El juez Llarena esperará a que el TJUE resuelva las medidas cautelares que pedirá Puigdemont para ordenar su detención

El instructor del 'procés' en el Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no quiere reactivar y tener que volver a retirar las órdenes de detención internacionales y las euroórdenes que vuelva a dictar contra el presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el 'exconseller' que le acompaña en su huida, Toni Comín. Para evitar esa posibilidad, en una providencia este jueves tiene por presentadas las peticiones de la Fiscalía y de la acusación popular para reactivarlas contra los dos procesados en rebeldía, pero acuerda resolverlas cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie sobre las medidas cautelares que ambos pueden presentar para que se restablezca provisionalmente su inmunidad parlamentaria mientras se resuelve el fondo del recurso.

El juez recuerda que la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) del pasado 5 de julio, que desestimó los recursos de los procesados contra la decisión del Parlamento Europeo de conceder el suplicatorio contra ambos, es susceptible de ser recurrida en casación ante el TJUE en un plazo de 2 meses y 10 días, lo que supone que la fecha límite para hacerlo es el próximo 15 de septiembre. En la impugnación es posible pedir al Tribunal de Justicia que les devuelva la inmunidad parlamentaria de forma cautelar y provisional.

En el caso de que se le concediera mientras se resuelve el fondo del recurso, cualquer euroorden que hubiera podido emitir el juez quedaría inmediatamente paralizada. Ello obligaría a interrumpir su tramitación internacional y haría intrascendente el adelanto de la orden de detención a este momento, porque habría que retirarla.

En tres meses

La providencia añade que si no se recurriera la decisión -posibilidad que no se dará porque no hay ni una sola decisión judicial que Puigdemont no haya recurrido-, o el TJUE rechazara acordar la medida cautelar mientras resuelve el fondo de la impugnación, habría tiempo suficiente para ordenar de nuevo la detención internacional antes de las eleccciones europeas a las que los huidos ya han anunciado su intención de presentarse. El juez tiene en cuenta en este punto que el plazo máximo que establece la decisión marco para resolver cualquier reclamación de entrega europea es de tres meses.

La providencia añade que si no se recurriera la decisión -posibilidad que no se dará porque no hay ni una sola decisión judicial que Puigdemont no haya recurrido-, o el TJUE rechazara acordar la medida cautelar mientras resuelve el fondo de la impugnación, habría tiempo suficiente para ordenar de nuevo la detención internacional antes de las eleccciones europeas a las que los huidos ya han anunciado su intención de presentarse. El juez tiene en cuenta en este punto que el plazo máximo que establece la decisión marco para resolver cualquier reclamación de entrega europea es de tres meses.

De ahí que, pese a la premura que se han dado las acusaciones para pedir la reactivación de las órdenes de detención, el juez no tenga previsto resolver al respecto hasta que el Tribunal de Justicia de la UE se pronuncie sobre las eventuales medidas cautelares que planteen los procesados en su recurso contra la sentencia del TGUE, lo que según las fuentes consultadas por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, del grupo Prensa Ibérica, tardará aproximadamente un mes. Es decir, que en octubre o a más tardar en noviembre se conocerá la decisión sobre las cautelares.

Llarena recuerda que el Parlamento Europeo suspendió la inmunidad de la que gozaban los procesados en rebeldía al conceder el suplicatorio que él mismo había planteado por su responsabilidad en el 'procés'. Puigdemont y Comín recurrieron ante el TGUE, que durante la tramitación de la impugnación rechazó mantener de forma cautelar la inmunidad, pero sí lo hizo el TJUE, tras el arresto de Puigdemont en Cerdeña. La sentencia del pasado día 5 validó la autorización de la Cámara para investigarles, lo que supuso la retirada del privilegio que les confiere ser miembros de la Cámara europea.

Lo que el juez quiere evitar es volver a tener que dejar las euroórdenes en suspenso, en el hipotético caso de que el TJUE les devuelva temporalmente la inmunidad hasta pronunciarse de forma definitiva sobre la investigación abierta contra ellos por los delitos, ahora, de desobediencia y malversación en su modalidad más grave, penada con hasta 12 años de cárcel.