EXAMEN RTVE
El juez que investiga la filtración en las oposiciones de RTVE imputa a dos trabajadores vinculados a UGT
Un cargo del sindicato y el autor del documento filtrado, investigados por delito de revelación de secretos

El presidente de la Corporación RTVE, José Pablo López, durante el acto de jura de acatamiento de la Constitución de los Consejeros de RTVE, el pasado 2 de diciembre de 2024, en el Congreso. / Alejandro Martínez Vélez
La causa judicial abierta por la filtración del último examen de oposición a en RTVE estrecha aún más el cerco sobre UGT, la organización que fue señalada desde el primer momento a nivel interno por presuntamente favorecer a sus afines con la obtención de una plaza pública. El juzgado nº 48 de Madrid señala como investigados a dos trabajadores de la corporación estrechamente vinculados al sindicato mayoritario -uno de ellos con cargo y otro miembro del tribunal del examen-. Se les imputa un delito de revelación de secretos después de que RTVE tuviera que suspender in extremis la prueba y convocar una nueva fecha, con el coste económico asociado y los perjuicios para los más de 5.000 aspirantes, que se habían desplazado desde todas partes del mundo. Hasta ahora, RTVE ha declinado desgranar el sobrecoste para las arcas públicas de los efectos derivados de la filtración y tampoco se han atendido las reclamaciones de gastos por parte de los opositores afectados.
El primer investigado dentro de la causa judicial es el secretario de Organización de UGT-RTVE en Madrid, César Moreno, la persona que habría difundido a ciertos opositores el contenido de las preguntas, lo que motivó la denuncia inicial y la suspensión del examen. El pasado 18 de octubre este trabajador fue detenido por la Policía en su domicilio en Madrid y trasladado a dependencias judiciales como presunto autor de la filtración, pero fue puesto en libertad tras negarse a declarar.
Hasta ahora, no se conocía la identidad del detenido por parte de la Unidad Central de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) junto a agentes de la brigada judicial de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El pasado 24 de octubre el juez emitió un auto de incoación de diligencias previas con Moreno como único investigado, al ser la persona que figuraba en la denuncia inicial.
El segundo de los investigados es el miembro del tribunal designado por UGT Julián Pérez Olmos, que resultó ser el autor del documento con el contenido del examen que más tarde se filtró, y que fue desvelado por este medio. Después de publicarse estas informaciones, fue el Ministerio Fiscal quien reclamó la inclusión de Pérez Olmos como investigado, una petición que fue atendida por el juez Juan Ramón Reig Puron en un auto de ampliación de diligencias previas fechado el pasado 10 de diciembre y al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica.
Los dos imputados están acusados de delito revelación de secreto por particulares, regulado en el artículo 199 del Código Penal y con pena de prisión de uno a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para dicha profesión por tiempo de dos a seis años. Todo ello, independientemente de que más tarde RTVE pueda reclamar el coste económico de la suspensión y la nueva convocatoria del examen de oposición, así como los gastos de desplazamiento y alojamiento en que incurrieron los opositores citados a la prueba fallida.
RTVE se persona cuatro meses después
La denuncia por las filtraciones fue interpuesta en un primer momento por Cristina Ónega, la periodista que formaba parte del tribunal y que fue alertada de la filtración del examen. Más tarde se personó en la causa el sindicato CCOO, que en su denuncia señaló directamente como "sospechosa" al área de Recursos Humanos, fuertemente señalada a nivel interno por cubrir los hechos.
No se personó en la causa RTVE, entonces dirigida por la presidenta interina Concepción Cascajosa, próxima a UGT y situada en la Presidencia por Moncloa, que negoció con el resto de consejeros para lograr su nombramiento; Podemos logró así que Pablo Iglesias y trabajadores de su empresa estuvieran en las tertulias de la radiotelevisión pública a cambio de que su consejero, Roberto Lakidain, la apoyase en el Consejo de Administración. La gestión de Cascajosa fue fuertemente cuestionada por la inacción ante el escándalo de las filtraciones que implicaban indiciariamente al sindicato mayoritario.
La semana pasada RTVE anunció por sorpresa su personación en la causa, cuatro meses después de los hechos. En un comunicado, la corporación ahora presidida por José Pablo López también anunció la apertura de un segundo expediente interno. El primero de los expedientes internos en RTVE sólo llegó después de que los medios publicaran que Pérez Olmos era el autor del documento con las preguntas del examen filtradas. Este segundo expediente, que se correspondería con el secretario de UGT en Madrid, llega tres meses después de que se abriera una investigación judicial contra él.
El mismo día en que comunicó estas decisiones judiciales, RTVE destituyó al director de RRHH, Jorge de San José, señalado por las filtraciones, y a Marta Torralbo, su responsable y directora corporativa; lo que fue interpretado en la corporación como una forma de depurar responsabilidades por las filtraciones, en el marco de compromiso de nuevo presidente de RTVE por esclarecer los hechos.
Pero casi al mismo tiempo se produjo otro movimiento sorprendente: RTVE anunció el nombramiento de Ana Cerrada, muy próxima a UGT, como nueva directora de RRHH, un puesto clave en la selección y contratación de trabajadores. La decisión ha generado recelos en algunos sectores la empresa pública, ya que este cargo es también el responsable de dirigir las investigaciones internas a los dos trabajadores expedientados, ambos vinculados a UGT.
Hasta ahora, no ha habido ninguna consecuencia laboral por las filtraciones más allá de la apertura de los expedientes, y los dos investigados siguen percibiendo su sueldo público. Hace sólo unos días, TVE sí despidió de manera fulminante al trabajador de una productora que difundió unos segundos del ensayo de la cantante Melody en el Benidorm Fest. Una revelación de secretos por la que, a diferencia del examen de oposición, sí ha tenido consecuencias.
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