En el Congreso

El PSOE impulsa una ley para recusar jueces por sus "declaraciones políticas" y limitar la acusación popular

Los socialistas proponen que se inadmitan todas las querellas basadas en recortes de prensa y suprimir del Código Penal las ofensas a los sentimientos religiosos

Podemos denuncia que la propuestas es insuficiente y Junts anuncia que presentará una enmienda a la totalidad con texto alternativo

El PSOE registra una proposición de ley para proteger derechos fundamentales frente a "acciones judiciales abusivas"

Agencia ATLAS / Foto: EP

El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso una proposición de ley para "impedir el acoso que se sufre cuando hay quien utiliza las acciones judiciales de forma abusiva con el único fin de atacar a aquellos que no comulgan con sus planteamientos", en palabras del portavoz de los socialistas en la Cámara Baja, Patxi López. Según ha explicado, para ello plantean reformar la acusación popular, hacer que se inadmitan querellas basadas en recortes de prensa, permitir la abstención o la recusación de jueces por sus declaraciones de contenido político y suprimir el delito de ofensas a los sentimientos religiosos.

"Estamos asistiendo a la persecución y difamación sistemática de artistas, creadores, de científicos, periodistas y adversarios políticos por parte de sectores de ultraderecha que, pervirtiendo las herramientas del estado de derecho, utilizan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos", ha denunciado López antes de señalar que ante la "gravedad de estos hechos" han decidido "impedir los mecanismos de este caso". La mayoría de las modificaciones propuestas se basan en los casos judiciales en los que está inmerso el Gobierno desde hace casi un año.

Por un lado, plantean incluir en la Ley Orgánica del Poder Judicial una nueva causa para la abstención o recusación de jueces y magistrados por sus declaraciones de contenido político. En concreto, aquellos que hayan manifestado "la censura, el acuerdo o desacuerdo con actuaciones desarrolladas por autoridades o funcionarios públicos, partidos, sindicatos, asociaciones y otras entidades" en aquellos procedimientos en el que estas sean parte. López ha explicado que, de esta forma, se evitará la "politización de la justicia" y la "consecuencia fatal para la imagen de la imparcialidad del poder judicial".

Modificaciones planteadas

Por otro lado, la norma propone establecer la "obligación de inadmitir querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa". El portavoz socialista ha señalado que con esto solo llevan a rango de ley lo que ya es doctrina del Tribunal Supremo. Con este movimiento, la querella de Manos Limpias contra Begoña Gómez y que solo estaba basada en ocho recortes de prensa no habría sido admitida a trámite.

Los socialistas también quieren poner límite a la acusación de popular. López ha explicado que la reforma que proponen circunscribe la participación de la acusación popular a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella para evitar que durante la instrucción haya "filtraciones interesadas". Además, se exigirá que la acusación popular tenga un "vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente" y se prohibirá ejercer la acusación popular a partidos políticos o a asociaciones y fundaciones vinculados con ellos.

Lalachus

Por último, y citando las querellas presentadas contra la cómica Laura Yustres, conocida como Lalachus, por enseñar en la retransmisión de las Campanadas una estampita del Sagrado Corazón de Jesús con la cabeza de la vaquilla del Grand Prix, López ha dicho que se suprimirá el artículo 525 del Código Penal, donde se recogen las ofensas a los sentimientos religiosos. "Lo hacemos porque este es un delito que no registra apenas condenas y que, sin embargo, es utilizado permanentemente por organizaciones ultras para perseguir a artistas, a activistas, a representantes electos, haciéndoles pasar por procesos penales que son muy costosos", ha sentenciado.

La proposición de ley del PSOE ha sido duramente criticada por el PP, que considera que se trata de "un upaso más para laminar al poder judicial". Sin embargo, lo más problemático son los rechazos de Podemos y de Junts. Ambas formaciones consideran que es del todo insuficiente para hacer frente al 'lawfare'. Los posconvergentes han anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad, lo que podría dificultar que la norma sea aceptada a trámite.

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