El jefe de la oficina de Puigdemont insta al juez a aplicar la amnistía en la causa de la trama rusa

El jefe de la oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluis Alay, ha instado al juez de Barcelona Joaquín Aguirre a que aplique la ley de amnistía a los investigados en el proceso judicial recientemente abierto por la presunta trama rusa en el procés. La defensa de la persona de confianza del expresidente catalán critica la actuación del magistrado y asegura que "estamos ante una resolución que no solo no es ajustada a derecho, sino abiertamente prevaricadora y desobediente que se ha gestado a partir de un uso indebido de fondos públicos para mantener una persecución política que no es compatible con las reglas de un estado democrático y de derecho", a la vez que califica la nueva causa de "insólita aventura procesal".

La representación de Alay recuerda que la ley de amnistía establece que solo quedan excluidos de esta medida los actos tipificados de traición, delito que incluye el juez en su auto de apertura de la nueva causa, "siempre que se haya producido tanto amenaza efectiva y real como un uso efectivo de la fuerza en contra de la integridad territorial o la independencia política de España", en los términos establecidos por la ONU sobre el derecho internacional y la cooperación entre estados. Según el abogado del jefe de la oficina de Puigdemont, "estamos ante unos requisitos cumulativos que, como es público y notorio, desde cualquier perspectiva racional, no se dan en el presente caso" y, por lo tanto, "los actos que se pretende atribuir" a Alay y a otros 12 investigados "entran de lleno en el ámbito objetivo" de la ley de amnistía.

La amenaza real y efectiva

Según la defensa de Alay, "nada de lo descrito" en el auto del 21 de junio de 2024 de apertura de la nueva causa "cumple con los requisitos-cumulativos- que el legislador ha previsto para que sea de aplicación la exclusión pretendida por el magistrado instructor". A su entender, "no se trata de si los actos atribuidos encajan o no" en el delito de traición, sino si, además, estas acciones "han producido o no tanto una amenaza efectiva o real" como el uso de la fuerza. "Es evidente", sostiene el abogado, que "un uso efectivo de la fuerza no ha sucedido más allá de en una dimensión paralela a la realidad". "Nada de esto sucedió y todos los sabemos", argumenta. Y agregar que la no aplicación de la amnistía "no será más que una interpretación arbitraria y aberrante" de las normas aplicables.

El juez Aguirre incoo las nuevas diligencias por las “objeciones técnico-procesales”, según él, planteadas por la Audiencia de Barcelona cuando le anuló la prórroga de la investigación del caso Voloh, de agosto del 2023, y, por lo tanto, no podía continuar las pesquisas en este procedimiento. Por esta razón, abrió este procedimiento a través del caso Catmon/Igman, en el que se investiga la presunta internacionalización del procés con subvenciones públicas a través de estas entidades de la órbita independentista, dirigidas por Víctor Terradellas, exresponsable de relaciones internacionales de CDC, y el diputado Francesc Dalmases, y el “soporte financiero de los gobiernos de Rusia y China” a una Catalunya independiente.