La Fiscalía pide al juez anular la citación del hermano de Sánchez al no encontrar "comportamientos con trascendencia penal"

La Fiscalía Provincial de Badajoz ha solicitado a la jueza Beatriz Biedma, que investiga al hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, por delitos relacionados con su puesto de alto directivo en la Diputación de Badajoz, que revoque el auto en el que citaba como imputados al propio músico y al presidente de la institución, Miguel Gallardo, al entender que de la investigación realizada hasta el momento no pueden concluir "comportamientos con trascendencia penal" que lo justifiquen.

"El motivar no significa razonar todo, pero sí un mínimo de atribución indiciaria de unos hechos relevantes", señala la fiscal Begoña García en un escrito al que ha tenido acceso este periódico. Tanto Sánchez como Gallardo, así como otros responsables de la Diputación, han sido llamados a declarar entre el 9 y el 10 de enero del próximo año.

"No hay en la causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados, lo cual consideramos esencial para su defensa y es esa omisión la que, a nuestro juicio, debe ser resuelta con anterioridad al despliegue de declaraciones", señala el escrito, que ahora ha sido puesto a disposición de las acusaciones para que argumenten lo que crean conveniente.

En su auto, la titular del Juzgado de Instrucción de Badajoz número 3 dice que David Sánchez debe ser citado como imputado "a los efectos de garantizar la plena efectividad del derecho a la defensa y evitar que puedan producirse (...), aun en la fase de investigación, situaciones materiales de indefensión".

Adopta esa decisión tras recibir un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con el análisis de los correos electrónicos incautados en la sede de la Diputación el pasado verano. La jueza explica en su auto que del análisis del informe deriva "la existencia de indicios racionales de criminalidad" relativos a los delitos contra la administración pública investigados, si bien la Fiscalía considera que no se han motivado suficientemente las razones para pasar a citar ahora a los investigados.

También alude a su escrito a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), que sostiene que los tribunales nacionales "deben indicar con suficiente claridad los motivos en los que se basan para permitir a los litigantes ejercer efectivamente el derecho al recurso del que disponen" y apunta igualmente a la doctrina del Tribunal Supremo para incidir en que las valoraciones de los jueces "tienen que ir precedidas de una cierta reflexión y valoración, pues no son autoevidentes". "No desconfiar por sistema de la policía judicial —ninguna razón existe para ello— no significa abandonar en ella una tarea que es primordialmente judicial”, concluye el escrito.