Tramitación en el Congreso

La ley de Llop para reorganizar los juzgados prevé un cupo para primar a funcionarios que hablen euskera

El borrador de la ponencia de la Ley de Eficiencia organizativa introduce disposiciones para facilitar la deslocalización que afectarán a las condiciones laborales en la Administración de Justicia

La ministra de Justicia, Pilar Llop.

La ministra de Justicia, Pilar Llop. / EFE

Cristina Gallardo - Ángel Alonso Giménez

Una de las tres leyes de eficiencia dirigidas a modernizar la justicia en nuestro país que impulsa el Ministerio de Justicia, y que se encuentra en pleno trámite en las Cortes, prevé incluir una disposición transitoria para crear un cupo de reserva de plazas que primará a hablantes de euskera que aspiren a las plazas de funcionario de los nuevos tribunales de instancia. 

Estos nuevos órganos judiciales sustituirán a la actual estructura unipersonal de los juzgados en todo el ámbito nacional, y junto a la eliminación de los juzgados de paz -que se sustituirán por oficinas municipales - supondrán una verdadera revolución en términos organizativos de la Administración de Justicia en nuestro país, según los impulsores de la norma.

La creación del cupo en el País Vasco se contiene en el borrador de la ponencia que será analizada en las próximas semanas por el Congreso de los diputados, a la que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, y se introduce como disposición transitoria décima en la norma. 

La ponencia tiene previsto incluir otras novedades respecto del Proyecto de Ley aprobado el pasado mes de abril por el Consejo de Ministros, como son disposiciones para facilitar la deslocalización del trabajo, que afectarán a las condiciones laborales en la Administración de Justicia y nuevas competencias para los juzgados de lo mercantil. También se introduce una modificación del Estatuto Fiscal para regular la actuación de los fiscales que deben velar por la protección de datos.

Plazas interinas por razón de idioma

En cuanto al cupo de plazas, se trata de un sistema novedoso que permitirá dar una especial valoración de mérito a los funcionarios que dominen el euskera "hasta que en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Euskadi la tasa de interinidad en los puestos de trabajo singularizados por razón de idioma sea inferior al ocho por ciento". Hasta que se llegue a ese porcentaje, en las ofertas de empleo público que elabore el Ministerio de Justicia se reservará un cupo de plazas vacantes singularizadas de acceso libre en las que se pueda establecer una especial valoración del mérito del idioma cooficial.

El cupo afectará a los funcionarios encargados de la gestión procesal en los nuevos órganos. Su introducción en la ley permite deducir que, en la actualidad, cuando se han convocado concursos de traslado para cubrir puestos de trabajo singularizados por idioma, en dicha comunidad se han encontrado con que en realidad se cubrían pocas plazas, es decir, se presentaban pocos candidatos con conocimiento de euskera. El nuevo mecanismo permitirá potenciar el idioma sobre la capacitación a la hora de cubrir esas plazas, según las fuentes consultadas.

La ley se estructura, según el texto de la ponencia, en un artículo único, dos disposiciones adicionales, once disposiciones transitorias y otras once disposiciones finales que modifican diferentes leyes como son la del Poder Judicial, las de Enjuiciamiento Criminal y Civil, la ley de Jurisdicción Contencioso-Administrativa y también el Estatuto Fiscal.

Cambio de condiciones laborales

También se incluyen ahora en la ley medidas que facilitarán la deslocalización del trabajo de tribunales y oficinas judiciales, con el objetivo de posibilitar que parte de sus integrantes "presten sus servicios de forma telemática desde oficinas más próximas a sus lugares de residencia, favoreciendo con ello la conciliación familiar y laboral, la sostenibilidad y la protección del medio ambiente".

La nueva definición de puesto de trabajo que se incluirá en la ley, según los impulsores de la norma, permite su desvinculación del lugar físico en el que se presten los servicios y da luz verde a los puestos de trabajo deslocalizados. No piensan lo mismo los sindicatos, que reprochan al Ministerio introducir estas novedades sin haber realizado una negociación previa.

El pasado mes de noviembre ya se produjeron protestas de los trabajadores de justicia en este sentido, ya que entienden que los cambios supondrán una disminución de la oferta de empleo, debido a que desde un mismo puesto se podrá trabajar para más de una oficina judicial. También reprochan a Justicia que esta ley tampoco garantiza las retribuciones que disponen en la actualidad, así como la guardia u otros complementos que desaparecen como consecuencia de la creación de los nuevos tribunales de instancia.

Por otra parte, el borrador de ponencia prevé que los nuevos órganos de instancia estén integrados por secciones de Infancia, Familia y Capacidad, de lo Mercantil, de Violencia sobre la Mujer, de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, de Enjuiciamiento Penal, de Menores, de Vigilancia Penitenciaria, de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Además, a los juzgados de lo Mercantil se les atribuirán procedimientos como los denominados de persona natural no empresario, cuyo conocimiento correspondía hasta el momento a los Juzgados de Primera Instancia.