El juez cita el 25 de noviembre como imputado al empresario de la trama Koldo que se reunió con el ministro Torres

El juez que investiga en la Audiencia Nacional el caso Koldo, Ismael Moreno, ha citado a declarar como investigados desde el 25 de noviembre a socios y empleados del comisionista Víctor de Aldama, entre los que se encuentra el empresario Ignacio Díaz Tapia, quien mantuvo dos reuniones con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, según reconoció el propio expresidente canario.

Y para justificar su citación como investigados, la Fiscalía Anticorrupción recordaba al instructor que un informe de la Guardia Civil apunta su presunta participación en negocios de distinta índole que el comisionista de la trama puso en marcha durante el período de tiempo investigado que requirieron de la gestión de trámites con distintas administraciones. "Más concretamente, con los Servicios Balear y Canario de Salud en la adjudicación de un contrato de suministro a la empresa Eurofins Megalab", dice de forma textual el escrito del Ministerio Público.

De esta forma, el instructor hace caso a la Fiscalía Anticorrupción quien, además del mencionado Díaz Tapia, le reclamó la comparencia como investigados de Luis Alberto Escolano Marín y César Moreno García, que también comparecerán el 25 de noviembre; y de Javier Serrano Costumero y María Piedad Losada Romo, que están citados al día siguiente, el 26 de noviembre. Todos ellos, a excepción de Losada, habrían participado en los contratos que los Gobiernos de Canarias y Baleares adjudicaron a la empresa Eurofins Megalab.

Ocho agentes

En la misma resolución, Moreno también ha citado, en este caso como testigos, a ocho agentes del Servicio de Información de la Guardia Civil supuestamente relacionados con los pagos del comisionista Aldama al comandante del instituto armado implicado en la trama, Rubén Villalba, tal y como también reclamó Anticorrupción en un escrito de 7 de noviembre. Los cuatro primeros comparecerán el 2 de diciembre, y un día después, el 3 de diciembre, los cuatro restantes.

El Ministerio Público consideraba necesaria la declaración de los guardias tras constatar la existencia de transferencias e ingresos en efectivo realizados "por agentes subordinados a Villalba", quien estuvo destinado en la unidad antiterrorista de la Guardia Civil hasta conseguir una plaza en la Embajada de España en Caracas (Venezuela).