DERIVADAS DEL 'CASO MEDIADOR'

El imputado teniente general Jarava impulsó obras en la Guardia Civil no solicitadas por los cuarteles

La investigación de Asuntos Internos destaca distintas reformas tramitadas por el procedimiento de 'anticipo de caja' que favorecía el propio Jarava, así como decenas de facturas emitidas en pocas semanas

El imputado teniente general Jarava impulsó obras en la Guardia Civil no solicitadas por los cuarteles.

El imputado teniente general Jarava impulsó obras en la Guardia Civil no solicitadas por los cuarteles.

Cristina Gallardo / Tono Calleja Flórez / Roberto Bécares

La investigación interna de la Guardia Civil que ha destapado una presunta trama de corruptelas en obras de acondicionamiento en cuartelesde al menos 13 comandancias en toda España, facturadas por firmas del empresario canario 

 (varias veces mencionado en el caso Mediador), desvela que el teniente general Pedro Vázquez Jarava adelantó dinero para esas reformas desde la dirección de la Benemérita y provocó obras que ni siquiera habían sido solicitadas por personal designado en dichos acuartelamientos. 

Así se detalla en un informe sobre adjudicación de obras realizado por el propio instituto armado, de fecha 24 de enero de 2020, al que han tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA y otros diarios del Grupo Prensa Ibérica. El informe, que detalla el modus operandi que levantó las sospechas en el seno de la Guardia Civil, fue inicialmente remitido al Juzgado de Instrucción número 2 de Ávila, donde se inició la investigación judicial de un asunto que fue derivado posteriormente a Madrid -aquí está imputado Jarava, entre otros- donde se continúan las pesquisas por la juez de Instrucción número 3 de la capital María Isabel Durántez

El documento detalla distintas actuaciones tramitadas por el procedimiento de 'anticipo de caja' para agilizar las adjudicaciones, una práctica que en el caso del cuartel de Ávila se explicita en un correo electrónico que el también imputado en este asunto Carlos Alonso, jefe de la comandancia ubicada en dicha provincia remitió el 14 de julio de 2017 a la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil.

No encontraron empresas locales

En esta comunicación, Alonso informa entre otras cuestiones de que, como la asignación fue a finales de año, se optó por acometer las obras de pintura de diferentes acuartelamientos de las que podría estar finalizada y tramitada su documentación antes del cierre de caja. Por ello se adjudicaron "a la mayor brevedad posible", según explicó, y explorando el mercado de empresas locales que pudieran simultanear las obras en varios cuarteles a la vez para garantizar su finalización en menos de un mes. 

Como no hallaron ninguna, según aseguró, ampliaron las gestiones en otras provincias y llegaron a las del empresario canario -Angrasurcor S.L., Solocorcho S.L. y CanaryCork S.L- unas firmas que le habían sido "recomendadas" por el entonces subdirector general de Apoyo de la Guardia Civil, el teniente general Vázquez Jarava, al tratarse hipotéticamente de un empresario "especialista" en impermeabilización de fachadas y de cubiertas "que quería probar un nuevo producto que sería recomendable".

Así, se recoge también un segundo correo electrónico de 4 de noviembre de 2012 donde Alonso da cuenta de un aumento del crédito de 120.000 euros al concepto presupuestario 'edificios y otras construcciones' para el "acondicionamiento de puertas y dependencias oficiales" de los distintos acuartelamientos de la provincia.

"Mejorar la vida de mis guardias"

En su declaración en sede judicial, en junio de 2019, este mando argumentó en relación con la facturación por los trabajos de pintura que se habían realizado tres años antes en los 26 cuarteles de Ávila, y que cuando les "descentraliza" esos 120.000 euros, Jarava dijo que fuera para pintura y volvió a recomendar al empresario canario Tejera de León, alías 'Mon'.

Alonso intentó dar una explicación: "por tener capacidad de hacer muchas actuaciones de forma simultánea en toda la provincia y en corto plazo de tiempo, que era lo adecuado para llevar en tiempo y forma este acondicionamiento y mejora de vida, de mis guardias y de los cuarteles", añadió.

En este punto, los investigadores citan un informe que parece contradecir las palabras del citado mando de la Guardia Civil, denominado 'Situación y Propuesta de Obras' con la antefirma del propio Alonso y en el que no se incluye ninguna propuesta de reacondicionamiento en los cuarteles de Ávila que guarde relación aparente con los trabajos de pintura facturados a finales de 2016 a las empresas de 'Mon'.

