El Gobierno exige la retirada inmediata de la ley de Doñana: “No negociamos ilegalidades”

El Gobierno exige de nuevo al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, que retire de forma “inmediata” la proposición de ley que tramita el Parlamento andaluz para la ampliación del suelo de regadío en la corona norte del Parque Nacional de Doñana. Si no lo hace, irá al Tribunal Constitucional y trasladará a Andalucía las multas que imponga Bruselas.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha comparecido desde Madrid tras la reunión celebrada en Bruselas con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicus, a la que ha existido el consejero andaluz de Medio Ambiente, Ramón Fernández-Pacheco. Ribera ha exigido la retirada de la proposición. “Es imprescindible”, señaló, para evitar sanciones económicas desde la UE. 

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"No se trata de una visita de cortesía como dice la Junta ni para explicar algo que no había entendido la Comisión Europea, que entiende y conoce perfectamente la situación”, sostuvo la vicepresidenta tercera. La reunión se produce como una llamada al orden ante la apertura de un expediente de infracción contra España, en la versión del Ministerio. La representación permanente de España ha participado en la reunión con su consejero de medio ambiente ante las instituciones europeas y con un abogado del Estado dado la "gravedad del asunto", informó Ribera. "La Comisión no es tonta", aseguró, es "vigilante ante los incumplimientos y ante nuevas amenazas". El Gobierno insistió en que acudirá al Tribunal Constitucional y que estudiará como trasladar a los responsables de la proposición las multas.

“No es posible dialogar sobre la ilegalidad”, advirtió la ministra, ante las llamadas al diálogo desde la Junta de Andalucía, "no negociamos ilegalidades". “No hay agua. No es posible inventar más agua”, añadió Ribera, que pidió a Juan Manuel Moreno y Alberto Núñez Feijóo que “dejen de poner en riesgo la credibilidad de España y que eviten el riesgo de que España sea sancionada”. La vicepresidenta insistió en que no caben enmiendas ni modificaciones al texto, solo su retirada.

La ministra aseguró que el comisario de Medio Ambiente tiene una “gran preocupación”. “No se trata de un asunto discutible ni sujeto a interpretación”, señaló Ribera. “No hay duda alguna” en la Comisión Europea, añadió. La ministra insistió en que Bruselas ha vuelto a advertir de que hay una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que condena a España como consecuencia de que el Plan Hidrológico 2015-2021 aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy “no tuvo en consideración las necesidades hidrológicas del Parque Nacional y supuso un incumplimiento grave de la directiva de hábitats”. La ministra advierte de que desde Bruselas han pedido que se refuerce el plan puesto en marcha tras la sentencia condenatoria de junio de 2021 y que la proposición de ley de PP y Vox “va en sentido diametralmente opuesto al necesario para la protección de Doñana y al comprometido por España en cumplimiento de la sentencia”. Si no se cumple, la Comisión ya ha advertido de que empleará “todos los medios a su alcance” y que acudirá “de nuevo a la justicia solicitando multa coercitivas contra el reino de España”.