado en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, para defender que esta es una reforma a largo plazo, que su entrada en vigor, de aprobarse en el Congreso, sería "el 1 de enero de 2028", por lo que afectaría al fiscal general que nombre el Gobierno que salga de las urnas en las próximas elecciones.