Justicia

Una huelga indefinida de letrados pone en jaque a Llop con riesgo de paralización de los juzgados

Según los convocantes el paro fue seguido por el 81 por ciento de los 4.200 altos funcionarios que ejercen esta función en España, mientras que Justicia rebaja este porcentaje al 28,3 por ciento

Huelga de los letrados de la Administración de Justicia.

Huelga de los letrados de la Administración de Justicia. / EFE

Cristina Gallardo

Los letrados de la Administración de Justicia -antiguamente conocidos como secretarios judiciales-, han comenzado este martes una huelga indefinida que pone en jaque la gestión de este cuerpo dependiente del Ministerio de Justicia, a cuyo frente está Pilar Llop. Estos altos funcionarios, depositarios de la fe judicial y responsables de la tramitación de las causas en los juzgados y de la disposición de fondos, reclaman una adecuación salarial que, según el colectivo, acumula casi 14 años de retraso desde que en 2009 una reforma legal incrementó las tareas de las que son responsables.

La huelga ha tenido por el momento un seguimiento desigual, pero ha logrado paralizar decenas de juicios y diligencias previstas en los órganos judiciales de toda España y sus efectos se dejarán notar si el paro persiste en los próximos días, como han anunciado los convocantes, que son tres de las asociaciones que representan de forma mayoritaria a un colectivo que integra 4.200 efectivos. 

Según el Colegio Nacional de Letrados de Administración de Justicia, la Unión Progresista de letrados y la Asociación Independiente, que son los convocantes, los paros han alcanzado el 81 por ciento en una jornada histórica en la que casi 1.000 letrados de toda España han participado en una concentración en la madrileña plaza de Callao, para dirigirse después a la sede del Ministerio. Según el departamento de Llop, que no ha facilitado ni anunciado ninguna reunión, estos paros apenas han superado el 28 por ciento en toda España, a lo que se une un especial incremento de peticiones de permiso para el día de hoy.

Audiencia Nacional y Supremo

Fuentes de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremoconsultadas por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, del grupo Prensa Ibérica, detallan un seguimiento irregular de la huelga en ambos órganos, pues en el primero de ellos solo habrían parado 6 de los 41 letrados que prestan allí sus servicios, la mayoría de la jurisdicción penal, mientras que en el Tribunal Supremo se habrían unido a la convocatoria el 70 por ciento de los letrados. Por lo que respecta a la Audiencia Provincial de Madrid, fuentes jurídicas señalan que los paros han afectado este martes a 10 de las 15 secciones de lo Penal. Pese a que se han establecido servicios mínimos, éstos solo afectan a las medidas cautelares, por lo que multitud de sentencias habrían quedado sin notificar, una situación que se prolongará durante los próximos días.

Según los convocantes, el paro de estos funcionarios no es baladí, pues los secretarios judiciales son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones de euros. De este modo, el paro afectará a los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc.) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.). También se verán afectados los trámites en los registros civiles, como los matrimonios, si bien otros asuntos se incardinan en los servicios mínimos y no notarán la huelga, como son los relativos a menores.

Intentos de mediación del CGPJ

Para tratar de evitar que se llegara a esta situación se han llegado a buscar mediadores tanto entre la Abogacía -se ha postulado para ello el nuevo decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, como en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Varios letrados (lajs) del Tribunal Supremo entraron en contacto con los vocales María Ángeles Carmona, Concha Sáez, Álvaro Cuesta y Gerardo Martínez Tristán, sin mucho resultado.

Fuentes del órgano de gobierno de los jueces señalan a este diario que de este movimiento fue informado el actual presidente suplente del órgano, Rafael Mozo, para que contactara al más alto nivel con la ministra y le hiciera saber la inquietud por el desarrollo de los acontecimientos. Pero a pesar de ello, no se han producido reuniones entre el ministerio y los convocantes.

La postura del Ministerio fue dada a conocer ayer en rueda de prensa por el secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, que calificó la convocatoria de huelga de "política" y "sin finalidad profesional alguna", denunciando además "que quiere perjudicar a los ciudadanos". "Es una huelga contra el pueblo", llegó a decir, lo que fue duramente contestado por el colectivo, que pidió su cese.

La huelga indefinida convocada para este martes es el resultado del conflicto laboral que mantienen los LAJ desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que les ha llevado a protagonizar ya huelgas puntuales --que obligaron a suspender juicios y declaraciones, incluidas algunas del conocido como 'caso Villarejo' en la Audiencia Nacional-- y concentraciones. Las tres asociaciones convocantes reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que "las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo".

El "detonante" del conflicto se sitúa en el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021". Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: "No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (...) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento", denuncian.