Alto directivo en la Diputación de Badajoz con residencia fiscal en Portugal: las explicaciones que la jueza pedirá al hermano de Sánchez

En junio del pasado año, en medio de la tormenta mediática desatada contra el Gobierno por los casos Koldo y Begoña Gómez, una jueza de Badajoz abrió diligencias a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias contra el jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Se trata del alto cargo que ostenta en dicha institución el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, y contra él se dirigió una miscelánea de acusaciones basadas en noticias de prensa que iban desde irregularidades en la obtención de su puesto de trabajo hasta sospechas sobre el origen de su patrimonio por el uso de un "palacete" en la cercana localidad de Elvas, en Portugal, país donde el músico tributa por tener allí fijada su residencia fiscal.

Con el apoyo inicial de la Fiscalía, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital pacense, Beatriz Biedma, abrió una causa penal en la que también están investigados el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo y otros cargos de la institución como Alejandro José Cardenal Guijarro, jefe de Servicio de Apoyo Jurídico e Inspección del Área de Recursos Humanos y Régimen Interior". 

En esta causa ejercen la acusación, además de Manos Limpias, Vox y asociaciones que también ejercen la acción popular en otras causas dirigidas contra el Gobierno de Sánchez y su entorno, como son el caso Koldo (Liberum) o el que mantiene imputada a la esposa del presidente del Gobierno (Hazte Oír, Iuistitia Europa) además de Abogados Cristianos.

El caso empezó a instruirse y dio lugar a la entrada y registro hasta en tres ocasiones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la sede de la Diputación, donde los agentes se incautaron del contenido de los correos electrónicos de Sánchez, Gallardo y un buen número de trabajadores cuyo análisis ha permitido centrar la investigación en el tema de la obtención del puesto por parte del músico, cuyo nombre artístico es David Azagra.

Los testigos coinciden en que la plaza creada que ocupó David Sánchez "no era prioritaria"

Se le imputan indiciariamente delitos contra la Hacienda pública, tráfico de influencias, prevaricación y malversación relacionados con su responsabilidad en el programa Opera Joven y por su designación como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz, un puesto que según defienden las acusaciones se creó ex profeso para Sánchez y que cambió de denominación, ya que antes se denominaba coordinador de los dos conservatorios de música que gestiona esta institución.

Las citaciones de Sánchez, Gallardo y el resto de citados en calidad de investigados fueron, no obstante, recurridas por la Fiscalía, que encontraba que el auto de imputación no concretó de qué se acusa realmente a todos ellos, si bien la jueza ha rechazado todos los recursos presentados descartando la existencia de una investigación prospectiva.

Pese a que estas citaciones fueron recurridas por la Fiscalía, que hasta dicho momento venía apoyando las pesquisas, la jueza se reafirmó en sus decisiones y apuntó en un reciente auto que las declaraciones que se desarrollan entre el pasado miércoles y el próximo 17 de enero se fundamentan en indicios que señalan a la participación de los diferentes investigados, descartando la existencia de una investigación prospectiva. 

Los indicios, en los correos

Los indicios que mantienen la causa por el momento se fundamentan en un informe elaborado por la UCO el pasado mes de septiembre, consistente en el análisis de los correos electrónicos intervenidos tanto a Sánchez como a Gallardo y otros responsables de la Diputación. Entre otros extremos, afirma que para la elaboración de los presupuestos de la Diputación Provincial de Badajoz para el año 2017, el Área de Cultura, Juventud y Bienestar Social abordó las necesidades de personal y en dicho momento no se hizo mención alguna a la creación de un puesto de alta dirección para coordinar las actividades de los dos conservatorios existentes en Badajoz.

El propio Gallardo habría mostrado el parecer de que la propuesta de personal para dicho área era "excesiva", aunque tan solo unos días más tarde y por parte de un Técnico Asesor de Recursos Humanos se solicitó a la Directora del Área de Cultura la elaboración de una memoria justificativa para la creación de un nuevo puesto de alta dirección, como coordinador de los dos conservatorios provinciales, una petición que se hizo de manera urgente imponiendo un plazo de dos días para su elaboración. A ello se suma que el Director del Conservatorio Superior de Música manifestó que, teniendo en cuanta las necesidades del Conservatorio, pese a que el puesto de coordinador era de agradecer, existían "otras necesidades imprescindibles". Posteriormente, el puesto cambió su denominación.

Además de Sánchez y Gallardo, están citadas otras siete personas, todas ellas con diferentes responsabilidades en la Diputación. Este miércoles han comparecido la directora del Conservatorio Superior de Música 'Bonifacio Gil', Rosario Mayoral, y el exdirector de esta escuela, Evaristo Valentí además, de la directora del conservatorio profesional de musical 'Juan Vázquez', Yolanda Sánchez. Según ha manifestado la defensa de Sánchez al término de sus comparecencias, ninguno de ellos se ha manifestado de forma expresa respecto de la creación de plaza del músico, simplemente dijeron que "podía haber otras prioridades, pero desde el punto de vista académico".

Igualmente, han declarado tres responsables de la Agencia Tributaria en Extremadura, entre ellas la inspectora regional María Encarnación Cabezas, que han ratificado el informe en el que estimaron fiscalmente compatible la residencia en Portugal del músico con su puesto de alto cargo en la Diputación de Badajoz. En una comunicación posterior, la propia Santos comunicó a la instructora del caso que dicha conclusión no era fruto de una investigación formal sobre la posible comisión de delitos fiscales por parte de David Sánchez y se limitó a una simple consulta en las bases de datos de Hacienda.

Argumentos de la defensa

Por su parte, la defensa de David Sánchez que ejerce el letrado Emilio Cortés ha venido recurriendo todas las decisiones de la jueza, incluida la incautación de correos, si bien esta diligencia ha sido avalada por a Audiencia Provincial de Badajoz. Desde esta parte se defiende que en este asunto "se ha instado una realidad procesal paralela y postiza" que no tiene que ver con la realidad. 

Cortés defiende que cuando en 2017 se creó la plaza de alto directivo en la Diputación de Badajoz que ahora ocupa Sánchez y que cuestionan las acusaciones su hermano había "tocado fondo en el partido político en que milita". La defensa aduce igualmente que los delitos atribuidos no pueden sostenerse ni con el resultado de la pericia de la Agencia Tributaria, ni tampoco con las conclusiones del Informe de la UCO. El perfil profesional que ocupa Sánchez ya existía antes de que le fuera designado, "tratándose de un nuevo llamamiento público para su adscripción al candidato adecuado" por lo que considera que la acusación que apuna a la creación de esa plaza ad hoc es incierta.

En cuanto sobre las acusaciones de incremento patrimonial y enriquecimiento injusto, -- la querella acusaba a Sánchez de poseer una cantidad de acciones del BBVA que alcancen un valor de 1,4 millones de euros--, apunta a la aclaración ya realizada por el propio banco y remitida al juzgado en el sentido de que el valor de las mismas era de un total de 71.411,16 euros a fecha 30 de junio de 2023.