Junts presenta un veto a la reducción de jornada y complica su aprobación en el Congreso

El Consejo de Ministros de este martes aprobará finalmente el proyecto de ley que debe permitir reducir la jornada laboral hasta las 37 horas y media semanales, después de tener que aplazarlo una semana por el apagón eléctrico que afectó la Península Ibérica. Sin embargo, su posterior validación en el Congreso de los Diputados no está ni de lejos garantizada. Junts, cuyos votos son imprescindibles para que la propuesta prospere, ha anunciado este lunes que presentará una enmienda a la totalidad, como ya avanzó EL PERIÓDICO la semana pasada. Los posconvergentes consideran que la norma es una "ataque frontal" a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas y que "no soluciona los problemas reales de la gente". La decisión se ha tomado en la ejecutiva por unanimidad.

Así lo ha explicado la portavoz de Junts en Madrid, Míriam Nogueras, que ha acusado al Gobierno de no haber querido negociar "ni una coma" de la ley elaborada por el ministerio de Trabajo, comandado por la vicepresidenta Yolanda Díaz, y de querer hacer simplemente "un acto de propaganda". Preguntada en rueda de prensa por si habría posibilidades de levantar este veto, Nogueras ha dicho que primero el Gobierno debería "avenirse a negociar", pero no ha querido aclarar sus contrapropuestas.

Asimismo, más allá de cargar contra la norma por no adaptarse a la situación de las pymes, la dirigente de Junts ha señalado también el "endurecimiento de las sanciones" o las referencias a la "desconexión digital". "Es una ley muy difícil de coger por algún lado", ha rematado, al tiempo que ha señalado como obstáculos de la economía española el absentismo laboral y la baja productividad.

También ha aprovechado la comparecencia para criticar al president de la Generalitat, Salvador Illa, al que ha acusado de no "salir en defensa de las pymes, los autónomos y los trabajadores de Cataluña" y de "destruir el modelo de país" catalán y "acabar con la clase media".

Con todo, Nogueras ha sentenciado que no considera que esta ley "vaya a la raíz de los problemas" y ha lamentado que "solo" se haya negociado con los sindicatos, lo que considera que es un "atentado" contra la negociación colectiva.

Durante las últimas semanas, la dirección de Junts, la de Sumar y el ministerio de Trabajo -con el secretario de Estado al frente- se han reunido en varias ocasiones, pero no han logrado acercar posiciones. Detrás de la negativa de Junts en esta materia, más allá de las razones mencionadas, hay también una estrategia para marcar perfil ante el resto de socios de la investidura de Pedro Sánchez, la autodenominada 'mayoría progresista'. Desde el inicio de la legislatura, los posconvergentes han tratado de afianzar el relato de que no forman parte de ninguno de los bloques y esta ha sido una de sus bazas para defender que ERC tiene menos capacidad de negociación.

Esta actitud, que les permite la actual aritmética en el Congreso de los Diputados, ha propiciado un reencuentro de los posconvergentes con empresarios y patronales. Muchos de ellos han dejado atrás las reticencias provocadas por el 'procés' y se han desplazado hasta Waterloo para reunirse con Puigdemont, algo que para el expresident es importante al considerar que ha sido denostado durante estos últimos años. Entre los que se han desplazado a Bélgica se encuentran representantes de las patronales Foment del Treball, Pimec y Cecot, además de dirigentes de la UGT.

La decisión de presentar enmienda a la totalidad se ha tomado en la ejecutiva de este lunes por unanimidad, a pesar de que dentro del partido no hay una posición monolítica respecto a la reducción de la jornada laboral. Como ya explicó este diario, el ala más de izquierdas del partido se posicionó a favor de reducir las horas de trabajo semanales y reclamó a la dirección que no se decantara por la posición de la patronal para mantener la "transversalidad" del partido.