El cargo de García Ortiz, en el aire

El Supremo revisa el nombramiento del fiscal general: Entre la "arbitrariedad" y el intento de "socavar al Gobierno"

La Sala de lo Contencioso decidirá si lo anula este martes, víspera de la declaración de Álvaro García Ortiz como imputado en la revelación de secretos del novio de Ayuso.

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, en el Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género celebrado en el Senado

Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, en el Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género celebrado en el Senado / José Luis Roca

Los impulsores de la demanda que estudian este martes cinco magistrados de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que puede tener como resultado la anulación del nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado, defienden que el Gobierno de Pedro Sánchez incurrió en una "manifiesta arbitrariedad" al renovarle en el cargo en diciembre de 2023.

Según la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) se volvió a nombrar a García Ortiz como fiscal general, un cargo lo venía desarrollando desde que sustituyó a Delgado en julio de 2022, sin motivar esta decisión y pese a que carecía --por primera vez en democracia-- del aval de idoneidad del Consejo General del Poder Judicial. Esta falta de aval se produjo después de que el propio Tribunal Supremo viera "desviación de poder" en una decisión que el ya fiscal general adoptó para lograr el ascenso su mentora y predecesora en el cargo a un puesto del más alto rango en la carrera fiscal. 

Los argumentos empleados por la abogada Elisa de la Nuez, que representa a la asociación demandante --con escasa implantación en la carrera fiscal-- han sido combatidos duramente por la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa de García Ortiz y que considera pivotan sobre "opiniones subjetivas, suspicacias interpretativas, y una oculta intención subjetiva contra la persona del actual Fiscal General del Estado".

"La asociación demandante no deja de verter de modo tendencioso motivaciones subjetivas de marcado carácter político, ajenas al procedimiento contencioso-administrativo, con evidente ánimo de menoscabar la honorabilidad del Fiscal General del Estado", insiste la Abogacía en su escrito de conclusiones, al que ha tenido acceso este diario y que estará este martes sobre la mesa de la Sala que deliberará este asunto. Los Servicios Jurídicos del Estado concluyen que este caso es "un claro ejemplo" de lo que regula la propia Ley Orgánica del Poder Judicial al ordenar a los tribunales que rechacen "las peticiones, incidentes y excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude de ley o procesal".

Un cargo en cuestión

La Abogacía va incluso más allá al asegurar que el recurso contra el Real Decreto por el que se renovó el nombramiento del fiscal general a finales de 2023 buscaba en realidad que el cargo García Ortiz estuviera en cuestión "durante varios meses" y la asociación minoritaria obtuviera "publicidad", además de lograr de forma indirecta "socavar" al Gobierno. 

La deliberación se produce además en una situación sin precedentes, la víspera del día en el que García Ortiz debe acudir a declarar como imputado en la causa por revelación de secretos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. La expectación es mayúscula.

La tramitación de esta demanda ha contado además con incidentes desconocidos hasta la fecha. En mayo del pasado año, el fiscal general recusó a cuatro de los cinco magistrados que componen la Sala -- Pablo Lucas, Luis María Díez -Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero y José Luis Requero-- al no considerarles suficientemente imparciales por haber anulado anteriormente nombramientos que él realizó en su primera etapa como fiscal general. Este movimiento fracasó al entender los jueces que apartarles supondría inhabilitar al Supremo para ejercer su función constitucional y crear "espacios de inmunidad". Además de los citados, completa la Sala Pilar Teso, eterna candidata progresista a ejercer la presidencia de esta Sala del alto tribunal.

Escenarios y antecedentes

Existen varios escenarios posibles, aunque todos los expertos consultados coinciden en señalar que se trata de un recurso complicado por la falta de antecedentes precisos. En todo caso, no será la primera vez que la Sala de lo Contencioso anula un nombramiento realizado por el Consejo de Ministros, ya lo hizo con la propia Delgado --tanto su ascenso a fiscal de Sala como su designación posterior como responsable de Derechos Humanos y Memoria Democrática-- y también en el caso de Magdalena Valerio como presidenta del Consejo de Estado, por no cumplirse los requisitos para ser considerada "jurista de reconocido prestigio".

En junio de 1994, una Sala del Tribunal Supremo declaró ilegal el nombramiento del ya entonces exfiscal general del Estado Eligio Hernández, al entender que los siete años que ocupó puestos designados por el Gobierno no debieron sumar para los 15 que se precisan de ejercicio efectivo como jurista para optar a máximo representante de la carrera fiscal. En el caso de García Ortiz no se puede hablar de incumplimientos legales, y la demanda se basa en una falta de motivación y una "arbitrariedad" que es más complicado de establecer en términos jurídicos. Fuentes de la Sala ven "complicado" estimar el recurso, sin transgredir la jurisprudencia al respecto.

No obstante, y de prosperar el recurso contencioso, cuya ponencia ha correspondido a Requero, un magistrado situado en el ala más conservadora del Supremo, García Ortiz dejaría de ser fiscal general, pero no perderá su aforamiento ante la Sala de lo penal Tribunal Supremo, dada su condición de fiscal de Sala. Tendría la opción de recurrir en súplica antes de poder seguir peleando por su cargo ante el Tribunal Constitucional. La segunda opción es que la demanda se rechace y el fiscal general salve el cargo.

 También se especula una resolución intermedia que podría alargar el final de todo este asunto, si la demanda se remite al Pleno de la Sala de lo Contencioso, dada su complejidad y especial trascendencia, aunque este tipo de decisiones se suelen adoptar cuando el asunto se está tramitando y no se ha fijado aún una fecha para deliberación y fallo, como ocurre en el caso de García Ortiz, según fuentes jurídicas consultadas. Por ello, lo más probable es que el fallo se conozca este mismo martes.

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