El juez eleva al Supremo la causa contra Alvise por los disturbios de Ferraz

El juez del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid, Alfredo Barrera, ha elevado al Tribunal Supremo una exposición razonada contra el eurodiputado Luis Alvise Pérez por un delito de desórdenes públicos relacionados con los disturbios en el entorno de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid.

Según ese escrito, al que ha tenido acceso este periódico, el magistrado pide al Supremo que interrogue a Alvise para poder esclarecer lo sucedido durante las noches investigadas. Unas jornadas en las que se produjeron disturbios en los alrededores de la sede socialista pocos meses después de las elecciones generales de 2023 y en un contexto en el que acababa de anunciarse un acuerdo para la amnistía de los implicados en el 'procés'.

Durante esos días, el presidente de Se Acabó La Fiesta, que por aquel entonces todavía no había anunciado su salto a la política, convirtió su canal de Telegram, en el que acumula cientos de miles de seguidores, en uno de los puntos calientes de las redes sociales para la organización de las protestas.

Alvise saca brillo a su 'escudo judicial', pero tiene límites: así puede perder su aforamiento

Aforado ante el Tribunal Supremo

La decisión de este juez de Madrid de elevar el caso ante el Tribunal Supremo viene dada por la condición de eurodipado de Alvise, que, a pesar de que no estaba aforado en el momento en el que se cometieron los hechos, su condición actual de eurodiputado hace que las denuncias penales contra él deban ser derivadas al Alto Tribunal.

Desde que su agrupación de electores consiguió tres eurodiputados en las elecciones del pasado junio, Alvise ha conseguido un 'escudo judicial' que está consiguiendo lastrar, o, al menos, demorar, todas las causas en su contra.

A las múltiples denuncias y querellas contra él por difundir en sus redes sociales bulos o información sensible (como una fotografía y datos de una hija menor de edad de Pedro Sánchez en sus redes sociales), se suma la causa que ha derivado ahora al Fiscalía del Supremo la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal de su partido gracias a los 100.000 euros que le entregó un empresario de criptomonedas investigado por una posible estafa piramidal.