Caso Koldo
Un juzgado de Palma investiga al director de Sanidad de Baleares por dejar caducar la reclamación de la trama Koldo
El magistrado decide incoar diligencias previas a Javier Ureña a raíz de la denuncia del PSOE por un presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias
Solicita a la Fiscalía un informe para que se pronuncie al respecto
El director general del IB-Salut, Javier Ureña, junto al vicepresidente del Govern, Antoni Costa. / CAIB
Andrés Martínez
El Juzgado de Instrucción número 7 de Palma ha abierto una investigación al director general del IB-Salut, Javier Ureña, por dejar caducar el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros por el lote de mascarillas defectuosas de la trama Koldo. Según el auto al que ha tenido acceso este diario, el magistrado ha decidido "incoar diligencias previas" a raíz de la denuncia del PSIB-PSOE por un presunto delito de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.
En este sentido, las primeras diligencias que ha tomado el juez instructor es remitir esta cuestión a la Fiscalía para que se pronuncie al respecto a través de un informe. Según el contenido de este informe, el juzgado podrá optar por seguir con el procedimiento judicial o bien si el Ministerio Público considera que los hechos denunciados no constituyen delito alguno podría proceder a archivar el caso.
Expediente de reclamación
Cabe recordar que el Govern de Marga Prohens dejó caducar el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros por el lote de mascarillas defectuosas contra la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, imputada en el llamado caso Koldo, a pesar de haber afirmado durante semanas que seguía abierto. El Ejecutivo autonómico decidió no contestar a las reclamaciones de la sociedad investigada después de comunicar que el plazo para emitir la resolución era de tres meses.
De hecho, la trama de Koldo García conocía por el Govern que el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros iniciado por el Pacto por el lote de mascarillas defectuosas caducaba el 18 de enero, como sostiene la Audiencia Nacional
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