El número 2 de Interior con Rajoy asegura que nunca ordenó ni se le dio cuenta de investigaciones a Podemos

El que era número dos de Interior durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha inaugurado la ronda de imputados en la causa en la que se investiga la querella presentada por Podemos por el presunto espionaje policial al que se sometió a líderes de la formación morada durante el Gobierno del PP. Su estrategia de defensa ha consistido en negar la mayor y asegurar ante el juez Santiago Pedraz que nunca ordenó ni le dieron cuenta de ninguna investigación relativa a diputados de la formación morada.

Durante su comparecencia, Martínez, también imputado en la operación Kitchen, por el espionaje al que se sometió al extesorero del PP Luis Bárcenas para que no colaborara con la investigación del caso Gürtel, solo quiso responder al fiscal y a su defensa. Alegó que no se le podía preguntar en relación con los chats que se le intervinieron en su teléfono, en los que Podemos basa gran parte de su querella, porque el juez Manuel García Castellón los apartó de la causa en la que investigó las cloacas policiales, por su contenido privado.

Entre esos mensajes había uno en el que Martínez le preguntaba a uno de los comisarios investigados, Enrique García Castaño -que no comparecerá dado su estado de salud, tras sufrir un ictus-, si le podía confirmar "los antecedentes" de los de Podemos que había estado mirando. "¿De aquellos de Podemos que tenían antecedentes podemos confirmar algo?", le escribió.

Pese a tratar de argumentar que no se le podía preguntar en relación a lo que decía en estos mensajes, Martínez fue dándoles respuesta a partir de las preguntas que se le realizaban. Así negó haberse pronunciado en esos términos e incluso dijo que se enteró por la prensa del informe Pisa sobre la supuesta financiación ilegal de Podemos con dinero procedente de Irán y que se llamó así por las siglas de su líder, Pablo Iglesias más Sociedad Anónima. Pese a que no contaba con membrete oficial de ninguna unidad policial, su publicación conllevó la interposición de denuncias en el Tribunal de Cuentas, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo.

Fuentes presentes en la declaración señalaron que dijo no recordar si esa filtración se había investigado, para lo que se amparó en el tiempo transcurrido, pero sí dejó caer que la presunta financiación irregular del partido de izquierdas se siguió investigando en el Juzgado Central de Instrucción número 6.

Por su parte, la acusación que ejerce Podemos ha solicitado al juez Pedraz que requiera información directamente a Asuntos Internos sobre los supuestos seguimientos, porque considera que la información que se ha recibido últimamente en el juzgado por la policía judicial no aclara el 80% de los seguimientos denunciados. Fuentes jurídicas apuntan a que un 10% de lo que habría aclarado la policía obedece a búsquedas automáticas, como las que se pueden producir al alojarse en un hotel, y otro 10 a actos públicos e incluso a la curiosidad de los agentes.

En el último informe aportado a la causa, adelantado por la Cadena Ser y al que ha tenido acceso este diario, se justifican algunos de los seguimientos en las amenazas que alguno de sus líderes, como el propio Iglesias, recibieron en la antigua Twitter, así como el atestado que se siguió a instancias del responsable de Seguridad del partido, Sergio Illanes, por las que se recibieron también a través de Facebook.

Además, destaca que las amenazas se dispararon tras las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2014, en las que Podemos obtuvo cinco escaños, motivo por el que el propio partido acudió a comisaría a denunciar la campaña de hostigamiento que estaba sufriendo, por lo que se desarrollaron actuaciones de contravigilancia con el fin de garantizar la seguridad de todos los implicados en una veintena de actos públicos celebrados ese año y el siguiente.