García Ortiz elige al encargado de fijar criterio sobre el delito por el que le investiga el Supremo y enciende la alarma entre los fiscales

La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, considera "inconcebible" que el fiscal general del Estado vaya a designar candidato a una nueva jefatura, la de fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública, que es el que tendrá entre sus competencias la de fijar criterio sobre delitos como el de la revelación de secretos. Se trata de la conducta por la que Álvaro García Ortiz está siendo investigado en el Tribunal Supremo, en relación con una filtración que podría afectar a la presunción de inocencia de la pareja de la la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

El Ministerio de Justicia convocó la plaza el pasado 5 de marzo, según advierte la asociación en un comunicado. La creación de este nuevo puesto en la cúpula fiscal, junto con otra jefatura que se dedicará a los delitos económicos, fue aprobada por el Gobierno mediante un Real Decreto que el ministro Félix Bolaños llevó al Consejo de Ministros el pasado 29 de octubre, dentro de su Plan de Acción por la Democracia.

"En la actual situación jurídico procesal del fiscal general del Estado (...) resulta sencillamente inconcebible que se vaya a cubrir esta plaza en este momento", señala la asociación mayoritaria, que agrega que "es inevitable preguntarse si un investigado puede decidir quién va a ser la persona que va a fijar criterios sobre el delito por el que se le investiga".

Consideran que el hecho de que García Ortiz no sea consciente de esta paradójica situación, supone un escarnio "a la propia carrera fiscal y a la sociedad", al tiempo que insisten en que el fiscal general "no debe seguir en el cargo ni un minuto más". Esta asociación viene solicitando la dimisión del actual fiscal general prácticamente desde que fue nombrado en sustitución de Dolores Delgado. Por otra parte, los fiscales de esta asociación de corte conservador consideran la nueva plaza "innecesaria y perturbadora por su posible colisión con las competencias de otros órganos del Ministerio Fiscal", en clara referencia a la Fiscalía Anticorrupción.