El Gobierno expropiará El Algarrobico para su demolición tras 20 años de litigios judiciales

"Los terrenos que vamos a expropiar, vamos a proceder a la demolición". Tras 20 años de líos judiciales, la ministra de Hacienda y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno va a declarar "la utilidad pública de las parcelas en las que actualmente se ubica este hotel ilegal", lo que supondrá la demolición de El Algarrobico. La decisión será aprobada en el Consejo de Ministros que se celebrará de este martes.

La vicepresidenta del Gobierno ha estado este lunes en Carboneras, donde se ubica el hotel, donde ha señalado que el objetivo del Ejecutivo central es "la inmediata restauración ambiental de este paraje". Así, ha pedido también a la Junta de Andalucía que se sume a esta decisión para que el Gobierno andaluz expropie los terrenos de su área de influencia. Una vez ambas administraciones tomen esta decisión, Madrid costeará la demolición del edificio, como ha indicado la secretaria general del PSOE-A.

"Vamos a hacer realidad algo que debería haber sucedido hace mucho tiempo", ha asegurado, Montero. Este es el primer paso para abordar la expropiación de la edificación y el suelo que se sitúan en terrenos sobre los que tiene competencia la Administración General del Estado. El objetivo final es demoler el hotel, símbolo de los desmanes urbanísticos, y proceder a la restauración del paraje natural.

Las sentencias contra su construcción

La vicepresidenta ha explicado que, para alcanzar un acuerdo con la administración autonómica, convocarán la Comisión de Seguimiento para la recuperación de la playa de El Algarrobico, en la que tienen voz tanto el Gobierno de España como la Junta de Andalucía. Si bien esta Comisión se creó en 2011, hace ya 14 años, Montero considera que este es el momento "para darle un impulso definitivo". Pese a todo, si el equipo de Juan Manuel Moreno se niega, en palabras de la socialista, "el Gobierno de España buscará alternativa para que el hotel ilegal sea demolido".

Ante las posibles decisiones que tome Azata, la empresa propietaria del hotel, Montero ha indicado que "tendrán que ser los tribunales los que evidentemente puedan decir algo respecto a la iniciativa que el Gobierno adopta". Así, ha señalado que la demolición se producirá en un plazo de cinco meses "si no hay ninguna otra incidencia o interferencia". "Nadie ni nada va a poder evitar que se derribe el edificio", ha sentenciado, para confirmar que el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez "no le va a tener miedo a esto". La ministra de Hacienda ha señalado que el expediente "tiene ese plazo aproximado de resolución con todas las garantías de audiencia pública y de todo lo que los particulares podrán opinar"

El Algarrobico se convirtió en un símbolo del ladrillazo y de la especulación urbanística y 20 años después, el hotel construido sobre el parque natural del Cabo de Gata, un valioso entorno protegido en la costa de Almería, sigue en pie. En un cruce interminable de decisiones judiciales, el Tribunal Supremo tenía sobre la mesa una decisión clave sobre la nulidad de su licencia de obras. La mole de cemento a 14 metros del mar, un complejo hotelero de 21 plantas y 411 habitaciones, tiene una veintena de sentencias confirmando su ilegalidad pero la constructora siguió batallando. Es para los ecologistas uno de los grandes ejemplos de destrucción del litoral español.

Líos judiciales

Sus obras se paralizaron en 2006, con una primera sentencia en su contra en los juzgados de Almería. En la campaña de las elecciones autonómicas de 2008 ya se prometía su demolición inmediata y la restauración de esa franja costera. A finales de 2024, los tribunales siguen enredados resolviendo recursos. La constructora Azata ha ido anotándose victorias, amparada por una licencia de obra que concedió el ayuntamiento, dando legalidad a las obras, junto a un dictamen favorable de la Junta de Andalucía.

Han sido varias las ocasiones en las que parecía inminente la entrada de la piqueta para demoler El Algarrobico, que no en pocas ocasiones ha contado con pronunciamientos de alcaldes y vecinos de la zona a favor de la apertura del hotel por su impacto económico y el empleo. Al enredo judicial ha contribuido el caos administrativo sobre el suelo en el que se levanta el hotel y las decisiones contrarias emitidas por distintas salas del mismo Tribunal de Justicia de Andalucía, que en un momento determinó su ilegalidad y años después declaró que el suelo sobre el que se levantaba el complejo turístico era urbanizable. El TSJA ha entrado además en colisión con el Supremo, cuando determinó que la licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Carboneras era válida.