Crecen los recelos en Junts por el retraso a la tramitación sobre la cuestión de confianza a Sánchez

Junts contaba con que este martes, día 7 de enero, sería un día clave para la legislatura en el Congreso. Así lo expuso el líder de JxCat, Carles Puigdemont, cuando dio por hecho que esta sería la fecha en la que la Mesa de la Cámara deliberaría sobre la admisión a trámite de su proposición no de ley para instar al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. Puigdemont advirtió de que un "portazo" al debate de esta iniciativa podía conllevar consecuencias "irreversibles" y, probablemente, llevaría al "colapso" de la legislatura. Pero, finalmente, la Cámara baja no ha convocado ninguna reunión para este martes, lo que ha hecho crecer aún más los recelos de los posconvergentes frente al PSOE, ya molestos por el negativo balance de cumplimiento del acuerdo de investidura y el retraso en la transferencia de competencias en inmigración a Cataluña.

Junts esperaba poder tener listo antes de cerrar el 2024 el redactado de la ley. Pero, finalmente, las uvas llegaron antes que la fumata blanca. El incumplimiento de este plazo no ha roto las negociaciones, de hecho los equipos encargados siguen trabajando para forjar un pacto cuanto antes, pero fuentes de Junts consultadas por EL PERIÓDICO no confían en poder llegar a un entendimiento de forma inminente y advierten a los socialistas de que el tiempo corre y juega en su contra.

Los posconvergentes aseguran que ya no les vale con buenas palabras y reclaman hechos para poder seguir sentados en la mesa de negociación. Los votos de Junts son imprescindibles para la agenda legislativa de Sánchez y, en especial, para que salgan adelante los Presupuestos Generales del Estado que permitirían al presidente seguir al frente del Gobierno hasta terminar la legislatura con una mayor comodidad y exhibir unidad en el cóctel de socios que le sostiene.

La reunión de la Mesa

El mes de enero es habitualmente inhábil en las Cortes Generales -también en el Parlament- y, a menos de que se decida hacer una convocatoria por alguna razón de urgencia, hasta el mes de febrero no está prevista la celebración de ningún pleno. Esto explica que no haya necesidad de celebrar aún una reunión del órgano rector de la Cámara baja y abordar la cuestión planteada por Puigdemont. Es lo que argumentan fuentes del PSOE, que además aseguran que nunca ha estado prevista una reunión este martes. Aún así, las mismas fuentes señalan que es probable que la Mesa sí se reúna la semana que viene, aunque la decisión no está cerrada, informa Juan Ruiz Sierra.

A mediados de diciembre, la Mesa del Congreso -con mayoría de PSOE y Sumar- decidió aplazar la decisión alegando que la propuesta generaba dudas y que era necesario hacer un análisis más profundo del informe emitido por los letrados de la Cámara. Dicho fallo jurídico abría la puerta a debatir la proposición no de ley, aunque señalaba que debido a la falta de precedentes era la Mesa quien debía tomar la decisión final. La determinación que se tome en esta ocasión sentará cátedra de cara al futuro.

La cuestión de confianza, regulada por el artículo 112 de la Constitución -y posteriormente desarrollada en el reglamento del Congreso-, es una potestad exclusiva del presidente del Gobierno, que debe servirle para comprobar sus apoyos en la Cámara, aunque no está obligado a tomar ninguna decisión en caso de perderla. La oposición, por su parte, tiene su propio mecanismo, la moción de censura, regulada también por la Carta Magna. La principal diferencia es que esta lleva incluida la propuesta de un candidato alternativo a la presidencia del Gobierno que, de ganar la votación, se convierte en el jefe del ejecutivo, tal y como pasó en 2018 con la moción de censura a Mariano Rajoy presentada por Sánchez.

Los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar consideraron en un primer momento que la propuesta de Puigdemont era una especie de moción de censura encubierta, por lo que apostaban por tumbarla. Sin embargo, en su informe de 14 páginas, los letrados arguyeron que si se entendía la iniciativa como una herramienta para forzar un pronunciamiento de la Cámara Baja sin "carácter vinculante", se podía admitir a trámite. Con este dictamen bajo el brazo, los dos grupos consideraron que era mejor aplazar el veredicto, argumentando que querían estudiar mejor el informe, aunque a nadie se le escapó ya en aquel momento que este tiempo podía servir para dar margen a la negociación con los posconvergentes.

Sea como sea, el hecho de que se haya aplazado la decisión no tendrá consecuencias directas para la tramitación de la iniciativa. Aunque fuera aceptada ahora no se debatiría en el pleno hasta febrero.