El TC rechaza las recusaciones del PP contra Pumpido y los magistrados que nombró el Gobierno

Los magistrados del Tribunal Constitucional César Tolosa, Juan Carlos Campo y Laura Díez se han apartado voluntariamente de la deliberación de centenares de procedimientos en los que en su vida previa a su responsabilidad actual tuvieron algún tipo de participación. El primero por haber participado en la admisión de asuntos de la Sala de lo Contencioso del Supremo, el segundo por haber sido ministro de Justicia y pareja de la presidenta del Congreso, y la tercera como asesora de la Moncloa y vicepresidenta del Consell de Garanties Estatutàries. Aún así más de 50 diputados del PP y de Cs han recusado sin éxito a los dos últimos en decenas de procedimientos.

Se da la circunstancia de que el pleno del Constitucional (TC) ha admitido la abstenciones voluntarias de los magistrados, pero ha rechazado las recusaciones promovidas por diputados del PP y Ciudadanos contra ambos, el entender que se presentaron fuera del tiempo establecido por la ley para ello, incluso en los mismos procedimientos. La imparcialidad de ambos era cuestionada por los 'populares' en una veintena de recursos de amparo y de inconstitucionalidad, como los presupuestos generales del Estado, la ley de educación o la reforma de la ley del poder judicial que impide al CGPJ hacer nombramientos mientras está en funciones.

También en la ley de la eutanasia, la ley rider, la reforma laboral, los decretos con medidas para luchar contra el covid después del estado de alarma o las leyes catalanas para evitar el cumplimiento del 25% de castellano en las aulas. El pleno argumenta que su composición es pública, notoria e invariable desde el momento en que los magistrados toman posesión de su cargo. Como tanto Campo como Díez lo hicieron el pasado 9 de enero, el plazo para recusarles acabó 10 días después, y su imparcialidad no se cuestionó hasta el 31 de enero.

Ni el presidente

El pleno también ha inadmitido la recusación presentada contra Campo para apartarle de los recursos contra la reforma del Código Penal que derogó la sedición y modificó la malversación. Y la misma suerte ha corrido la formulada por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Vox contra el presidente del tribunal, Cándido Conde-Pumpido, y las magistradas María Luisa Segoviano y Laura Díez. El tribunal argumenta que dicha recusación supondría, en caso de su tramitación, una paralización inaceptable de las funciones del Tribunal Constitucional ante la que debe salvaguardar el ejercicio de su propia jurisdicción.

En cambio, admite las abstenciones presentadas por el propio Campo en todos los asuntos en que participó como diputado o como ministro de Justicia o como pareja de Meritxell Batet. Entre ellas figuran la ley Celaá, la de protección a la infancia y la ley rider.