El Gobierno aplicará a los 'influencers' la ley de derecho de rectificación para evitar la propagación de bulos

Los usuarios de redes sociales con más de 100.000 seguidores estarán incluidos dentro del ejercicio del derecho de rectificación. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto ley orgánica reguladora de derecho rectificación para agilizar y facilitar este ejercicio, con la principal novedad de que no se limitará solo a los medios de comunicación, sino también a los usuarios de redes sociales considerados de “especial relevancia”. Esto es, los que tengan en una determinada red social más de 100.000 seguidores o 200.000 en conjunto.

“Tenemos derecho a defendernos de los buleros profesionales”, ha justificado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El anteproyecto, que forma parte del plan de regeneración democrática, no contempla sanciones económicas a quien se niegue a rectificar antes de iniciarse un proceso judicial, aunque la norma entrará ahora en fase de tramitación parlamentaria con la posibilidad de realizarse modificaciones por parte de los grupos.

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La norma de 1984 se adaptará así al actual entorno digital y se defiende por la necesidad de “mejorar el debate público del país”. El ecosistema informativo ha cambiado y, según ha incidido Bolaños, “somos conscientes del impacto en todas las democracias de los bulos y las ‘fake news’ en el debate público”.

Otra de las novedades del anteproyecto tiene que ver con que se amplía el plazo para presentar solicitudes de rectificación de siete a diez días, así como que la remisión del escrito de solicitud no tenga que ser dirigido al director de un determinado medio. Ahora ese requisito será potestativo pues “hay pseudomedios que no se sabe quién es el director”, ha explicado el titular de Presidencia y Justicia.

Dentro del paquete del plan de regeneración, el Gobierno está trabajando en cambios de otras normativas, desde la ley de publicidad institucional o la reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para dotarla de competencias en la elaboración de un registro de medios de comunicación, con la obligación de informar sobre sus propietarios y fiscalizar la inversión publicitaria de las administraciones públicas.

Medios de comunicación

Otras de las reformas del plan incluidas en el eje sobre “medios de comunicación y garantía del derecho de los ciudadanos a una información veraz” tienen que ver con el deber de la publicación anual de inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y establecer un tope “para que no haya medios impulsados por o dependientes” de los gobiernos de turno. Por otro lado, se propone revisar el marco regulatorio para garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación.

El Gobierno también añadió al plan de medios una reforma de la ley electoral para obligar a publicar todos los microdatos de las encuestas electorales con el fin de evitar sesgos que busquen “influir” en el estado de opinión, una ley de secreto profesional de los periodistas para la protección de fuentes y la trasposición de la denominada directiva anti SLAPP para la protección de los periodistas de acosos externos. España tiene hasta mayo de 2026 para trasponer esta directiva. 

El Ejecutivo pretende además reformar el reglamento del debate del Estado de la Nación para que sea obligatoria su celebración todos los años. Desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa en 2018, solo se ha celebrado uno de estos debates sobre política general. En julio de 2022.