El yonqui del dinero pide anular casi toda la pieza del "call center" del caso Taula por un defecto de forma

El abogado de Marcos Benavent, el autoconfeso yonqui del dinero, ha alegado un defecto de forma para invalidar todo lo aportado a la pieza del caso Taula sobre el presunto amaño del "call center" tributario o centro de llamadas de la Diputación de València, por el que a partir de hoy se juzga a Benavent, Alfonso Rus y seis personas más.

El letrado Juan Carlos Navarro ha recordado que esta pieza separada se abrió en julio de 2016, la Fiscalía Anticorrupción pidió la complejidad en septiembre de 2016, pero el juez el caso Taula no resolvió hasta el 20 de junio de 2017 para acordar la complejidad de la causa. Unos plazos que suponen que la prórroga inicial de la causa, que vencía el 15 de enero de 2017, invalida todo lo que se incorporó a la causa después.

El resto de defensas se han adherido a esta petición y han vuelto a alegar la antijuridicidad del inicio del caso Taula con las grabaciones de Benavent aportadas por la entonces diputada de EU, Rosa Pérez Garijo, y el exsuegro de marcos Benavent, el empresario de Xàtiva, Mariano López, que también se sienta en el banquillo.

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido un receso de una hora para responder a estas cuestiones previas y el juicio se retomará a partir de las 12.30 horas.

En esta pieza sepaarada, la Fiscalía Anticorrupción pide 8 años de prisión para Alfonso Rus, 4 años y seis meses para Marcos Benavent y 13 para el empresario y exsuegro de Benavent, Mariano López, y el propietario de la empresa Servimun, adjudicataria del contrato del Call Center, Fernando Palomares. Seis de los encausados tuvieron que prestar una fianza de 1.184.906 euros a fin de cubrir las posibles responsabilidades pecunarias que puedan declararse procedentes si resultan condenados tras el juicio.

A Rus se lo considera presunto autor de delitos continuados prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. En el caso del exgerente de Imelsa, Marcos Benavent, los delitos que le atribuye la acusación pública son prevaricación y malversación, también con carácter continuado. 

Además, la causa se dirige contra otros seis acusados -bien como autores directos o como cooperadores necesarios- por delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y/o blanqueo de capitales, así como contra la empresa Servimun SL como responsable civil subsidiaria

El “centro de atención multicanal a los contribuyentes” de la Diputación de València se “externalizó” en 2012 mediante una encomienda de gestión a la empresa pública Imelsa (Impulso Económico Local SA). La privatización de este servicio, bautizado como “Call center” y adjudicado a la empresa Servimun el 20 de mayo de 2013, se justificó desde todas las instancias de la institución provincial, entonces dirigida por Alfonso Rus, como una manera de mejorar el servicio de atención telefónica tributaria a los contribuyentes. Aunque el proceso para la adjudicación estuvo, presuntamente amañado, para que la empresa Servimun ganara el concurso. Todo por la amistad que existía entre un funcionario de la Diputación de Valencia investigado en estas causa y responsable del contrato, Salvador Deusa, y Mariano López, ex suegro de Marcos Benavent.