La Audiencia atribuye prisas en pagos y trabajos discordantes con facturas al teniente coronel imputado en el 'caso cuarteles'

La Audiencia Provincial de Madrid atribuye al teniente coronel de la Guardia Civil Carlos Alonso, uno de los oficiales del instituto armado imputado en el 'caso cuarteles', comportamientos sospechosos cuando estaba al frente de la Comandancia de Ávila que justifican mantenerle como investigado junto a su superior, el teniente general Pedro Vázquez Jarava. El tribunal apunta presuntas corruptelas en las obras realizadas en 2016 y 2017 en hasta 26 acuartelamientos situados en la provincia. Los trabajos, por un montante de casi 170.000 euros, fueron adjudicados a empresas de Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', un empresario de Lanzarote citado en el sumario del caso Mediador y que sí está imputado en un juzgado de Madrid por las obras sospechosas en los cuarteles.

El pasado 20 de febrero la Sección Séptima de la Audiencia de Madrid dictó un auto que desestima el recurso de apelación presentado por la defensa del teniente coronel Alonso, actualmente destinado en la Comandancia de Madrid, contra la decisión de la instructora, la jueza María Isabel Durántez, de mantenerle imputado y no sobreseer las actuaciones.

Entre las conductas que los magistrados consideran que pueden suponer por parte de Alonso presunta falsedad documental y malversación está "la inmediatez entre la presentación de algunas de las facturas, su visado y su presentación al cobro", así como la "discordancia entre los trabajos realizados y el contenido" de estos documentos, tal y como señala el auto al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Madrid investiga este asunto desde noviembre de 2021 en relación con las obras realizadas por las empresas de 'Mon' en trece comandancias de toda España.

En la resolución, los magistrados Ángela Acevedo, Francisco Manuel Burñén y Juan Bautista Delgado apuntan hasta siete razones para mantener al teniente coronel Alonso como investigado en el procedimiento y desgranan los indicios que existen hasta el momento contra él. Todos ellos "permiten inferir una secuencia fáctica en la que concurren elementos como un aumento de crédito a final de año para la realización obras menores" entre otras, de pintura, en cuarteles en la provincia de Ávila, así como la recomendación de que se adjudiquen a un empresario en concreto con domicilio en Lanzarote y cuyas mercantiles tienen su sede en dicho lugar.

Orden de contratar a 'Mon'

En su declaración ante el Juzgado de Ávila que inició estas pesquisas en 2019, antes de que el caso se remitiera a Madrid tras descubrirse el número total de comandancias afectadas finalmente por adjudicaciones a Mon, Alonso apuntó que fue el entonces responsable de la Subdirección General de Apoyo, el teniente general Pedro Vázquez Jarava, hoy en la reserva, quien le había indicado que debía contratar a una empresa de Mon para realizar los trabajos en vez de acudir a empresarios locales. Vázquez Jarava ocupaba entonces uno de los puestos de más alto rango dentro de la Guardia Civil.

Así sorteaban la ley Jarava y 'Mon' para las adjudicaciones irregulares de obras en cuarteles de la Guardia Civil

La Audiencia de Madrid también incluye entre sus sospechas el procedimiento elegido para formalizar los contratos, al optarse por anticipos de caja fija y contratos de obras menores; así como la ausencia de un estudio previo de necesidad de los trabajos los acuartelamientos de la Guardia Civil de la provincia de Ávila.  

De este modo, se rechazan las alegaciones efectuadas por la defensa de Alonso, que apeló ante la Audiencia de Madrid argumentando que la instrucción de la juez Durántez "le causa indefensión por no valorar las alegaciones efectuadas por la parte, ni diligencias practicadas, refiriendo concretamente las declaraciones testificales, la pericial caligráfica y la investigación patrimonial".

Para la Audiencia, sin embargo, se ha de tener en cuenta que la investigación no ha terminado y que está pendiente de la realización de una pericial sobre la ejecución de obras en varias Comandancias "con las consecuencias que de ello pudieran derivarse en lo atinente al ámbito subjetivo del proceso y la averiguación de los hechos objeto del mismo".

Sobre la importancia de esta prueba, la Sala reitera que se centró en un primer momento en la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila, existiendo un informe pericial sobre este lugar en particular en el que se indican "desviaciones entre lo facturado y abonado y lo ejecutado en muchas de las obras".

Falsedaes en las facturas

En las actuaciones, según detalla el auto de la Audiencia de Madrid, se cuenta con la firma de Alonso en facturas por trabajos en los acuartelamientos de Las Navas del Marqués y de Sotillo de la Adrada que aparecen emitidas por otro de los imputados en la causa, un trabajador autónomo de Alicante subcontratado por 'Mon' como pintor, quien declaró en sede judicial que no reconocía ni su firma ni haberlas confeccionado.

Este mismo trabajador había confesado a la Guardia Civil que Ángel Ramón Tejera de León le pidió sus datos para hacer él mismo las facturas y pasarlas a la Comandancia de Ávila, y que lo hizo así porque Mon le debía un dinero y, según le dijo, era una "forma rápida para que se lo pagara"·

Otras facturas firmadas sí fueron reconocidas por Alonso, se trata de un total de 12 por por trabajos de pintura emitidas por Angrasurcor,S.L. y Solocorcho, S.L., empresas de las que es administradorTejera de León, entre las que se encuentran las correspondientes a trabajos realizados en los acuartelamientos de Arévalo, Candeleda, Piedrahita, Muñogalindo o Barco de Ávila, datadas entre el 8 y el 9 de noviembre de 2016.

Se cuenta además con el testimonio de una testigo que declaró en el juzgado de que cuando le llegó la noticia de una descentralización de crédito en relación con obras de pintura adjudicadas a Tejera de León "le sorprendió". En ocasiones, según esta misma persona, el empresario traía al cuartel "al mismo tiempo los presupuestos y las facturas" y las últimas se pasaban directamente para visado del teniente coronel Alonso, quien las abonaba "sin que se hubiesen realizado las obras".

Liberar el crédito

Otro de los testigos que han declarado en sede judicial mostró su extrañeza porque viniesen las obras adjudicadas a un empresario y añadió que no era normal que a final de año se liberase una cantidad de crédito como la que se realizó, que fue de 120.000 euros en la Comandancia de Ávila.

El testimonio de otro de los agentes de la Comandancia de Ávila cerca aún más a Alonso, pues afirma que el propio teniente coronel le manifestó que había un crédito para la realización de obras, que tenía constancia de que se estaban pasando facturas sin haberse ejecutado y que era él quien se encargaba directamente de la gestión. Asimismo, le ordenó que "se hiciesen las obras y luego se facturase como debiera" y que antes de una reunión que se mantuvo con el empresario Mon, Alonso le comunicó que "tenían que ser facturas inferiores a 5.000 euros" y lo debía saber el empresario porque traía facturas por obras menores.

Además, y con respecto al argumento esgrimido por las defensas de que en otras comandancias objeto de investigación los responsables aparecen en la condición de testigos, y no de investigados como Alonso, la Audiencia de Madrid apunta que dicha afirmación no se corresponde con el hecho de que haya declarado como investigado ante la Guardia Civil un Comandante responsable de la Jefatura de Personal y Apoyo de la Comandancia de Alicante. Se trata del tercer miembro del instituto armado que está siendo investigado por la juez de Madrid.