El Supremo confirma la sentencia que condena al Ayuntamiento de Benidorm a pagar a los dueños de un terreno 330 millones, más del doble de todo el presupuesto municipal

Varapalo judicial al Ayuntamiento de Benidorm en el proceso por la sentencia de los terrenos del sector APR-7 de Serra Gelada. El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso de casación interpuesto por el consistorio contra la condena del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que condenaba a pagar a la administración local 330 millones de euros a los propietarios de esas parcelas, lo que confirma el fallo judicial. La cantidad equivale a más del doble del último presupuesto municipal, que en 2024 ascendía a 141,6 millones de euros.

Así lo recoge la providencia del pasado 2 de abril a la que ha tenido acceso este diario. El TS impone además al Ayuntamiento las costas del proceso por un importe máximo de 2.000 euros. Lo dictaminado por el alto tribunal es firme, tal y como recoge la providencia, por lo que no cabe recurso.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha convocado una Junta de Portavoces esta tarde para informar a los grupos de la oposición sobre este asunto. Además, según añadieron fuentes municipales, está previsto que mañana se celebre una reunión técnica con los servicios jurídicos municipales para analizar el documento del alto tribunal.

El Ayuntamiento de Benidorm presentó en agosto de 2024 ante el Tribunal Supremo un recurso de casación frente a la sentencia dictada el 23 de mayo por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que establecía que el Consistorio debía pagar 283 millones de euros, más los correspondientes intereses legales, a las mercantiles Murcia Puchades Expansión SL y Urban Villajoyosa 2000 SL en compensación por los aprovechamientos urbanísticos de su propiedad incluidos en el sector APR-7 de Serra Gelada.

Con la presentación de este recurso se cumplía con la hoja de ruta marcada por los servicios jurídicos municipales para defender el interés general de Benidorm. El primer paso fue solicitar una aclaración de sentencia al TSJ. Pero con ella no cambió nada.

Los convenios

La sentencia que condena al Ayuntamiento a pagar 283 más intereses, que pueden subir la cuantía a 330 millones, llegó tras el recurso presentado por ambas empresas contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Alicante de 24 de febrero de 2022, que falló a favor del Ayuntamiento al declarar nulos los convenios urbanísticos firmados en los años 2003, 2010 y 2013. A pesar de rechazar los 283 millones de euros que reclamaban las empresas recurrentes basándose en esos convenios, la misma sentencia sostenía en aquel momento que estas empresas tenían derecho a percibir poco más de 636.116,27 euros por los 121.992,50 metros cuadrados que efectivamente cedieron en 2004 al pueblo de Benidorm.

El Ayuntamiento inició entonces el procedimiento para declarar la nulidad de esos convenios y poner así punto final a este litigio. Una posición que fue refrendada por el Consell Jurídic Consultiu en un dictamen vinculante, que consideraba que efectivamente estos convenios eran nulos por diversos motivos. Hasta ese momento, todos los pronunciamientos judiciales habían sido favorables al Ayuntamiento de Benidorm, Pero los propietarios acudieron a los tribunales y les dieron la razón.

El primer convenio se firma en 2003 con el Vicente Pérez Devesa como alcalde de Benidorm. En 2010 y 2013, gobernando el socialista Agustín Navarro, esos convenios se modificaron para ampliar el plazo para satisfacer las compensaciones en tres años cada vez. El último expiró en mayo de 2016, ya con el PP en la Alcaldía con Toni Pérez a la cabeza. A partir de ahí, los propietarios del suelo comenzaron su batalla judicial.

Reacciones

El gobierno del PP ha declinado por ahora hacer declaraciones. Tras la Junta de Portavoces y preguntada por este diario, la portavoz del PSOE, Cristina Escoda, explicó que esperarán a conocer qué dicen los servicios jurídicos sobre este asunto. Pero sí reiteró que "que el alcalde Toni Pérez no renovara los convenios ha tenido consecuencias dramáticas y penosas para este Ayuntamiento". Además recordó que el importe de 330 millones "supone dos presupuestos y medio", una cifra desorbitada para cualquier ciudad. "Es una condena a todos los ciudadanos y para el futuro", alegó. Con todo indicó que el alcalde "debería pedir perdón por la irresponsabilidad que ha cometido.