Trabajos no necesarios

"La falta de necesidad de estos trabajos de pintura" se pone de manifiesto, según la investigación en el seno del instituto armado, en las contestaciones que los investigadores recaban de las compañías de Arenas de San Pedro, Ávila, Cebreros y Piedrahita al correo electrónico que se les había remitido en octubre de ese mismo año y por el que se le solicitaba que expusieran las necesidades de gastos que tuvieran en ese momento para mantener y reparar sus cuarteles. 

En todos estos casos, ninguna de las necesidades apreciadas en estas ubicaciones tenían relación aparente con los trabajos de pintura que fueron facturados al empresario canario. Contestaron de igual forma los comandantes de puesto de los acuartelamientos de Pedro Bernardo, Burgohondo, Mombeltrán, El Barraco, La Adrada, Cebreros, Madrigal de las Altas Torres y Hoyo de Pinares en sus declaraciones como testigos en esta investigación. 

Explicaron que bajo su punto de vista, y por encontrarse las dependencias en buen estado, haber experimentado reformas recientes, etc., no consideraban necesarios los trabajos de pintura que fueron facturados a las empresas de Tejera de León en los diferentes acuartelamientos.

Además, el General jefe de la 12 Zona de la Guardia Civil de Castilla y León confirmó a los investigadores que no se habían realizado estudio previo alguno de las necesidades en los cuarteles que pudieran motivar el citado aumento de crédito por 120.000 euros, ni tampoco se habían solicitado por parte de los órganos centrales "ningún estudio ni valoración previa a la concesión de la referida asignación".

En el caso de la Comandancia de la Guardia Civil en Santa Cruz de Tenerife, también se han constatado distintas actuaciones tramitadas por el procedimiento de anticipos de caja fija, fracturadas entre diciembre de 2014 y noviembre de 2018 por las tres empresas de 'Mon' antes citadas, a las que se suma Impermecork.

Aparece en este punto del informe un segundo empresario vinculado a 'Mon': se trata de Salvador Gutiérrez, domiciliado en Alicante y también imputado en Madrid, que junto a su socio canario habría ejecutado trabajos en acuartelamiento por un total de 130.565,44 euros en el mismo periodo.

Facturas en unas pocas semanas

De esas actuaciones tramitadas como anticipo de caja destaca la investigación 20 facturas emitidas por ambos empresarios en poco más de un mes, entre los días 14 de octubre y 21 de noviembre de 2016 por un importe conjunto de 95.693 euros por trabajos de pintura en acuartelamientos de Tenerife. En relación con esta a comandancia el informe da cuenta de un total de 47 facturas por importe conjunto de 927.499,74 euros, por el periodo total comprendido entre diciembre de 2014 y abril de 2019.

En un periodo similar, entre el 8 de noviembre y el 2 de diciembre de 2016, las mismas empresas y trabajador autónomo emiten 26 facturas que totalizan 120.000 euros más, las referidas a los acuartelamientos de Ávila y que según se deduce de las declaraciones testificales con los responsables de dichos cuarteles "no fueron ejecutadas pese a haber sido facturadas y certificadas de conformidad a su realización".

Una forma de operar parecida se encontró respecto a la Comandancia de Castellón, donde para obras de pintura a Angrasurcon, finalmente facturadas en el ejercicio de 2016 por importes respectivos de 58.353,82 y 59.986,48 euros. Se les indicó que se habían ordenado desde la subdirección General ocupada por Vázquez Jarava, y que además dispondrían de un crédito adicional para hacerlas frente. 

En Alicante, un correo electrónico de julio de 2017 del teniente coronel interventor jefe de la Unidad de Gestión Económica de la Zona de la Guardia Civil de Valencia informa de que "sin haber sido solicitados por la Unidad de Gestión Económica de la Zona ni a través de ésta por la Comandancia de Castellón", se recibió una asignación extraordinaria de crédito de 199.980,32 euros en el concepto presupuestario de "edificios y otras construcciones". 

De este total, se reclamaron 59.986,48 euros para la rehabilitación de la fachada del acuartelamiento de Torreblanca y otros 58.353,82 euros para la misma actuación en el acuartelamiento de Vall d'Uxió. Y ello, continúa el informe aun cuando las actuaciones en ambos enclaves "no fuesen solicitadas expresamente".

La documentación también acredita que Vázquez Jarava autorizó mediante correo electrónico, en marzo de 2017, 'descentralizar' otros 30.000 euros para las comandancias de La Coruña, Albacete y Cádiz a razón de 10.000 euros cada una de ellas, y se añadía que "dicha modificación de crédito se efectúa directamente a las comandancias de Albacete, La Coruña y Cádiz por orden del Subdirector General de Apoyo para atender diversas reparaciones".