El Gobierno se vuelca ahora en salvar medidas del decreto ómnibus que aprobó por exigencia de sus socios

La prohibición de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional es una de las principales medidas sobre las que el Gobierno ha hecho bandera para justificar su apuesta por el todo o nada en el decreto ómnibus. Esto es, volver a aprobarlo íntegro en lugar de trocearlo, como demandan PP y Junts para salvar solamente la revalorización de las pensiones, las bonificaciones al transporte y las ayudas a la DANA. Lo que hace unas semanas eran medidas accesorias, de las que había dudas sobre si prorrogarlas o que fueron concesiones a los socios para garantizar sus votos, ahora se presentan como imprescindibles en un pulso en el que Gobierno y PP y Junts se trasladan mutuamente la presión.

Tanto la prohibición de los desahucios como la prórroga de las ayudas al transporte en los mismos términos que hasta ahora fueron acordadas con Podemos a cambio de su apoyo a la ley de eficiencia judicial. La continuidad de las bonificaciones formaba parte también del acuerdo de investidura con el BNG y la prohibición de cortes de suministros básicos, por ejemplo, se negoció con EH Bildu. Pese a ello, en el Gobierno remarcan que todas las medidas son importantes y se apuesta por salvarlas en su mayoría. Las del escudo social, pero también otras económicas, como las del “escudo antiopas”, sobre la que insisten en el ministerio de Transportes por el riesgo de Talgo, o la actualización de las entregas a cuenta de las comunidades autónomas y ayuntamientos.

El PSOE pide tiempo para "arreglar" con Junts el decreto ómnibus: "La pelota está en su tejado"

Es por ello que se mantiene la presión del relato sobre el PP y de la negociación política sobre Junts. Los socialistas aspiran a devolver a los posconvergentes al acuerdo de diciembre, cuando pactaron el texto antes de llevarlo al Consejo de Ministros, aunque asumen la necesidad de que para ello deberán avanzar en carpetas pendientes, como la transferencia de las competencias en inmigración. Una operación con el riesgo añadido de mantener en el aire las medidas y con ello la incertidumbre de los doce millones de pensiones y los usuarios del transporte público.

El propio Pedro Sánchez lanzó un mensaje positivo a la ejecutiva del partido en su reunión de este lunes sobre que se “arreglarán” las consecuencias de no haberse convalidado el decreto, pero también mostró preocupación por si cala la idea de que es el PP quien defiende la revalorización de las pensiones y no el Gobierno. En el cruce de responsabilidades, los populares han activado una recogida de firmas para exigir al Ejecutivo que lleve ya al Consejo de Ministros un decreto diferenciado con la subida de las pensiones.

Por otra parte, este martes en el Senado una moción del PP para instar al Gobierno a convocar “inmediatamente” un Consejo de Ministros para aprobar por separado la revalorización de las pensiones. Algo que desdeñan los socialistas, aun sin adelantar el sentido de su voto, porque “no va a ninguna parte”.

Cruce de culpas

En Ferraz insisten así en dejar la pelota en el tejado de PP y Junts, mientras aseguran que los populares no van a imponer su visión para descargar culpas en el Ejecutivo tras la llamada de atención del presidente del Gobierno. “Tienen el relato perdido porque es el PP quien bloquea y nunca sube las pensiones”, trasladan fuentes de la ejecutiva socialista.

Otras fuentes de Ferraz retan a quien pide trocear el decreto, en referencia al PP, a explicar “sin mentiras” cuáles son las medidas están en contra. “¿Dónde pone que suba el IVA de la luz o los alimentos?”, responden para contradecir también que el texto no protege a los okupas, sino que prohíbe los desahucios de personas consideradas vulnerables mientras no tengan una alternativa habitacional. Tras ello, conminan al PP a que diga abiertamente “a qué colectivo vulnerable quiere perjudicar” para dar su apoyo.

Sus críticas a los populares y el guante de seda con Junts se argumenta en la dirección del partido por los de Carles Puigdemont no habrían manifestado líneas rojas con medidas concretas del decreto “y el PP se ha tratado de justificar”. Asimismo, reprochan que los de Alberto Núñez Feijóo lleven a gala que es un partido de Estado.

Margen de maniobra

Con la intención de mantener el pulso y señalar a los grupos que votaron en contra, principalmente a los populares, en el PSOE reclaman tiempo para intentar garantizar los apoyos para salvar el mayor número de medidas posibles. Desde Junts pasaron de reclamar un decreto “individualizado” sobre pensiones y transporte a enumerar también las ayudas la DANA y la actualización del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Para acercar posiciones, en el Gobierno reconocen que “hace falta tiempo”, aun mostrando la necesidad de aprobar un nuevo decreto “cuanto antes” para dar certidumbre a los pensionistas. Por ello, tras la ejecutiva del partido en Ferraz se descartaba la posibilidad de llevar el texto al Consejo de Ministros de este martes.

Al mismo tiempo, se defiende que para evitar una merma en los ingresos de los pensionistas el próximo mes de febrero “hay tiempo suficiente”. Sin tener que recurrir para ello a un Consejo de Ministros extraordinario. Un plazo de dos o, incluso, tres semanas, entraría dentro del margen de maniobra para aprobarlo “en tiempo y forma”, según aducen en el Gobierno. El próximo pleno del Congreso está fijado para el 11 de febrero.