Los planes de enero del Gobierno van mal: se le atragantan las tres leyes que quiere pactar

El Gobierno pidió impulsar durante el mes de enero en el Congreso tres leyes. Actualmente, son tres problemas. Los grupos de los que dependen las aprobaciones empiezan a divisar un panorama sombrío, indican a este medio fuentes parlamentarias.

Son los proyectos de nueva ley de vivienda, de derogación de la ley mordaza y de eficiencia organizativa del servicio público de justicia. El primero es ya un símbolo, y no solamente en el plano ideológico. Ocupa un lugar primordial en la ofensiva social que quiere desplegar Pedro Sánchez cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo, y cara a las generales que previsiblemente convocará para finales de año. Pero el acuerdo no se acerca. 

El segundo es otro símbolo. Al igual que el anterior, fue un compromiso incluido en el acuerdo programático que PSOE y Unidas Podemos firmaron para componer la coalición. Tres años después, y a pesar de los avances, que los ha habido, el pacto se ve lejos. La causa radica en cuatro-cinco artículos. Como dicen las fuentes, un 4% del contenido está paralizando la norma, pero qué 4%. 

Tan exiguo porcentaje afecta a reclamaciones clave de ERC y EH Bildu, grupos sin los cuales el proyecto difícilmente cuajará. Afecta al uso de pelotas de goma por parte de la policía. Afecta al grado de responsabilidad de los organizadores de manifestaciones. Afecta a qué sanción poner por faltar al respeto a las fuerzas de seguridad. Afecta a la multa por desobediencia y resistencia a la autoridad. Y afecta a las devoluciones en caliente en Ceuta y en Melilla.

El tercer proyecto, el menos mediático, es otro lío. Hablamos de una ley que, de salir adelante, revolucionará la forma de trabajar de los funcionarios de justicia de todo el país. La ponencia para iniciar el informe, una vez registradas las enmiendas, se formó en septiembre y antes de fin de año perfiló un borrador gracias a que una mayoría lo hizo posible. Sin embargo, una serie de aspectos comprometen la viabilidad de la norma, según han informado fuentes de la negociación.

El PP no va a apoyar el texto de ningún modo porque, explican sus fuentes, conlleva una reorganización “revolucionaria” de la planta judicial sin negociación colectiva previa, lo que desaprueba de plano. Cs está dudando, comentan en este grupo, porque pocas de sus enmiendas han entrado. El Gobierno, según fuentes de la formación liberal, ha rechazado su demanda de más formación de los jueces en violencia de género y propuestas diversas para un aumento retributivo. Ahora mismo, la idea es no apoyar. La abstención es una posibilidad.

Hasta aquí, algo esperado. Que PP y Cs se desmarquen de las iniciativas del Ejecutivo sucede a menudo en el Congreso, aunque en el caso de los populares, muy a menudo. 

Pero el mapa de aprobación de esta ley se está empezando a enmarañar porque un grupo clave para ello, ERC, no está a gusto. 

Fuentes parlamentarias conocedoras de la negociación advierten de que a la formación catalana no le gusta el proyecto. No comparte en absoluto la supresión de los jueces de paz, su sustitución por una suerte de oficinas municipales. Las fuentes remarcan que para Esquerra la medida, en vez de agilizar el servicio de justicia, lo traba aún más. Otras fuentes creen que la razón es otra. Los jueces de paz, al ser designados por los ayuntamientos, permiten a los partidos alargar su correa de transmisión política. Algo así, con unas elecciones municipales asomando por el horizonte, no conviene para nada. Lo que está claro es que los 13 diputados republicanos no viven, hoy por hoy, en el sector del “sí”, y eso compromete el proyecto.

Una conexión

Pero no es el factor que más preocupa, siendo el citado un factor preocupante. Aunque en el borrador del informe de la ponencia no figura, tal y como ha comprobado este medio, el PSOE mantiene una enmienda que para su principal socio político y parlamentario, Unidas Podemos, es una afrenta. 

