Ayuso denuncia que la ley para limitar la acusación popular es una "amnistía preventiva para la familia de Sánchez"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este miércoles que la iniciativa socialista para limitar la acusación popular es solo una "amnistía preventiva para la familia de Sánchez". La propuesta tiene "graves repercusiones en el sistema procesal", ha advertido en rueda de prensa tras el informe que se ha analizado en el Consejo de Gobierno.

Ayuso apunta que, de seguir adelante esta iniciativa impulsada por el PSOE en el Congreso, se limitaría también toda la actuación de los gobiernos autonómicos. En la Comunidad de Madrid, en concreto, ha señalado que supondría que ya no podría seguir personada en los 28 casos de violencia contra las mujeres en los que está actualmente. Además, ha aseverado que las asociaciones de víctimas de ETA tampoco podrían presentarse en casos aún sin resolver.

Lo que ha llamado 'Ley Begoña' supone "atar las manos a los jueces usurpando sus funciones, acabar con la libertad de prensa y limitar el derecho a la tutela judicial efectiva", según la presidenta. "Más allá de la impunidad" que busca Sánchez para él y su familia, "incluido el fiscal general" del Estado, imputado en la causa de supuesta revelación de secretos del novio de la presidenta, Ayuso ha criticado que es una iniciativa "contraria al Estado de derecho" y se ha registrado como proposición del ley para "burlalo" y evitar informes de otros órganos. La presidenta ha incidido en este punto en su idea de que Sánchez está "poco a poco" metiendo a España en un régimen dictatorial, algo que repite desde hace tiempo: "Igual que en una dictadura", ha dicho, se va "vulnerando la Constitución".

La Fiscalía apunta a una "comisión encubierta" pagada por la pareja de Ayuso a Quirón para respaldar que se le imputen más delitos

Así, ha ironizado y reducido todo a que Sánchez busca callar a quien ose criticarlo, apuntando que el PSOE podría haber presentado una leyu con un "único artículo" que diga que está "terminantemente prohibido ejercer la acción judicial contra el presidente del Gobierno".

Sin iniciativas de momento

A pesar de las denuncias, la presidenta ha reconocido que el Gobierno regional no tiene ninguna propuesta para neutralizar la iniciativa socialista, y se ha limitado a decir que siguen analizando lo que se conoce hasta ahora para ver si hay posibilidad de proponer alguna posible acción por su parte y que "no culmine" esta nueva ley. "Este proyecto limita al máximo y expulsa a partidos políticos y las asociaciones vinucladas. Resulta paradójico porque el PSOE ha sido acusación popular en infinidad de casos", ha explicado.

Tras las críticas recibidas por asociaciones y oposición, el PSOE dijo que su intención no era eliminar la acusación popular sino "acotar" ese mecanismo, pero la dirigente madrileña envuelve esta iniciativa entra dentro de una estrategia de Sánchez de "sembrar la discordia y la desconfianza y el guerracivilismo". En definitiva, dice, un plan "implacable para alterar la Constitución". Sin embargo, al mismo tiempo que crítica el afán del presidente del Gobierno por modificar la Carta Magna por la puerta de atrás y de hacer tambalear las instituciones, apunta que es "admirable la fortaleza y la firmeza de tantas asociaciones de funcionarios y profesionales en defensa del Estado de Derecho".

En esa estrategia incluye también la acción de la Fiscalía contra su pareja y apunta, englobando los casos que afectan también a la mujer y hermano de Sánchez, que "a medida que la Justicia avanza e identifica delitos, el Gobierno solo puede ir cambiando las reglas para amnistiarse a sí mismo y no cabe mayor acto de corrupción".

Real Casa de Correos

Por otro lado, Ayuso ha confirmado que su gobierno recurrirá ante el Tribunal Constitucional la propuesta del Gobierno de declarar la Real Casa de Correos, sede del Ejecutivo autonómico, como lugar de memoria democrática, porque considera que solo busca reducir su historia "a un pasado tenebroso" con el "fin espurio" de "dinamitar la Transición", y además en su ejecutivo creen que es solo otro ataque más a su Gobierno por razones políticas.

La decisión se ha tomado después de que este martes el Consejo de Ministros haya rechazado las alegaciones del ejecutivo autonómico contra esta iniciativa, basada en la Ley de Memoria Democrática y bajo el argumento de que la Real Casa de Correos fue un lugar de tortura durante la dictadura franquista.