El Gobierno responderá al Supremo que "activa" su colaboración con Canarias para atender a los menores migrantes "caso a caso"

Una vez consumido el plazo, el Gobierno informará al Tribunal Supremo de que ha "activado" los mecanismos de colaboración necesarios con la administración canaria para introducir en el Sistema de Acogida de Protección Internacional, dependiente del Ministerio de Migraciones, a los 1.221 menores migrantes no acompañados que actualmente están a cargo de los servicios de protección en las islas.

Se atenderá a los niños "caso por caso", según han señalado a EL PERIÓDICO fuentes del Ejecutivo, dando cumplimiento a la exigencia realizada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal, que requirió información concreta de las medidas que vayan a desarrollarse.

En el escrito que se remitirá al Supremo se plantea el acatamiento del auto en línea con preservar el “interés superior de los menores”, tal y como se reclamaba. Por ello, se apuesta por analizar cada caso concreto en base a diferentes casuísticas, como si los solicitantes de asilo estudian o trabajan en Canarias, o incluso ambas cosas, según ejemplifican fuentes del Ejecutivo. Un arraigo por el que se entiende que muchos de estos menores se quedarían en las Canarias. Asimismo, se recogen las líneas generales del acuerdo alcanzado por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, con el gobierno canario, que pasa por afrontar este proceso “con absoluta colaboración”. 

A partir de este momento se activará el proceso, con la voluntad de desarrollarlo en el tiempo que sea necesario para analizar la situación de cada menor. El texto que los Servicios Jurídicos del Estado entregarán en el Supremo, según las mismas fuentes, alude al decreto convalidado este mismo jueves en el Congreso para la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería sobre el reparto obligatorio de los menores migrantes que acogen Canarias y Ceuta a otras comunidades autónomas, el entender que resuelve cuestiones pendientes de determinar sobre la acogida y por el que se trabajan diferentes vías con el ejecutivo que preside Fernando Clavijo. 

Al Gobierno central le corresponde garantizar el derecho de asilo, pero la competencia sobre el sistema de tutela está en manos de las comunidades autónomas, y de ahí las diferencias iniciales que ahora se buscan resolver con una coordinación entre administraciones y las bases de la nueva reforma legal. Además, según las mismas fuentes, el ejecutivo canario dirigirá al Supremo con su propio escrito, en una línea similar, tras acordarse a partir de ahora mantener reuniones periódicas para acordar el formato con el que se va a ir analizando cada caso y desarrollando el proceso.

Exigencia de información del Supremo

 El auto por el que el Supremo acordó la medida cautelar y daba un plazo al Gobierno de Sánchez para actuar se dictó el pasado 26 de marzo a instancias del Gobierno de Canarias, que previamente había requerido al Gobierno de España actuar. En respuesta a este requerimiento, y mientras analiza el fondo de la cuestión, el alto tribunal exigió que se le informara de las medidas que se adoptaran con los menores y anunció que en dicho momento decidiría sobre la celebración de una vista pública en relación con el cumplimiento de la medida cautelar adoptada.

Para exigir la intervención del Estado, el Supremo se apoya tanto en la ley de asilo 2009 como en el reglamento por el que se regula el sistema de acogida, que se aprobó en 2022 por Real Decreto, que diseñan un completo sistema de acogida para los solicitantes de asilo en el que se incluyen, entre otros, el derecho a “los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad”.

El Gobierno no recurrió

La semana pasada, gestiones políticas de última hora concluyeron con la retirada del recurso que la Abogacía del Estado había presentado contra la orden del Supremo. Los Servicios Jurídicos del Estado actuaron en un intento de “aclarar” diversas cuestiones con respecto al auto dictado por el alto tribunal, pero el Gobierno rectificó tras una reunión entre el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Prevalecía así el acuerdo político de “colaboración y cooperación”.

Antes de que el Tribunal Supremo acordara fijar el plazo para la atención de los menores ya había escuchado los argumentos del Gobierno que, a través de la Abogacía del Estado, esgrimió para oponerse a la medida que "al Estado le compete realizar una mera labor de refuerzo en materia de acogida de menores migrantes no acompañados solicitantes de protección internacional, siendo la competente la administración autonómica". Para la administración central "no existe ninguna actuación material positiva a la que esté obligada la Administración, sin perjuicio de la colaboración de la Administración estatal que ya se viene prestando".