Dolores Delgado, siempre en el ojo del huracán

La designación de Dolores Delgado para la Fiscalía de Sala Memoria Democrática, un puesto de nueva creación y clave para el desarrollo de la ley del mismo nombre, ha vuelto a evidenciar el rechazo que la figura de esta veterana fiscal en la Audiencia Nacional y primera ministra de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez despierta en un amplio sector de la carrera, que nunca ha ocultado el escozor al verla saltar directamente del Consejo de Ministros a la cúpula del Ministerio Público en febrero de 2020. 

Cuestiones ideológicas aparte, la realidad es que las formas empleadas para llegar a los diferentes destinos que ha ocupado en los últimos años, tanto por parte del Ejecutivo socialista como por su sucesor en el cargo -el que fuera su mano derecha y actual fiscal general, Álvaro García Ortiz- quizá no hayan sido las más ortodoxas. Ello ha causado división y polémica en el seno de la carrera siempre que su nombre ha salido a colación, colocándola en ojo del huracán.

El último capítulo se ha sido este jueves, en un Consejo Fiscal en el que la mayoría de sus miembros -vocales de la mayoritaria Asociación de Fiscales y Salvador Viada como único representante de la Asociación Independiente y Profesional de Fiscales- se han abstenido en protesta por lo que consideran "manipulaciones" de García Ortiz para asegurar que el cargo recayera sobre la exministra socialista, eludiendo analizar previamente si en su caso incurría un "conflicto de intereses". 

El vocal Viada alertó por escrito al Consejo de que el problema surgía por la relación sentimental de Delgado con el que fuera magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, responsable de un despacho de abogados y una fundación (FIGBAR) que "tiene un objeto y una actividad que podría entrar en conflicto con las funciones que la ley atribuye a la Fiscalía de Sala de Memoria Democrática". La reacción de Delgado fue la de tratar de recusar a este vocal: "Su animadversión hacia mi persona compromete su imparcialidad", señalaba la exfiscal general en un escrito remitido al mismo órgano.

Su nombramiento, una decisión personalísima de García Ortiz, que es quien propone su nombramiento al Gobierno, se ha producido con un escaso apoyo del órgano consultivo, en el que Delgado únicamente ha obtenido el apoyo de los dos vocales de la Unión Progresista -a la que perteneció en su día-, del propio García y de las dos miembros natas del Consejo, que son nombradas por el fiscal general. "Rechazamos profundamente las formas", ha señalado la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, tras conocer la noticia.

Llegada a la cúpula fiscal

Tampoco su nombramiento el pasado mes de septiembre para el puesto que ocupa actualmente, la fiscalía de sala Togada del Tribunal Supremo, fue pacífico. Su ascenso a la cúpula de la Carrera fiscal fue respaldada por el sector minoritario frente a otro candidato que obtuvo seis apoyos y que tiene recurrido el nombramiento ante el Tribunal Supremo.

Tan sólo unos meses antes, el 21 de junio del 2022, la falta de apoyos parlamentarios obligó al PSOE a retirar una polémica enmienda introducida en la reforma de la ley Concursal que pretendía asegurar por ley un puesto a Delgado cuando cesara como fiscal general. 

La maniobra parlamentaria levantó fuertes críticas de la oposición e incluso del socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, y de otros aliados. Apenas un mes después cesó como fiscal general por problemas de salud sin que su estatus como fiscal de Sala estuviera asegurado. La situación se enmendó pasado el verano, con su designación como fiscal togada.

La sombra de Villarejo

Todos estos episodios levantaron ampollas entre los fiscales más conservadores, que ya habían mostrado una fuerte discrepancia con Delgado desde su llegada la Fiscalía General, recurrida sin éxito ante el Tribunal Supremo por falta de idoneidad. Desde que fue elegida por Pedro Sánchez como su primera ministra de Justicia, arrastraba las sospechas que los audios publicados en medios de comunicación levantaron sobre su relación con el comisario investigado y hoy considerado cerebro de la 'policía política' José Manuel Villarejo.

Entre las decisiones que la enfrentaron al sentir mayoritario de la carrera destaca el denominado 'caso Stampa', al no designar al fiscal que da nombre al caso, adscrito al 'caso Villarejo', para una de las ocho plazas fijas en Anticorrupción, lo que supuso su expulsión de la causa a finales de 2020.

Las explicaciones dadas en dicha ocasión por el que era entonces jefe de la secretaría técnica, hoy fiscal general García, levantaron sospechas sobre el papel que éste y su jefa directa jugaron en torno a unas diligencias de investigación que se abrieron a este fiscal y terminaron en carpetazo. Este archivo, que había sido paralizado hasta dos veces desde Fiscalía General, se interpretó como una injerencia sin precedentes de Delgado en este tipo de expedientes.