Casi un año después de la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa, y mientas la UE ultima la décima tanda de sanciones al régimen de Vladimir Putin , los notarios españoles siguen participando en la congelación de activos a oligarcas, millonarios y altos directivos rusos relacionados con el Kremlin.

Desde sus despachos, detectan las operaciones inmobiliarias, constitución o ventas de empresas, permitiendo su bloqueo mediante avisos a Hacienda y a la autoridad supervisora en materia de prevención del blanqueo de capitales (Sepblac).

A día de hoy, según fuentes del Colegio General del Notariado, se ha detectado la actividad en nuestro país de 22 de estos oligarcas, así como intentos de movimientos de activos por parte de 111 personas físicas, de los que 31 eran familiares. También se ha avisado sobre operaciones referidas a 38 bienes inmuebles, de los que 19 eran propiedad del sancionado y otros tantos de familiares cercanos, han señalado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de este órgano.

Hasta el momento son un total de 1.386 personas y 71 las empresas incluidas en listas internacionales de bloqueo de fondos. Frente a la existencia de estos listados actúa el Órgano Centralizado de Prevención (OCP) del blanqueo de capitales del Consejo del Notariado, creado en 2005 y dependiente del Ministerio de Economía, cuyos técnicos son los responsables de analizar la información contenida en el Índice Único Informatizado Notarial. 

Se trata de una gran base que almacena y clasifica electrónicamente el contenido de las escrituras y de las actas públicas autorizadas por los más de 2.800 notarios existentes en nuestro país. En esta base están identificados de manera acreditada titulares reales de 2.094.000 sociedades limitadas, 126.000 sociedades anónimas y 210.000 personas jurídicas no mercantiles, como asociaciones, fundaciones o partidos políticos, según datos de abril de 2021.

Estructuras societarias complejas

Se cuenta también desde marzo de 2012, y gracias a su función en el ámbito mercantil, con una Base de Datos de Titular Real, que permite a las autoridades públicas saber quiénes son las personas ocultas tras una sociedad, incluso en el encadenamiento de estructuras societarias complejas. 

Al confrontar la información de sus clientes con ambos sistemas, los notarios pueden llegar a unas conclusiones de las que dan cuenta al Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP), que analiza estas referencias y reporta a las autoridades económicas, que son las que en último término ejecutan los bloqueos.

Además de sobre personas físicas incluidas en los listados de oligarcas rusos y sus bienes inmuebles, desde el OCP se ha remitido a las autoridades en materia de prevención de blanqueo información sobre diversas empresas tanto españolas como extranjeras relacionadas con ellos. 

Del primer bloque se ha informado, según las mismas fuentes, sobre un total de 16 personas jurídicas, 9 de las cuales estaban relacionadas directamente con personajes en las listas internacionales y otras 6 con miembros de su familia. Por lo que respecta a las personas jurídicas extranjeras, los notarios españoles han alertado de las actividades de un total de 14, de las que 7 se consideran relacionadas directamente con los sancionados y otras 7 con familiares de éstos.

 

También se ha señalado a un total de 12 bienes inmuebles, 7 de ellos vinculados a empresas de personas en las listas de sancionados internacionales y otros 5 relacionados con empresas de personas de su entorno familiar. Además de esta labor de análisis, los notarios no autorizan ningún documento notarial en el que figure alguna de las personas físicas o entidades rusas sancionadas por la Unión Europea.

 La detección de los movimientos de estas personas por parte de los notarios procede de las circunstancias que las obligan a acudir a sus oficinas en nuestro país cada vez quieran efectuar cualquier negocio inmobiliario, dar poderes, constituir empresas, o realizar un reconocimiento de firmas. Todo ello pasa por las notarías.

La labor en la detección de movimientos de oligarcas rusos vinculados al Kremlin no es nueva, ya que la OCP trabaja en este ámbito desde 2014, cuando se aprobaron unas listas coincidiendo con la adhesión de Crimea a la Federación Rusa.

Por lo que respecta a las próximas sanciones, la presidenta de la Comisión Europea Úrsula Von der Leyen estima en 11.000 millones el valor de las sanciones que se están ultimando para el aniversario de la guerra, y se estudia sancionar a 170 individuos y entidades rusas, informó Europa Press.

La última ronda de sanciones se aprobó el pasado 15 de diciembre, tras producirse un recrudecimiento del conflicto, cuando los veintisiete ampliaron 'lista negra' para añadir a 144 personas y 48 entidades responsables de los ataques rusos contra objetivos civiles en Ucrania. Las restricciones se extienden desde entonces a las Fuerzas Armadas de Rusia además de a ministros, gobernadores, dirigentes de partidos políticos rusos y representantes de la Duma.