RELACIONES CON LA PATRONAL

Feijóo y Garamendi hacen pinza contra la política económica del Gobierno en el año electoral

El apoyo a los empresarios, coincidiendo con el peor momento de relación con Sánchez, se confirma como un puntal en la oposición de Feijóo

Antonio Garamendi y Alberto Núñez Feijóo.

Antonio Garamendi y Alberto Núñez Feijóo. / EFE

Paloma Esteban, Marisol Hernández

La sintonía entre el PP de Alberto Núñez Feijóo y la CEOE es más fuerte que nunca. La posición mutua de dureza contra la reforma de las pensiones del ministro José Luis Escrivá la ha vuelto a poner encima de la mesa, pero la realidad es que las posturas coinciden en prácticamente todos los aspectos desde que el dirigente gallego desembarcó en la sede nacional de Génova. El Gobierno es muy consciente de esta pinza, hasta el punto de que acusa a la patronal de "actuar en clave política", según fuentes del Ejecutivo.

Pero, lo cierto es que la beligerancia que Moncloa ha mostrado últimamente con los grandes empresarios, acentuada con la marcha de Ferrovial a los Países Bajos y el señalamiento directo a los “intereses personales” de Rafael del Pino en palabras de Pedro Sánchez, y antes a otros líderes de grandes compañías, también, según Génova, ha acercado a los populares y la patronal durante estos meses.

La interlocución es constante y se ha visto todavía más reforzada por la exministra de Trabajo, Fátima Báñez, hoy presidenta de la fundación CEOE e incorporada recientemente a la nueva fundación del PP junto a otros exministros como Román Escolano y Josep Piqué. En lo político, no solo son las pensiones. Otras decisiones importantes del partido como el apoyo que terminaron dando el pasado verano al nuevo sistema de cotización de los autónomos solo llegó tras hablarlo y contar con luz verde de las principales organizaciones, y muy especialmente de ATA (que representa a estos trabajadores dentro de CEOE), según recuerdan fuentes populares a este diario.

Los reproches generales a la política económica del Gobierno en los últimos meses (la reforma laboral fue el último gran acuerdo en el que participó la patronal por entender que se dejaban fuera los elementos más lesivos y se mantenían muchas de las esencias de la anterior ley, con el sello de Báñez) han ido a más. Y el momento actual, un año electoral clave que podría llevar a Feijóo a la Moncloa según muchas de las encuestas publicadas, no es baladí. En el Ejecutivo aseguran que, pese a la buena relación que mantuvieron con los empresarios en la primera parte de la legislatura, en la CEOE hay una sensibilidad "extraordinariamente cercana al PP". Y no lo dicen por la ex ministra de Trabajo de Mariano Rajoy sino por dos dirigentes que, según fuentes del Gobierno, son los más próximos a Génova: Íñigo Fernández de Mesa y Gregorio Izquierdo.

Fernández de Mesa fue secretario de Estado de Economía con Luis de Guindos y ahora es vicepresidente de la CEOE y presidente del Instituto de Estudios Económicos de la patronal. Izquierdo, que ocupó la presidencia del INE durante toda la etapa de Gobierno del PP, es director de Economía de CEOE. En el Ejecutivo apuntan a que este organización empresarial es "muy compleja" y que, con sus lazos con Feijóo y con el PP, Antonio Garamendi se puede estar "garantizando" la reelección.

De hecho, su entendimiento con Pablo Casado era nulo y la anterior dirección le reprochaba constantemente su buena relación con el Gobierno. Las diferencias fueron tan profundas que el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, avaló, a través de Josep Sánchez Llibre, la presentación de una candidatura alternativa a Garamendi, que finalmente retuvo el poder con un altísimo apoyo.

Mensajes mimentizados

Estos días los mensajes del PP y Garamendi prácticamente se han mimetizado. Los dos consideran que la reforma de las pensiones es en realidad un “impuestazo al trabajo” que no sólo no resolverá las pensiones actuales, sino que contribuirá a agrandar el problema en el futuro inmediato y a largo plazo. Feijóo ha elevado mucho el nivel de crítica, como es habitual, por la falta de información que le llega del Gobierno, pero sobre todo por no tener “un sólo papel” de la propuesta del ministro de la Seguridad Social.

“No seremos cómplices de esto. No se garantiza la sostenibilidad del sistema de las pensiones”, zanjó tras escenificar su comunión con los empresarios en un foro organizado por ATA, en presencia de Garamendi, y cerrando un acto en el que las posturas estuvieron absolutamente alineadas.

El apoyo en los empresarios, aprovechando el peor momento de sus relaciones con el Sánchez (y mientras los sindicatos siguen teniendo mucho peso en los acuerdos) se confirma como un puntal de la labor de oposición de Feijóo. No sólo lo hace el líder nacional. Todos los dirigentes territoriales aprovechan sus intervenciones en esa misma línea. Esta semana el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, insistió en una defensa cerrada del mundo empresarial en una comparecencia que protagonizó en Madrid.

PP y patronal, "cortoplacistas"

En el Gobierno, por su parte, sostienen que ni la CEOE ni Feijóo han tendido voluntad de sumarse a los cambios en las pensiones. Escrivá ha repetido a lo largo de toda la semana que "llevamos esperando desde el mes de octubre propuestas de la patronal". Con el PP de Feijóo llegó a acordarse la reforma de los autónomos, señalan en el Ejecutivo, pero a partir de ese momento se impone la idea de que Sánchez se enfrenta a un deterioro de la economía y que lo más rentable electoralmente para Génova es "no ayudar" y esperar a que caiga. Con los empresarios la sintonía se rompió poco antes de la reelección de Garamendi, acosado por las críticas internas a su buena interlocución con la Moncloa.

Esta distancia ha llevado al Gobierno a buscar el apoyo de su mayoría de investidura, que tienen prácticamente asegurada, para convalidar el real decreto ley de las pensiones y hacerlo además, de manera previa a su aprobación en el Consejo de Ministros. El Ejecutivo insiste en que ni el PP ni la CEOE han querido negociar. Una posición que, consideran, "cortoplacista" e incomprensible porque, remarcan fuentes del Gobierno, la reforma tiene el aval de Bruselas y a lo largo de dos meses se ha pactado con los técnicos de la Comisión Europea porque era una de las condiciones para autorizar el cuarto pago de las ayudas europeas. La evaluación no será hasta dentro de unos meses pero, remachan las mismas fuentes, cuándo la UE la refrende de manera oficial "qué dirá Génova y la patronal".