La enmienda, anunciada en septiembre, consecuencia de la presión del PSC, según han reseñado todas las fuentes consultadas, es una modificación de la ley de enjuiciamiento criminal que agiliza los desalojos de los “allanamientos de morada o usurpación de bienes inmuebles”.

El Partido Socialista, con la propuesta, quiere que un juez o tribunal, en 48 horas, proceda al desalojo. Iniciará el procedimiento la instancia de parte legítima o la remisión del atestado policial. 

El PSOE, como explicó en su momento el portavoz en el Congreso, Patxi López, defiende la enmienda porque, además de la agilización, establece cautelas sociales. Así, si “se pusiera de manifiesto la existencia de personas en riesgo de exclusión social o de especial vulnerabilidad, o una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, el Juez o Tribunal lo comunicará inmediatamente a la entidad pública local o autonómica competente en materia de servicios sociales y de protección de menores así como al Ministerio Fiscal, a fin de que puedan adoptar las medidas de protección que resulten necesarias”.

Pero esas cautelas no han ablandado ni mucho menos la posición de Unidas Podemos. Las fuentes de la negociación subrayan que han sido numerosas las veces que han pedido al grupo socialista la retirada de la enmienda. La insistencia no ha conducido a nada; no han cambiado las posiciones. Para aumentar la presión, el grupo que dirige Pablo Echenique ha comunicado a la dirección parlamentaria socialista que no negociará la ley de vivienda mientras siga esa enmienda latiendo en la tramitación.

Aquí aparece la conexión entre dos leyes bloqueadas. Hay más razones que contribuyen al empantanamiento de ambas, vistas separadamente. Sin embargo, este vínculo es trascendente. Fuentes de la negociación rebajan la relevancia, no obstante. Opinan que la dependencia de la ley de vivienda de esa enmienda contra la okupación es una medida de presión; no es un posicionamiento político. Unidas Podemos está hablando sobre la ley de vivienda al margen de la propuesta de Patxi López y los suyos.

Con todo, el panorama de estas tres leyes no muestra demasiada luz. La semana que viene comenzará ‘oficiosamente’ el periodo de sesiones, ya que Pedro Sánchez comparecerá ante el pleno en una sesión que servirá, además, para convalidar los dos últimos decretos leyes del Consejo de Ministros, el de la bajada del IVA de productos de primera necesidad y el del Estatuto del Artista. Enero se encamina hacia su final y las tres normas estrella del Ejecutivo no invitan al optimismo.

Ponencia de la Ley de Vivienda

Las fuentes informan que el próximo martes, 24 de enero, se formará la ponencia encargada de redactar el informe sobre la ley de vivienda. Piden no aguardar avances sustanciales porque se abordará la constitución y la fijación de un calendario de trabajo, nada más. La negociación sobre los asuntos cruciales, en especial cómo limitar los precios del alquiler en zonas tensionadas, se ha detenido. Habrá movimientos, sin duda, esto no lo duda ninguna fuente, pero la realidad, a punto de extinguirse el mes, es que se ha avanzado muy poco.

Los contactos para definir la derogación de la ‘ley mordaza’ no han cesado. El acuerdo no llega, pese a todo. Cunde ya cierto malestar en la negociación. Fuentes implicadas lamentan que haya filtraciones sobre una evolución optimista de las conversaciones. Los escollos, los mencionados antes, son muros que el PSOE no salta. “Pinta mal”, sentencia una fuente, que sospecha de la dirección socialista una maniobra que no le gusta nada: buscar responsabilizar a otros grupos de un hipotético fracaso.

Ambos trámites forman un espejo en el que la mayoría progresista del Congreso se está mirando. Transcurridos 20 días de enero, no termina de agradar lo que ven. PSOE y Unidas Podemos confían en terminar el mes con un grato retrato de la situación política. ERC y EH Bildu no ven el escenario con la misma ilusión. PNV y PDeCAT albergan dudas sobre vivienda y eficiencia de la justicia. Queda mucho camino que recorrer todavía, pero ese camino, más que un camino, se parece a un alambre.