TRIBUNALES

El fiscal general niega filtraciones y denuncia vulneración de derechos por el "allanamiento" de su despacho

Niega haber filtrado el correo electrónico que llegó a la prensa y a Moncloa, en el que la defensa de la pareja de Díaz Ayuso ofrecía un pacto a la Fiscalía para evitar el juicio por fraude a Hacienda

García Ortiz es increpado a su llegada al Tribunal Supremo

PI STUDIO | FOTO: JOSÉ LUIS ROCA

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha negado este miércoles durante su declaración ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado haber filtrado o dado orden de que se filtraran desde la Fiscalía General del Estado a periodistas o al Gobierno o a su entorno los correos referidos al pacto que la defensa de la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ofreció al ministerio público para evitar ir a juicio por fraude a Hacienda a cambio de admitir la comisión de dos delitos fiscales.

En su declaración, que ha durado hora y media, García Ortiz solo ha querido contestar al abogado del Estado que ejerce su defensa, José Ignacio Ocio, lo que ha justificado en que ha pedido la nulidad del registro que el juez instructor ordenó de su despacho, diligencia que considera sin precedente en Europa, y que no quería validar en modo alguno, por lo que prefería no responder. De esa diligencia sostiene que se ha obtenido prácticamente todo el material probatorio y lo considera una vulneración de su derecho de defensa, al constituir un "allanamiento" de los despachos oficiales tanto suyo como de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada.

En su opinión, el instructor parte de una premisa que "no le permite ver la verdad sobre lo sucedido" y entiende que aún quedan diligencias solicitadas por él mismo por practicar, por lo que se desconoce su resultado, lo que también le desaconseja responder al juez Hurtado. Tampoco respondió a las acusaciones populares ni a la particular, que ejerce la pareja de Isabel Díaz Ayuso. En este caso ha justificado su negativa a responderle en que considera que en la querella que presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid omitió hechos relevantes para la investigación, como que él mismo envió al jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, al menos el correo del 12 de marzo, y a 'El Mundo' el contenido de los correos del 2 y del 12 de febrero. 

Añadió que tampoco informó que Rodríguez, según su propia declaración, había reenviado este último mail. A su juicio, esas omisiones no fueron gratuitas, sino que desde el principio dirigieron las sospechas hacia la fiscalía. Esa negativa a contestar del fiscal general ha supuesto que las acusaciones consideraran que ha dejado varios aspectos sin contestar, como qué ha ocurrido con el teléfono que le fue cambiado, según su explicación, por motivos de seguridad conforme a los cánones europeos. La fiscal del caso, la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, no ha realizado pregunta alguna precisamente por la conexión de antijuricidad alegada por el propio García Ortiz en relación con los registros.

El fiscal general, que evitó el paseíllo al acceder por la puerta de autoridades, donde fue recibido por el fiscal de Sala jefe de Penal Javier Huete, en vez la habitual de imputados y testigos, negó la conversación que recreó en su declaración la fiscal Superior de Madrid, Almudena Lastra, en la que le preguntaba si había filtrado él lo que estaba viendo en medios de comunicación. García Ortiz sostuvo que no es una forma habitual de dirigirse a un fiscal general y consideró notorio la desafección que, a su juicio, tiene Lastra con el equipo al frente de la Fiscalía General del Estado. Llegó a señalar que ella también dispuso casi a la vez que él de los correos cuya filtración se investiga.

Ante el juez Hurtado, García Ortiz ha explicado que recabar los correos era obligatorio por parte de la Fiscalía General en el contexto de la dación de cuentas prevista en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en asuntos de relevancia, así que, tras recibir la llamada de un periodista, pidió al teniente fiscal de la Secretaría Técnica, el también imputado Diego Villafañe -al que corresponde recabar las daciones de cuentas-, que ampliara la información recibida sobre la denuncia por delito fiscal interpuesta contra la pareja de Díaz Ayuso por dos delitos fiscales para conocer todos sus extremos. Lo justificó en que no podían permitirse ignorar algún extremo como había pasado con el correo con el que 'El Mundo' informó erróneamente de que la propuesta de pacto partía del ministerio público.

Seis teléfonos

Fuentes jurídicas señalaron que el fiscal general justificó que hubiera borrado su teléfono en que nunca pensó que le fueran a intervenir sus conversaciones. En su declaración, según las fuentes consultadas, explicó que solicitó un cambio en mayo, pero no se realizó hasta octubre. Procedió a su borrado por la gran cantidad de datos sensibles que recibe dado su cargo y aseguró que había cambiado de teléfono seis veces en cuatro años, sin ofrecer más detalle sobre qué pasaba con los móviles desechados y si eso suponía su borrado. Sostuvo que a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que registraron su despacho les indicó que había cambiado de teléfono recientemente.

En este sentido, desde el servicio de informática de la Fiscalía General del Estado ha contestado este miércoles al magistrado que no puede proporcionarle la información solicitada sobre "el formateo del teléfono" de García Ortiz, porque no dispone de ningún aparato entregado en la fecha en que se produjo el cambio, que según sus registros es el 24 de mayo del año pasado.

Contra el fiscal general pesan, además de los indicios sobre la hora en la que los correos llegaron a su poder, que la investigación revelara que el borrado de los mensajes de su teléfono móvil correspondientes a las fechas en las que pudieron filtrarse los emails que centran la investigación. La defensa de Ortiz argumenta que los correos intercambiados entre la defensa del empresario y la Fiscalía no eran más que "conversaciones preliminares" no protegidas por el secreto

En uno de sus autos, el magistrado Ángel Hurtado apuntó que "con salida de la Fiscalía General del Estado y destino Presidencia del Gobierno, circuló el mismo correo de 2 de febrero de 2024, y de ahí al medio de comunicación elplural.com". Agregó que desde Moncloa se hicieron "gestiones" para que se publicara.

A la llegada al alto tribunal del fiscal general, un grupo de cinco personas, la mayoría de avanzada edad, le esperaron en la puerta del Supremo para recibirle con gritos de "a la cárcel", "sinvergüenza" o "ya te ha dicho Sánchez lo que tienes que decir". Él, con balanzas de la justicia en la corbata, optó por la llegada en coche de la misma forma en que lo hace cuando visita el alto tribunal por celebraciones institucionales, como la apertura del año judicial.

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