AMPLIACIÓN DEL REGADÍO

El Gobierno andaluz no convence a Bruselas y se complica su posición sobre Doñana

Pese al contundente comunicado del comisario de Medio Ambiente, la Junta cree que la reunión va a “apaciguar la tensión” y no retirará la proposición

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una fotografía de archivo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una fotografía de archivo / María José López - Europa Press

Isabel Morillo

La situación del Gobierno andaluz con la proposición de ley que amplía las hectáreas de regadío en la corona norte del Parque Nacional de Doñana cada vez se complica más. El duro comunicado de la Comisión Europea, sin condescendencia hacia la propuesta que tramitan PP y Vox en el Parlamento andaluz, dificulta que los "cambios o modificaciones", que el presidente Juan Manuel Moreno se ha abierto a realizar, puedan reconducir el proyecto. Bruselas ha dejado claro que la iniciativa no le gusta nada por su "impacto negativo" en el mayor humedal del Sur de Europa.

No obstante, la Junta de Andalucía, tras la reunión celebrada este lunes con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, insiste en que Bruselas se ha comprometido a "evaluar todas las explicaciones e informaciones recibidas" y confía en que puedan salvar la proposición de ley sin que haya duras multas desde la UE. Desde el Gobierno andaluz se mostraron convencidos de que esa cita servirá para "apaciguar la tensión" y rechazan retirar el proyecto, como ha exigido el Ministerio para la Transición Ecológica. Están seguros de que la Comisión no pedirá que se retire la norma porque invadiría la autonomía del Parlamento de Andalucía.

PP y Vox seguirán adelante en la Cámara autonómica y el Gobierno andaluz insiste en que es posible hacer los cambios que pida Bruselas. De momento, la Comisión Europea ha dejado claro que la reforma legal va "en sentido contrario" a lo que dijo la justicia europea en una firme sentencia en junio de 2021, que exigió frenar la sobreexplotación de Doñana por el turismo en Matalascañas y la agricultura intensiva de los frutos rojos alrededor del Parque. También le da un tirón de orejas al Gobierno de la nación, al considerar que las medidas que está adoptando "no son suficientes". La firmeza en contra de la proposición de la Comisión Europea no es nueva. Ya hizo llegar una carta advirtiendo de una "violación flagrante" de la sentencia y abundó en que estaba fuera de la legalidad europea en una respuesta parlamentaria del comisario de Medio Ambiente.

No habrá enmiendas

Los partidos de la oposición PSOE y Por Andalucía han advertido de que no van a registrar enmiendas a la proposición de ley que se tramita con carácter de urgencia en el Parlamento andaluz. "No queda otra solución que abandonar la tramitación de esa proposición de ley", sostuvo el líder socialista Juan Espadas, "no vamos a colaborar ni planteando enmiendas ni intentando corregir algo que es un error grave y profundo". La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, exigió la retirada del proyecto y rechazó abrir ningún diálogo con la Junta: "No negociamos ilegalidades". El Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional si la norma sale adelante y ya ha avisado de que estudia como trasladar a la Junta de Andalucía el pago de las multas millonarias que la Comisión Europea puede interponer si el proyecto se aprueba.

"Desde Andalucía no vamos a contribuir a crear tensión y ruido sino tranquilidad para todos", señalaron fuentes del Ejecutivo autonómico tras conocerse la posición de Bruselas. Ese fue el posicionamiento tras difundir la Comisión Europea un comunicado donde dejaba claro su rechazo a la proposición de ley del regadío en Doñana y subraya que está “profundamente preocupada” por una propuesta que "podría degradar el humedal protegido de Doñana". Exige la Comisión la "ejecución plena y oportuna" de la sentencia de junio de 2021 y advierte que la proposición de ley va “en sentido contrario” a lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. "El proyecto de ley crea un marco legal favorable para el reconocimiento de los derechos de uso de aguas pluviales y de aguas superficiales que se sumarían a la excesiva presión" sobre las aguas subterráneas de Doñana. Es decir, aunque el agua sea superficial y el riego no dependa del acuífero de Doñana, como recoge la ley, Bruselas considera que se eleva la presión sobre el Parque Nacional y rechaza la proposición.

Mensaje de "tranquilidad"

El Gobierno andaluz asegura que consiguió trasladar "un mensaje de tranquilidad" al comisario y le entregó un documento explicando no sólo la proposición de ley sino las acciones que la Junta de Andalucía está llevando a cabo en materia medioambiental y para la protección de Doñana.

“Entre ellas, el cumplimiento en la construcción de importantes infraestructuras de depuración de aguas residuales, que ya provocó una multa millonaria de la UE a España. Un problema heredado que encontramos al llegar al Gobierno y que hemos solucionado en cuatro años”, señalan fuentes del Gobierno. La reunión la solicitó la Junta y no ha sido una llamada a capítulo, como sostuvo la ministra Teresa Ribera, por un supuesto procedimiento de infracción.

El presidente de la Junta se abrió el pasado viernes a hacer todas las “modificaciones y cambios” que pida Bruselas sobre la proposición de ley de “mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva”, que afecta a los términos municipales de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado. Esos cambios se pueden introducir durante la fase de enmiendas y alegaciones que debe aún pasar el texto en el Parlamento antes de que esté aprobado, lo que el calendario indica que ocurrirá antes de julio. El plan prevé que una oficina técnica revise caso a caso las fincas que fueron excluidas como suelo de regadío en el plan de reordenación de la fresa que se aprobó en 2014. De las 1.600 hectáreas que quedaron fuera de la ley se prevé regularizar aproximadamente la mitad, entre 750 y 800 hectáreas. Bruselas ha rechazado ese plan que trata de dar una solución a un millar de agricultores. El PP alega que es un problema heredado del anterior gobierno socialista y que es una realidad que no se puede ignorar.